La salida de la máxima autoridad de una de las nuevas reparticiones clave del área judicial abrió un flanco de críticas legislativas contra la administración del Presidente José Antonio Kast. La bancada de diputados y diputadas del Partido Socialista (PS) ingresó un oficio fiscalizador dirigido formalmente al ministro de Justicia, Fernando Rabat, con el objetivo de exigir explicaciones detalladas y fundadas respecto a la remoción de Macarena Cortés del cargo de directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. La desvinculación se materializó a menos de seis meses de que la profesional asumiera la conducción del organismo técnico.
La diputada socialista Carolina Cucumides lideró la ofensiva parlamentaria en este 2026, advirtiendo que la desvinculación de la jefatura civil se produce en un escenario complejo para las familias chilenas.
La legisladora argumentó que la seguridad pública representa actualmente la principal urgencia ciudadana, razón por la cual calificó como un error estratégico introducir factores de incertidumbre operativa justo en el periodo en que se implementa una institucionalidad sensible orientada a brindar asistencia legal y psicológica a los afectados por la delincuencia.
Una salida en plena etapa de consolidación institucional
Los reparos de la oposición apuntan de forma directa al momento en que el Ejecutivo visó la salida de Cortés. En el documento despachado a la cartera de Justicia, los parlamentarios advirtieron que la remoción ocurre en plena fase de instalación del servicio, un proceso de transición estructural de alta complejidad técnica que se extiende por hasta 48 meses desde la publicación de la ley respectiva.
Asimismo, Cucumides cuestionó con dureza la ausencia de directrices claras por parte del ministerio respecto a los mecanismos de subrogación legal que regirán mientras la plaza permanezca vacante.
Para transparentar los criterios detrás de la determinación gubernamental, la bancada del PS planteó un cuestionario explícito al secretario de Estado. En la misiva, se exige que el ministerio detalle las razones específicas y los antecedentes técnicos que fundamentaron la remoción de la directora, además de aclarar si se evaluaron previamente los efectos institucionales y los impactos operativos que esta vacancia provocará en el despliegue del servicio.
De igual manera, el titular de Justicia deberá informar el mecanismo y el cronograma definitivo para iniciar la selección de la nueva autoridad mediante los concursos de la Alta Dirección Pública (ADP), junto con especificar las medidas de contingencia adoptadas por el Gobierno para garantizar la continuidad ininterrumpida de las prestaciones durante este periodo de transición.
La diputada Cucumides emplazó al ministerio a actuar con máxima responsabilidad y celeridad institucional. Asimismo, enfatizó que el país no puede permitirse retrocesos en el fortalecimiento del acceso a la justicia para los sectores más vulnerables de la población, recalcando que la eficiencia del sistema requiere necesariamente otorgar certezas técnicas a los usuarios y asegurar condiciones de trabajo decente a las dotaciones de funcionarios que operan los tribunales y oficinas de asistencia en todo el territorio nacional.
