Este 1 de junio el presidente José Antonio Kast tendrá la oportunidad de entregar una señal clara respecto del compromiso de su gobierno con las mujeres trabajadoras. La discusión sobre Sala Cuna Universal y las políticas de cuidados no puede seguir esperando mientras el desempleo femenino continúa creciendo y miles de mujeres enfrentan obstáculos para acceder y mantenerse en el mundo laboral.
Para muchas trabajadoras, especially quienes son jefas de hogar, el problema no es solamente encontrar empleo. El problema es poder conservarlo cuando el cuidado de hijos e hijas sigue recayendo casi exclusivamente sobre ellas. La falta de redes de apoyo y de políticas públicas adecuadas continúa siendo una de las principales barreras para la autonomía económica de las mujeres y una de las causas que profundizan las brechas laborales existentes.
Las cifras muestran la magnitud del problema. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas reflejan que el desempleo nacional volvió a subir hasta el 9,1%, alcanzando su nivel más alto en casi cinco años. Pero esta reality golpea con más fuerza a las mujeres: la desocupación femenina llegó al 10,5%, confirmando que son ellas quienes siguen soportando con mayor intensidad los efectos de la desaceleración económica y las dificultades de acceso al trabajo. Detrás de estas cifras existen miles de mujeres que buscan empleo, que intentan mantenerse en él o que se ven obligadas a abandonar sus proyectos laborales porque no cuentan con alternativas para el cuidado de sus hijos e hijas.
Por eso, la Sala Cuna Universal no puede entenderse como un beneficio accesorio ni como una simple discusión administrativa. Estamos hablando de una herramienta concreta para avanzar en igualdad de oportunidades, aumentar la participación laboral femenina y responder a una de las principales urgencias sociales que enfrenta hoy el país.
Sin embargo, la urgencia de las mujeres trabajadoras no admite letra chica. Una verdadera Sala Cuna Universal debe eliminar definitivamente el artículo 203 del Código del Trabajo, que durante décadas ha operado como un factor de discriminación en la contratación de mujeres. También debe resguardar estándares de calidad en la educación inicial, mantener el principio de corresponsabilidad y asegurar un financiamiento que garantice cobertura efectiva para las familias trabajadoras.
Sabemos que existen diferencias respecto de los mecanismos de financiamiento. Pero el debate no puede centrarse únicamente en los costos para las empresas, ignorando el enorme costo económico y social que hoy asumen miles de mujeres que ven limitadas sus posibilidades de trabajar por la falta de alternativas de cuidado. La solución debe construirse sobre la base de la corresponsabilidad y del compromiso de todos los actores involucrados.
Al mismo tiempo, no podemos perder de vista que esta discusión forma parte de un desafío mucho mayor: la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados robusto y con enfoque de derechos. Los cuidados sostienen la vida y también sostienen la economía. Sin embargo, continúan siendo una responsabilidad asumida mayoritariamente por las mujeres, muchas veces de manera invisible y no remunerada.
La experiencia internacional demuestra que invertir en cuidados mejora la calidad de vida de las familias, aumenta la participación laboral femenina y contribuye al desarrollo económico. Por eso, avanzar en esta materia no es un gasto, sino una inversión en igualdad y crecimiento.
La Cuenta Pública representa una oportunidad para pasar de los diagnósticos a las decisiones. El Presidente tiene la posibilidad de demostrar si está dispuesto a ponerse del lado de las mujeres trabajadoras y avanzar en soluciones concretas que permitan compatibilizar trabajo y cuidados.
La Sala Cuna Universal y el fortalecimiento de las políticas de cuidados son una prueba concreta de esa voluntad. Por eso hemos insistido en que este proyecto debe avanzar sin retrocesos, sin discriminaciones y sin letra chica. Las mujeres trabajadoras no pueden seguir esperando mientras se prolongan debates que impactan directamente en sus posibilidades de acceder y mantenerse en un empleo. Las mujeres trabajadoras no necesitan más promesas. Necesitan políticas públicas que reconozcan el valor social del cuidado y que les permitan ejercer plenamente su derecho al trabajo y a la autonomía económica. Necesitan un Estado que comprenda que cuidar también es trabajar y que garantizar el derecho al cuidado es una condición indispensable para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.
La urgencia es ahora. Y la respuesta no admite letra chica.
