La Corte de Apelaciones de San Miguel cerró definitivamente la causa por la muerte de Aníbal Villarroel y las lesiones de Bastián Salamanca tras aplicar de forma retroactiva la Ley Naín-Retamal. La resolución benefició al teniente Joaquín Ignacio Muñoz Vásquez —identificado por un peritaje balístico de la PDI como autor del disparo que mató a Villarroel—, además del exgeneral director de Carabineros Mario Rozas, el exministro del Interior Víctor Pérez y el exintendente Luis Felipe Guevara.
Para Carmen Rojas, madre de Aníbal, la noticia cayó como otro golpe después de casi seis años de búsqueda de justicia.
“Fue como un balde de agua fría para nosotros”, dijo a Radio y Diario Universidad de Chile.
La resolución de la Quinta Sala Extraordinaria revocó el fallo del Décimo Juzgado de Garantía de Santiago, que en diciembre de 2025 había rechazado el sobreseimiento.
Aníbal Villarroel tenía 26 años cuando murió el 18 de octubre de 2020 en la población La Victoria. Trabajaba en una corredora de seguros, era padre de una niña y participaba activamente en organizaciones sociales y culturales del sector. Esa noche observaba las manifestaciones por el primer aniversario del estallido social junto a su amigo Bastián Salamanca cuando recibió un disparo en el tórax efectuado por el entonces teniente Joaquín Muñoz Vásquez. Salamanca terminó herido en un pie.
La investigación de la PDI concluyó que ninguno de los dos portaba armas esa noche.
Para Carmen Rojas, el fallo representa una señal devastadora para las víctimas de violencia policial. “En todos los juicios anteriores dijeron que no estaban los antecedentes para aplicar la legítima defensa. Y ahora, de un momento a otro, cerraron todo”, relató.
La madre de Aníbal insiste en que nunca existió evidencia que respaldara la versión policial: “Está la bala, están los informes, están las pruebas. Aníbal jamás atacó a Carabineros. Validaron un argumento solamente porque venía de un carabinero”.
También recordó que el joven recibió el disparo mientras intentaba escapar del lugar. “La bala le llegó cuando iba arrancando para resguardarse. Ni siquiera ellos lo auxiliaron. Fueron vecinos quienes lo llevaron al hospital”, contó.
Rojas aseguró que el proceso judicial estuvo marcado desde el inicio por obstáculos y desconfianza. “El fiscal nunca quiso avanzar. Siempre sentimos que nos estaban cerrando las puertas”, planteó.
La familia ya presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema y evalúa acudir a instancias internacionales. “Vamos a llegar hasta donde se pueda. Lo único que queremos es justicia para Aníbal”, enfatizó.
La advertencia de los especialistas
El abogado Mauricio Daza cuestionó duramente la aplicación retroactiva de la Ley Naín-Retamal y apuntó a la responsabilidad política detrás de la modificación legal.
“Durante la discusión de esta ley se advirtió exactamente lo que podía pasar. Hoy estamos viendo las consecuencias”, señaló.
Daza explicó que la incorporación de la retroactividad no estaba contemplada en el proyecto original y que fue agregada durante la tramitación en el Senado.
“El riesgo de impunidad era evidente. Hoy ya se concretó en este caso y también en otras causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos”, agregó.
Daza también cuestionó el estándar que deja instalada la ley para el uso de la fuerza policial durante manifestaciones: “Se está consolidando una legítima defensa privilegiada para funcionarios policiales. Eso puede abrir espacio a numerosos abusos”.
Desde Amnistía Internacional Chile, su director ejecutivo Rodrigo Bustos explicó que la organización ya está documentando los casos donde la Ley Naín-Retamal fue aplicada retroactivamente.
“Lo dijimos hace más de tres años: esta ley no solo protegía a Carabineros, también podía transformarse en un mecanismo de impunidad”, comentó.
Bustos recordó que menos del 2% de las investigaciones por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social terminaron con condenas.
“La aprobación de esta norma se convirtió en un obstáculo más para alcanzar verdad y justicia”, planteó.
El representante de Amnistía también apuntó a las obligaciones internacionales del Estado chileno en esta materia: “El Estado tiene el deber de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos. Este tipo de decisiones van en sentido contrario”.
En la casa de Aníbal Villarroel el cansancio ya se siente hace tiempo. Mientras esperan lo que ocurra en la Corte Suprema, la familia sigue intentando entender cómo una causa que avanzaba hacia juicio oral terminó cerrándose en cuestión de días.
“Lo más doloroso es sentir que para la gente trabajadora la justicia simplemente no existe”, cerró Carmen Rojas.
