La renuncia de cuatro integrantes de la Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez abrió una nueva controversia en torno al funcionamiento de la instancia creada para esclarecer vulneraciones cometidas contra niños, niñas y adolescentes bajo tutela del Estado. Los comisionados acusaron falta de condiciones mínimas para desarrollar su labor, apuntando principalmente a los recortes presupuestarios y a la reducción de equipos profesionales que sostenían el trabajo territorial y testimonial de la comisión.

La salida de los integrantes se produjo en medio de cuestionamientos hacia el Ejecutivo por modificaciones operativas que, según denunciaron, afectan directamente la capacidad de recopilar testimonios y reconstruir los hechos de violencia institucional ocurridos en centros de protección y privación de libertad.

En conversación con Semáforo, el doctor en Filosofía y académico de la Universidad de Chile, Matías Marchant, parte de los miembros que renunciaron a la comisión, explicó que ésta tenía como principal misión “recabar la voz de personas que han sufrido violencia mientras estuvieron a cargo del sistema de protección”, tanto en organismos estatales como en instituciones colaboradoras privadas.

El académico subrayó además que más del 90% de la oferta de protección en niñez está en manos de organismos privados colaboradores del Estado, lo que complejiza el levantamiento de antecedentes y el acceso a información. En ese contexto, afirmó que el trabajo de la comisión requería un despliegue técnico y humano especializado para abordar testimonios altamente sensibles y marcados por experiencias traumáticas.

Por su parte, la profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Judith Schönsteiner, defendió los avances alcanzados por la comisión antes de la crisis interna. “La comisión ha recibido 300 testimonios. Eso, en comparación internacional, es una buena cantidad”, sostuvo, enfatizando que las personas que declaraban habían vivido traumas severos durante su infancia y que muchas veces enfrentaban enormes dificultades para verbalizar esas experiencias.

Schönsteiner explicó que la recepción masiva de testimonios comenzó recién desde agosto, luego de varios meses de instalación operativa y capacitación de equipos regionales. “Había que instalar todo un sistema de trabajo, conseguir y capacitar profesionales”, indicó, añadiendo que recién en septiembre se logró cobertura nacional para recibir declaraciones en todas las regiones.

La académica insistió en que el trabajo territorial era esencial para que las víctimas conocieran la existencia de la comisión. “Publicar en Instagram o salir una vez en una radio sin una campaña sostenida en territorio es imposible”, afirmó. Según detalló, los equipos regionales debían desplegarse en Cesfam, municipios, programas de calle, centros juveniles y cárceles para informar, acompañar y generar condiciones seguras para quienes quisieran entregar su testimonio.

En esa línea, Marchant cuestionó directamente los fundamentos utilizados por el Ejecutivo para justificar los recortes de personal. “Lo primero que se cuestionó era que había muy poco testimonio y se hizo una reducción absolutamente injustificada”, sostuvo. El académico afirmó que existía una incomprensión respecto de la naturaleza del trabajo testimonial desarrollado por la comisión.

Como ejemplo, explicó que hasta febrero se habían recibido 233 testimonios, pero ello había implicado mil 313 acciones realizadas por el equipo profesional. “Cada vez que se recibe a una persona es preciso activar protocolos, hacer acompañamiento, derivaciones e incluso denuncias cuando corresponde”, detalló. A su juicio, evaluar la labor únicamente por el número bruto de testimonios desconoce el nivel de complejidad psicológica, jurídica y ética involucrada en cada caso.

Marchant también criticó una de las fórmulas planteadas durante las conversaciones con autoridades de gobierno. “Una de las propuestas del subsecretario que me pareció totalmente inaceptable era transformar el equipo de escucha testimonial en un equipo pagado por prestación”, afirmó.

El académico sostuvo que esa mirada reducía el proceso “a una oficina de reclamos”, ignorando el carácter reparatorio y especializado de la escucha a víctimas de violencia institucional en la infancia.

Schönsteiner, en tanto, advirtió que el principal problema no era el carácter ad honorem del trabajo de los comisionados, sino la desarticulación de los equipos técnicos. “La continuidad del trabajo de la comisión nunca estuvo en cuestión”, señaló, agregando que lo verdaderamente crítico era la pérdida de profesionales especializados en escucha testimonial, trabajo regional y revisión de archivos.