Desde el Colegio Médico (Colmed) manifestaron su rechazo a la propuesta del Gobierno que busca obligar a establecimientos de salud y educación, a entregar información de migrantes irregulares al Estado. Se trata de una indicación que el Ejecutivo ingresó al proyecto de ley que busca perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa. 

La presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada, en conversación con Radio Universo, fue tajante en señalar: “No vamos a entregar los datos”. La representante indicó que “la ética está por sobre la ley y por lo tanto, nosotros podemos incluso objetar de conciencia. No podemos cumplir con una ley que se mete dramáticamente en principios muy importantes y muy fundantes”, dijo. 

“Si nosotros violamos el principio de secreto profesional o de confidencialidad, el daño que se produce en la comunidad es enorme, porque van a dudar si venir a atenderse con un doctor o una asistente social o una enfermera y con eso arriesgar ser expulsados de un país”, afirmó Arriagada. 

Anamaría Arriagada, presidenta del Colegio Médico. Foto: Karin Pozo/Aton Chile.

A lo anterior, agregó que “tenemos que cumplir con tratados internacionales y tenemos que cumplir con una ley muy importante que es la de Derechos y Deberes que establece con claridad las condiciones en las que uno puede revelar datos incluso a organismos públicos y ninguna de esas tiene nada que ver con el estatus migratorio de un paciente o de un usuario”. 

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el tesorero Nacional del Colmed, el doctor Carlos Becerra, aseguró que les “preocupa” el avance de esta disposición, que implicaría una “penalización de la condición migratoria irregular”. 

“Nos parece muy preocupante, porque viola el secreto profesional”, argumentó Becerra, quien añadió que esto “merma absolutamente la confianza que debe haber en una relación médico-paciente e impone un rol fiscalizador que los profesionales de salud no tenemos”. 

“Nosotros estamos contratados para otorgar prestaciones de salud a las personas. Nos confían toda su sintomatología, su historia de vida para que lleguemos al mejor diagnóstico posible y esto, obviamente, que se vería absolutamente mermado por esta amenaza de que nosotros, y el centro de salud donde las personas se atienden, los estén denunciando por haber ingresado a través de un paso no habilitado”, explicó el profesional de la salud. 

Carlos Becerra, tesorero nacional del Colegio Médico. Foto: X @colmedchile

Becerra además enfatizó que la disposición transgrede acuerdos internacionales que indican que “la salud no debería estar supeditada a ninguna consideración dado que está reconocida como un derecho humano”. 

“Creemos que es un asunto preocupante, amenazante para la relación médico-paciente y que va a redundar en que las personas lleguen a los servicios de urgencia con complicaciones graves, porque van a esperar hasta tener algo muy grave para llegar a un servicio de urgencia (…) se pierde toda política preventiva, promoción de salud, control de niños sanos, vacunaciones”, ejemplificó el dirigente. 

Las dos visiones del Ejecutivo

La controvertida indicación del Gobierno al proyecto de ley señala: “Todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud público o privado, o establecimiento de educación público o privado, estarán obligados a entregar a la autoridad administrativa migratoria y la autoridad contralora los antecedentes que éstas requieran, incluidos el domicilio, teléfono de contacto, correo electrónico y demás datos personales pertinentes, respecto de extranjeros que sean objeto de procedimientos migratorios en tramitación, de conformidad a la presente ley”. 

Consultado al respecto, el subsecretario del Interior, Máximo Pávez, dijo que el Gobierno no va a retroceder respecto a esta propuesta y recalcó que “aquí no hay una obligación de reporte de migrantes”. 

Subsecretario del Interior, Máximo Pavez. Diego Martin/Aton Chile.

En conversación con el programa Estado Nacional de TVN, la autoridad sostuvo que el único objetivo es contar con información de contacto, en caso de que se inicien procesos respecto a la situación migratoria. “Nosotros lo necesitamos, como dijo el Presidente de la República, para poder materializar procedimientos donde la gente se puede defender, donde la gente puede hacer alegaciones, saber dónde están”, remarcó.

Previamente, la ministra de Salud, May Chomalí, fue mucho más cautelosa sobre la posibilidad de entregar esa información. En conversación con Radio13c, manifestó que está observando “con bastante preocupación” la situación. “Nosotros no podemos, desde el Ministerio de Salud, informar de estos temas, porque esa es información que se está entregando en el contexto de una atención sanitaria y eso está resguardado por el Código Sanitario y por la Ley de Deberes y Derechos de los pacientes. Eso lo vamos a defender absolutamente”, aseveró.