La Sala del Senado aprobó en general el proyecto de ley denominado “Escuelas Protegidas”, iniciativa impulsada por el Ejecutivo que busca establecer medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa. La propuesta fue respaldada por 24 votos a favor, seis en contra y 11 abstenciones, avanzando así en su segundo trámite constitucional.

Durante la discusión en Sala, la ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió el avance de la iniciativa y destacó las modificaciones incorporadas durante el trabajo en comisión. “Se fortaleció la responsabilidad de los padres en estos actos y el respetar las necesidades especiales de los alumnos. Se busca entregar más herramientas a los establecimientos, lo que se consignará en sus reglamentos internos”, señaló la secretaria de Estado.

Por su parte, el senador Gustavo Sanhueza (UDI), presidente de la Comisión de Educación, defendió que “hemos hecho un trabajo en la comisión bastante arduo, pero muy sistemático para poder efectivamente entregarle una herramienta a los establecimientos educacionales, que les permita la revisión de mochilas, el vaciado de los bolsillos de los estudiantes y poder tener también medidas que logren desincentivar los hechos de violencia que han ocurrido”.

El parlamentario agregó que “esta no es una ley que mejora la convivencia, como algunos han tratado de interpretarla. Es una parte, es una arista de un sistema que tiene que ser multidisciplinario, pero que hoy día entrega algo básico”.

“Estamos hablando de delitos como porte de arma, como porte de elementos cortopunzantes, como tráfico de drogas. Eso es lo que buscamos prevenir con la ley denominada Escuelas Protegidas”, recalcó el senador.

Senador Gustavo Sanhueza. Foto: Agencia Aton

Requerido sobre el proyecto, el alcalde de Renca, Claudio Castro, reconoció que la iniciativa responde a una problemática presente en las comunidades escolares. No obstante, también cuestionó el enfoque de las medidas propuestas.

El jefe comunal añadió que frente a episodios de alta connotación pública, “es importante tener una respuesta y una reacción que permita ofrecer tranquilidad a las familias, que permita recomponer el ánimo de esas comunidades escolares”.

A su juicio, este proyecto “no está en la línea de la prevención, está en la línea de lo simbólico, aquello que sabemos que no va a funcionar”. Castro recordó que medidas como los detectores de metales y la revisión de mochilas, “tienen amplia evidencia en el mundo, de que no tiene impacto en mejorar las situaciones de violencia dentro de las escuelas”.

El alcalde insistió en que “la solución es la prevención” y llamó al Gobierno y al Congreso a avanzar en un “gran acuerdo nacional” centrado en políticas de desarrollo de la niñez temprana y prevención de vulneraciones de derechos, estrategias sí cuentan con evidencia respecto de su efectividad.

Alcalde Claudio Castro. Diego Martin/Aton Chile

Cuestionamientos al alcance del proyecto

Consultada por nuestro medio, la directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile, Macarena Silva, advirtió que “si bien es clave tener escuelas protegidas y seguras, las medidas presentadas no cuentan con evidencia robusta nacional ni internacional de que esto contribuye a reducir la violencia”.

La académica expresó que una escuela protegida “no es una escuela que solo tiene ausencia de actos violentos”, sino un espacio donde “se fomenta un clima positivo, nutritivo y el crecimiento integral de los miembros de la comunidad”. En esa línea, enfatizó que retirar un arma desde una mochila no aborda el origen del problema y no es controlar la violencia. “El problema que vemos ahí es por qué un estudiante quiso llevar un arma a la escuela”, planteó.

Silva también cuestionó la pérdida de gratuidad en la educación superior, señalando que la medida podría terminar afectando de manera desigual a estudiantes de menores recursos. “Si un estudiante de altos ingresos comete un acto penalizado que cae dentro de esta ley, podría estudiar igualmente en la universidad, ya que no necesitaría gratuidad. Entonces, ¿a quiénes estamos sancionando?”, preguntó.

Macarena Silva. Foto: IE Uchile

Por su parte, la académica del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago y jefa de carrera de Pedagogía en Educación General Básica, Constanza Herrera, calificó la iniciativa como “insuficiente para abordar la temática de la violencia en las escuelas”.

A juicio de la especialista, la revisión de pertenencias no logra hacerse cargo de las dimensiones estructurales del fenómeno. “Suponer que un problema tan complejo que va más allá de las escuelas, puede solucionarse a partir de estas medidas limitadas resulta completamente insuficiente”, sostuvo.

Herrera argumentó que muchos establecimientos educacionales se encuentran insertos en contextos marcados por fenómenos como el narcotráfico y la exclusión social, problemáticas que “exceden por mucho la revisión de las pertenencias al ingreso de la escuela”. En ese sentido, defendió la necesidad de avanzar en acciones territoriales y sostenidas que permitan consolidar a las escuelas como espacios de cuidado colectivo y aprendizaje.

La académica también cuestionó las nuevas facultades disciplinarias para docentes contempladas en el proyecto, señalando que los profesores ya aplican constantemente medidas preventivas y correctivas, pero que muchas veces carecen de herramientas y condiciones adecuadas para enfrentar situaciones complejas de violencia.

“Una medida como esta le provee bien poco de las condiciones que requerirían los profesores para poder abordar de mejor forma las situaciones de violencia o las dificultades de convivencia en el aula”, afirmó.