Una profunda traba financiera e institucional quedó al descubierto en el último encuentro del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI). Durante la instancia, el biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, sembró la incertidumbre generalizada al admitir severas complicaciones para viabilizar el financiamiento público del megaproyecto Puerto Exterior de San Antonio. Las dudas del secretario de Estado se concentraron específicamente en las dificultades para levantar los millonarios fondos requeridos para la edificación del molo de abrigo, encendiendo las alertas de los consejeros corporativos ante lo que consideran un freno a una obra catalogada previamente por el Gobierno de José Antonio Kast como de máxima prioridad en este 2026.
La iniciativa portuaria contempla una inversión global estimada en US$4.450 millones. El diseño original de la alianza público-privada estipula que el sector privado inyectará US$2.500 millones, mientras que los US$1.950 millones restantes deben ser aportados por la estatal Empresa Portuaria de San Antonio (EPSA). Es precisamente este último tramo de desembolso fiscal el que hoy complica los balances de La Moneda, abriendo un flanco de desconfianza técnica entre los diversos gremios y especialistas que integran el CPI, quienes acusan una falta de respaldo político real para materializar las obras básicas de la infraestructura costera.
La exministra de Obras Públicas de la administración anterior y actual consejera del CPI, Jessica López, tildó la presentación del biministro De Grange como contradictoria y carente de decisión gubernamental. De acuerdo a las minutas del encuentro publicadas por Portal Portuario, López cuestionó el doble discurso de la autoridad sectorial, planteando que resulta contraproducente calificar el puerto como una obra estructuralmente crítica para el comercio exterior chileno y, al mismo tiempo, manifestar vacilaciones insalvables al momento de asegurar el compromiso de la billetera pública.
López detalló que el biministro transparentó gestiones fallidas con la banca internacional, explicando que las entidades financieras externas han mostrado una recepción fría debido al elevado costo del molo de abrigo y el largo plazo de retorno del capital. Para la exsecretaria de Estado, la exposición dejó una percepción de debilidad institucional instalada en la mesa del CPI, concluyendo que al jefe de las carteras de infraestructura le faltó la convicción necesaria para transmitir que, ante un proyecto de esta magnitud geopolítica, el aparato estatal buscará de forma agresiva los mecanismos regulatorios y presupuestarios para sacarlo adelante de manera definitiva.
Frei y Boric intervienen en bloque para exigir celeridad estratégica
El debate subió de tono político con la intervención directa de los expresidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Gabriel Boric, ambos miembros activos del Consejo de Políticas de Infraestructura. Los exmandatarios manifestaron públicamente su profunda preocupación ante una eventual postergación del terminal de San Antonio, saliendo a blindar el carácter estratégico de la megaobra frente a los diagnósticos restrictivos del Ministerio de Transportes.
Al hacer uso de la palabra, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle activó una señal de alerta geopolítica respecto al rezago estructural que enfrenta el país en el Pacífico Sur. El exjefe de Estado enfatizó que la falta de decisión fiscal está provocando que Chile pierda competitividad frente a Perú, nación vecina que ha consolidado una agresiva estrategia de modernización y expansión en su red de terminales marítimos. A su turno, el expresidente Gabriel Boric coincidió en que las palabras de De Grange sugieren que la obra no figura en las prioridades reales del oficialismo, emplazando al Gobierno a explorar de forma inmediata opciones alternativas de financiamiento a través de la banca multilateral, sugiriendo abrir mesas de negociación formales con el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Frente a la controversia desatada en la interna del CPI, el Ministerio de Transportes emitió una declaración pública para intentar contener las críticas del sector logístico. La cartera reafirmó que el Puerto Exterior de San Antonio mantiene su condición de prioridad nacional para el crecimiento económico, argumentando que su puesta en marcha, en paralelo a la ampliación del puerto de Valparaíso, constituye el mayor salto de capacidad de transferencia de carga programado por el país para responder a los flujos futuros de las industrias minera, forestal, agropecuaria y de graneles. Por su parte, los directivos de la Empresa Portuaria de San Antonio (EPSA) optaron por mantener estricta reserva y declinaron emitir comentarios sobre el estado de sus líneas de financiamiento.
