El Ministerio del Interior materializó un nuevo hito dentro de su agenda de control fronterizo. El Gobierno reportó la salida de un avión comercial fletado íntegramente para ejecutar la expulsión de 80 ciudadanos extranjeros de nacionalidades boliviana y colombiana, quienes abandonaron el territorio nacional bajo la custodia de escoltas de la Policía de Investigaciones (PDI). El operativo sectorial representa una modificación en la estrategia logística de la cartera para acelerar los procedimientos de deportación en este 2026.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, lideró la vocería gubernamental desde el terminal aéreo, enfatizando que por primera vez se recurre al uso de una plaza comercial completa con fines de extranjería, lo que permite superar el volumen de traslado que habitualmente ofrecen las aeronaves de la Fuerza Aérea de Chile (FACh). La autoridad política detalló de forma enérgica el sentido de la medida, manifestando de manera tajante que “a nuestro país no se viene a delinquir ni a cometer delitos”.
Con este despegue, el Ejecutivo contabiliza tres vuelos ordenados en un bloque de 40 días de gestión, un indicador que la administración calificó como inédito en comparación con los registros de administraciones previas. En ese sentido, Pavez utilizó la plataforma oficial para marcar contrastes políticos, asegurando que el diseño del Presidente José Antonio Kast muestra números robustos frente a igual periodo del gobierno del exPresidente Gabriel Boric, señalando que a fines de mayo de ese ciclo no se había ejecutado ningún vuelo de esta naturaleza.
Perfiles judiciales y el balance estadístico de la frontera
La subsecretaría del Interior transparentó que el contingente expulsado incluye a personas con sentencias penales ejecutoriadas en los tribunales chilenos. Entre los casos emblemáticos visados para la salida obligatoria se consignó el de Kevin Ospina Ramírez, condenado por el delito de extorsión, y el de Michael González Hoyos, ciudadano extranjero que en el año 2015 perpetró el homicidio de un joven en el país a solo dos semanas de haber ingresado de forma irregular a la plaza nacional.
Para respaldar el impacto de la política fronteriza, el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Frank Sauerbaum, entregó el balance consolidado de los primeros meses del año en curso, detallando que en total se registran 2.446 salidas voluntarias del territorio chileno, lo que representa un incremento sustancial en comparación con las 1.442 anotadas en la misma fecha del año pasado.
Asimismo, la autoridad migratoria desglosó el comportamiento de los flujos de salida indicando que los registros oficiales de control fronterizo suman 780 personas expulsadas en lo que va de 2026, donde el universo de deportaciones definitivas se compone de 683 expulsiones administrativas decretadas por la autoridad civil y 97 expulsiones judiciales dictaminadas por los tribunales de justicia. El director del organismo técnico concluyó reafirmando que las capacidades fiscales e institucionales continuarán orientadas a potenciar las reconducciones inmediatas en las zonas limítrofes y la fiscalización de los ingresos ilegales, consolidando el plan de reordenamiento migratorio en las principales capitales regionales.
