El exministro de Justicia, Jaime Gajardo, cuestionó la salida de tres presos condenados por delitos comunes desde el ex Penal Punta Peuco, recinto que a finales del gobierno del presidente Gabriel Boric dejó de recibir exclusivamente a exmilitares encarcelados por violaciones a los derechos humanos en dictadura, para convertirse en un centro penitenciario común.

Lo anterior, luego de una seguidilla de declaraciones del Presidente José Antonio Kast y varios de sus ministros, en las que respaldaron que el actual Centro Penitenciario Til Til, vuelva a ser una cárcel especial.

Desde el Gobierno, tanto el subsecretario de Justicia, Luis Silva, como el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, recalcaron que los traslados de los reclusos a otros penales fue una decisión de Gendarmería basada en criterios técnicos, y no una determinación del Ejecutivo. “No hay una decisión del Gobierno de trasladar a las personas porque eso es competencia de la autoridad carcelaria”, señaló Pavez.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el exministro de Justicia y académico de la Universidad Diego Portales (UDP), Jaime Gajardo, puso en duda la versión de las actuales autoridades. A su juicio, el Presidente Kast sí está retrocediendo en lo que se hizo en la administración anterior.

Penal Punta Peuco. Foto: Aton.

“Esta es una decisión que, en la práctica, revierte el hecho de que existan penales comunes a lo largo del país para todas las personas que han cometido delitos y que no existan privilegios para ciertos criminales que, además, han cometido los delitos más graves que establece la legislación nacional e internacional”, indicó Gajardo.

“Eso parece que muchas veces se olvida. Los criminales que están en el Centro Penitenciario Tiltil, ex Punta Peuco, son personas que cometieron delitos aberrantes, horrorosos, aquellos que la legislación internacional ha denominado como delitos de lesa humanidad y aquellos delitos que no queremos que bajo ninguna circunstancia ocurran en nuestro país de nuevo”, agregó.

Asimismo, Gajardo expuso que no solo se está yendo en una dirección contraria a la administración del presidente Gabriel Boric, sino que también a la de Sebastián Piñera, que en 2013 cerró el Penal Cordillera.

“Lo que es desconcertante y preocupante es qué otros privilegios quieren restablecer para los criminales de Punta Peuco. De qué otros privilegios nos vamos a enterar en el transcurso de los próximos días, de las próximas semanas. Qué otros tratos especiales quieren volver a tener con los criminales de lesa humanidad de la dictadura militar. Ojalá que en el discurso presidencial del primero de junio no nos enteremos de más”, expresó.

Los argumentos del Gobierno

El exministro de Justicia respondió a los argumentos de su sucesor, Fernando Rabat, quien aseguró que el presidente Boric actuó de manera “ideológica” respecto a Punta Peuco.

Gajardo afirmó que el hecho de que “existan penales comunes, bajo ninguna circunstancia puede ser visto como una decisión ideológica, sino que todo lo contrario, lo que se hace al señalar que no pueden existir penales especiales, es honrar y además fortalecer nuestro estado de derecho”.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat. Foto: Aton.

El abogado argumentó que: “La Constitución es clara, en Chile no pueden existir grupos ni personas privilegiadas. El trato tiene que ser igualitario y el hecho de que existan cárceles especiales rompe de manera clara, categórica, con el principio de igualdad”.

De igual manera, Gajardo cuestionó la idea de que se deba segregar a la población penal entre exuniformados y personas que no estuvieron en las Fuerzas Armadas o Carabineros.

“Lo que no resiste ningún análisis es que se hagan segregaciones en razón de cierto tipo de delitos, bajo ciertas circunstancias históricas y, además, para exuniformados. No es cierto que ahí estén todos los exuniformados que hay en nuestro sistema penitenciario, eso no es correcto, no es efectivo en la práctica. Ahí están los exuniformados que cometieron delitos durante la dictadura militar y en ese sentido es un privilegio”, insistió.

El académico estimó que el Gobierno no está sincerando sus verdaderas razones para que Punta Peuco regrese a su estado anterior. “Las razones que tienen son claras. Ellos consideran que los criminales de lesa humanidad, los que violaron los derechos humanos, tienen que tener un trato privilegiado”, sostuvo.

Indultar “es una señal de franco retroceso”

Jaime Gajardo también abordó el debate respecto a indultar a condenados por violaciones a los derechos humanos en dictadura. Bajo su perspectiva, avanzar en los indultos sería un error, teniendo en cuenta que los exuniformados de avanzada edad o con enfermedades ya pueden recurrir a la justicia para solicitar cumplir su pena fuera de la cárcel.

El abogado explicó que “el indulto es otra cosa, el indulto es perdonar la pena y por eso nosotros decimos que indultar es una muy mala señal”.

El exministro incluso propuso realizar un cambio en la Constitución, como el que se hizo en 1991, cuando se excluyó al terrorismo de los posibles delitos que se pueden indultar. Para Gajardo, los delitos de lesa humanidad también deberían quedar fuera.

El exministro Gajardo junto a la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Gaby Rivera. Foto: Aton.

“Si ya nos pusimos de acuerdo en que el terrorismo es un límite sustantivo para utilizar la facultad del indulto, debiéramos hacer lo mismo con los crímenes de lesa humanidad. Perdonar el delito de lesa humanidad, por parte del jefe de Estado, es una señal de franco retroceso para la protección de los derechos humanos”, recalcó.

Requerido sobre el futuro de la defensa de los derechos humanos en nuestro país, Gajardo recordó la reunión que hace un par de días sostuvo con el ministro Fernando Rabat y otros titulares de Justicia de administraciones anteriores. Allí, le señaló al actual secretario de Estado “que lo que se estaba haciendo en materia de derechos humanos iba en la línea opuesta de lo que se venía haciendo los últimos 40 años” y que se estaban quebrando las confianzas con los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos.

“Yo le dije al ministro Rabat que este Gobierno tenía una oportunidad de demostrar que el compromiso del Estado de Chile con los derechos humanos es un compromiso profundo y es independiente de quién esté en el gobierno”, declaró. Así, comentó que “lamentablemente, por las distintas acciones que se han tomado, creo que no va a ser posible de realizar”.