Este lunes, las críticas a la ministra Trinidad Steinert se materializaron en el anuncio de una interpelación en contra de la titular de Seguridad. Parlamentarios y parlamentarias de distintos partidos acusan una falta de un plan de seguridad y por ello, invocaron una de las principales herramientas del Congreso para fiscalizar al Ejecutivo.

En un punto de prensa, en el que participaron representantes del Partido Socialista (PS), el Frente Amplio (FA) y el Partido de la Gente (PDG), el diputado de la Comisión de Seguridad, Raúl Leiva, señaló que el Parlamento “ha tomado debida cuenta de las problemáticas en materia de seguridad, la inexistencia de un plan efectivo tal como lo asevera la propia señora ministra y creemos que es la oportunidad -dentro de las facultades que nos franquean nuestro reglamento y la Constitución- de presentar una interpelación contra la señora ministra de Seguridad Pública”, manifestó el parlamentario.

El diputado PS afirmó que hasta el momento “no hemos conocido ningún elemento” acerca del plan de seguridad y que por lo mismo, el Gobierno debería ver esta interpelación como “una oportunidad” para transparentar dicha información.

El diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva.

Más temprano, la falta de definición de la ministra de Seguridad fue parte del debate político. Tras una fallida exposición en la Cámara de Diputados, Trinidad Steinert afirmó que no esperaba que desde el Parlamento se le exigiera un “plan estructurado”, lo que abrió cuestionamientos desde la oposición e incluso desde sectores oficialistas, respecto del nivel de preparación del Ejecutivo en una de las áreas que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast instaló como prioridad de campaña.

En medio de la polémica, la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, salió a defender la existencia del plan y acusó que se ha instalado una “desinformación” respecto del tema. Según explicó, el documento sí existe y corresponde a una actualización del plan elaborado durante la administración anterior.

“El plan existe. Antes de que el Presidente Kast fuera Gobierno también existía. Lo que nosotros hemos estado haciendo ahora es actualizarlo y lo que falta finalmente es única y exclusivamente que el decreto sea firmado por la ministra”, sostuvo la subsecretaria.

Subsecretaria Ana Victoria Quintana. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Quintana también aseguró que las declaraciones de Steinert fueron malinterpretadas y explicó que la ministra esperaba exponer el contenido mediante una presentación en Power Point ante la Cámara Baja, lo que finalmente no habría sido permitido.

“Cuando la Ministra se refería ahora, en su declaración, a que la sorprendió que le pidieron un documento, se refiere a eso, a que llevábamos el Power Point para que ella pudiera exhibirlo y, al parecer, lo que esperaban los diputados era que se les entregara un librito anillado con el plan”, planteó.

Los cuestionamientos del FA y el PC: “Está debilitada”

Las críticas desde la oposición no tardaron en profundizarse. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, cuestionó el manejo del Ejecutivo y acusó falta de conducción estatal; “Es muy preocupante que en materia de seguridad hayamos retrocedido tanto en una mirada de Estado y de un plan de acción que nos permita estar más preparados contra el crimen organizado”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que el Gobierno planteó la seguridad “como su gran elemento de batalla durante la campaña”, pero que hoy, las medidas impulsadas serían “simplemente una pirotecnia”, que no da soluciones concretas.

Martínez además emplazó directamente a la ministra, señalando que “requiere una mirada de Estado, que pueda seguir los planes de intervención que se habían hecho con acuerdo técnico y transversal”. En esa misma línea, la timonel del Frente Amplio criticó “las medidas de trincheras que ha propuesto este Gobierno”.

Constanza Martínez. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

La presión sobre Steinert también se da en medio de la espera del informe que deberá emitir la Contraloría General de la República, tras la controversia por la remoción de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña. El hecho abrió cuestionamientos sobre la conducción del Ministerio de Seguridad y generó dudas respecto de la continuidad de la secretaria de Estado dentro del gabinete.

Distintos sectores han planteado que el pronunciamiento del organismo fiscalizador podría terminar destrabando una eventual salida de la ministra, en medio de crecientes tensiones internas y críticas públicas.

En ese contexto, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, afirmó que la ministra “está debilitada” por “sus propias acciones y por el propio debate que abrió entre sus pares”.

“Tenemos expectativa que las cosas las corrijan y que hayan políticas que sean comunicadas correctamente, que sean políticas, que tengan comprensión transversal y no de área chica para sacar un punto y sacarse un debate en los medios”, sostuvo.

Lautaro Carmona. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Los cuestionamientos también vinieron de parte de exautoridades. En su participación en el panel de conversación de Radioanálisis, la exministra del Deporte del segundo mandato de Sebastián Piñera, Pauline Kantor, cuestionó las capacidades políticas de Steinert para liderar una cartera considerada estratégica.

“Yo creo que lo que pasó con el Ministerio de Seguridad es que la ministra no está liderando, a lo mejor no tenía todas las aptitudes que se requerían para un cargo tan relevante”, estimó.

A su juicio, el cargo requiere “mucha muñeca política” y experiencia, y el Gobierno debería evaluar cambios ministeriales “mucho más rápido” cuando “la cosa no está funcionando”.

De todas maneras, en el oficialismo también surgieron voces de respaldo. El diputado de la Comisión de Seguridad y militante de la UDI, Eduardo Cretton, defendió las palabras de Steinert y concentró sus críticas en la oposición.

“Yo soy de los que cree que lo que trató de decir la ministra Steinert fue que no esperaba que la izquierda en dos meses le exija a ella que cumpla con lo que ellos no hicieron en cuatro años”, argumentó el parlamentario.