El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) salió al paso de las duras críticas emanadas desde el movimiento Arquitectos por un Chile Digno y de los pobladores afectados por la paralización de las obras en la población El Olivar. A través de una contundente declaración pública, la cartera defendió la decisión de demoler las viviendas en construcción destinadas a las familias damnificadas por el megaincendio de 2024 en Viña del Mar, asegurando que la medida está lejos de responder a criterios políticos o comunicacionales, sino que se fundamenta en un estricto rigor técnico y normativo para salvaguardar la vida de las personas en este 2026.
La subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Natalia Aguilar, fue la encargada de desglosar los antecedentes acumulados tras un exhaustivo proceso de revisión liderado por la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (DITEC), el IDIEM de la Universidad de Chile y el Serviu Valparaíso. La autoridad fue enfática en señalar que el Estado tiene una obligación legal y ética indelegable: garantizar que las viviendas financiadas con recursos públicos cumplan con condiciones efectivas de seguridad estructural, resistencia al fuego y habitabilidad.
Fallas críticas y el mito de la “reparación superficial”
El documento del Ejecutivo desmitificó la premisa de que las fallas detectadas eran fácilmente subsanables. Según detalló Natalia Aguilar, los informes técnicos identificaron irregularidades graves asociadas al uso del sistema constructivo Fastwork, detectando errores estructurales que generan deformaciones excesivas y modificaciones insuficientemente respaldadas. A esto se suma la utilización de productos sin certificación vigente y serios incumplimientos en la resistencia al fuego, detectando problemas relevantes en muros medianeros, vigas, losas y techumbres.
La autoridad profundizó en la gravedad de los hallazgos al revelar una preocupante ausencia de trazabilidad y control de calidad en las faenas. El Serviu Valparaíso informó formalmente que fue imposible acceder a certificados de ensayos de resistencia de hormigones o a los antecedentes completos de las soldaduras ejecutadas en terreno. Tampoco se pudo verificar objetivamente la aplicación de pinturas intumescentes contra incendios ni acreditar el nivel de competencia de los soldadores, elementos que el ministerio considera críticos para avalar la seguridad del proyecto.
Frente al argumento esgrimido por arquitectos independientes respecto a que el IDIEM no ordenó expresamente la demolición, la subsecretaria aclaró que el rol de dicho organismo es netamente evaluativo, pero que es el ministerio quien debe integrar esos hallazgos con las variables de seguridad. Aguilar subrayó que una solución teórica de reforzamiento no reemplaza la obligación de garantizar un cumplimiento normativo integral desde el origen de la obra, precisando que la intervención requerida no era una reparación menor, sino una acción estructural mayor sobre faenas ya ejecutadas de manera deficiente.
El fantasma de San Antonio y el mandato legal del Estado
En el plano jurídico, la decisión del ministerio se ampara en las facultades establecidas por la Ley N° 16.391 y en la cláusula decimoséptima de los contratos suscritos bajo el D.S. N°49, normativas que obligan al Estado a asegurar estándares de calidad constructiva y que facultan expresamente al Serviu para exigir la demolición de obras defectuosas. La subsecretaria aseguró que cada instrucción entregada en El Olivar se encuentra respaldada por inspecciones en terreno y antecedentes formalmente documentados, descartando cualquier tipo de improvisación.
Para fundamentar la drástica decisión, el Ejecutivo recordó las dolorosas consecuencias de normalizar soluciones habitacionales defectuosas en el pasado. Natalia Aguilar evocó el caso de los proyectos Mirador I y II en San Antonio, donde las viviendas sociales presentaron graves fallas que obligaron a millonarias y traumáticas intervenciones posteriores. El objetivo del Gobierno, recalcó, es no repetir esos errores históricos a costa de las familias más vulnerables del país.
“La reconstrucción no puede transformarse en una excusa para bajar estándares, improvisar soluciones ni validar obras cuya seguridad no pueda acreditarse plenamente. La vivienda social no admite dobles estándares”, sentenció la subsecretaria en su declaración.
Finalmente, Aguilar envió un mensaje directo a las familias afectadas, asegurando que el deber del Estado no es administrar resignación ni conformarse con soluciones deficientes frente a la urgencia, sino garantizar la entrega de viviendas nuevas, seguras y técnicamente confiables para el futuro de la vivienda social en Chile.
