El Gobierno ingresó suma urgencia a tres proyectos de ley orientados a frenar la migración irregular, todos ellos en tramitación en la Comisión de Gobierno del Senado. La medida, adoptada en una misma sesión, busca que las iniciativas queden próximamente en condiciones de ser debatidas en la sala del hemiciclo, donde se anticipa un intenso debate legislativo.
Las tres iniciativas priorizadas por La Moneda apuntan a tipificar como delito el ingreso clandestino al país, agilizar las expulsiones administrativas y establecer límites a los beneficios fiscales para extranjeros indocumentados. La arremetida del Ejecutivo se da en un momento particular: a días de la Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast, lo que anticipa que el mandatario podría integrar avances en materia migratoria en su mensaje a la nación.
El director de Migraciones, Frank Sauerbaum, explicó que el proyecto que declara ilegal el ingreso clandestino permitirá retener a las personas que intenten ingresar al país por pasos no habilitados, realizar análisis biométricos e identificar a quienes buscan cruzar la frontera de manera irregular. “Hoy día, simplemente es una falta”, señaló Sauerbaum, precisando que las indicaciones que presentará el Gobierno apuntan a la “expulsión inmediata” y a reducir los tiempos administrativos y judiciales. Respecto al proyecto sobre expulsiones, indicó que busca destrabar problemas administrativos del proceso, facilitando las notificaciones y la aprehensión de personas sujetas a órdenes de expulsión, a solicitud de las propias policías.
En paralelo a los movimientos legislativos, el Gobierno también informó avances en la ejecución de expulsiones. Desde el 11 de marzo de 2026, las expulsiones materializadas ascienden a 487 casos, de los cuales 424 corresponden a expulsiones administrativas y 63 a expulsiones judiciales. Al incorporar el vuelo chárter operado el pasado 24 de mayo, el total de salidas del país durante el año alcanza las 3.229 personas, cifra que incluye 2.446 salidas voluntarias efectivas, 686 expulsiones administrativas y 97 expulsiones judiciales.
El vuelo chárter del 24 de mayo consideró 80 personas expulsadas con destino a Bolivia y Colombia, en una operación que totalizó 166 pasajeros, incluyendo 86 escoltas, a bordo de un Airbus A320 operado por SKY Airlines. Desde el Gobierno lo enmarcaron en una política orientada a “fortalecer la migración regular, ordenada y segura”.
No obstante, uno de los pendientes más difíciles de resolver sigue siendo la salida de venezolanos con orden de expulsión, dado que Chile no mantiene relaciones diplomáticas activas con Caracas, lo que dificulta la ejecución de esos procedimientos.
