El proyecto del Gobierno para crear el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades merece una revisión con cautela, según advirtió el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri (UDI), en conversación con Radio Duna.
El parlamentario sostuvo que la propuesta debe establecer diferencias claras entre las conductas sancionadas para evitar consecuencias desproporcionadas. “Hay que verlo con mucho cuidado para que no sea el remedio peor que la enfermedad”, afirmó.
Alessandri planteó que el proyecto debe contemplar una graduación de las conductas que podrían derivar en la inscripción de una persona en el registro. “No es lo mismo rayar tu colegio que rociar con bencina al director y prenderle fuego. Entonces, cada una de esas incivilidades va a tener que tener una graduación”, sostuvo.
El líder de la Cámara Baja indicó que estar incorporado en el listado sería solo una parte de la sanción, por lo que el debate debe centrarse también en qué consecuencias concretas tendrá para quienes aparezcan en él. “Después, ¿de qué cosa se va a privar el hecho de ser parte del listado? Eso hay que verlo muy detalladamente”, señaló.
“Un loop de violencia”
El presidente de la Cámara advirtió que una regulación mal diseñada podría generar efectos negativos, especialmente si impide a jóvenes acceder a beneficios educacionales.
Para Alessandri, se debe evitar que un joven inscrito en el registro quede atrapado en “un loop de violencia” por no poder acceder a oportunidades de reinserción. También planteó reparos respecto de la eventual afectación de derechos sociales en el largo plazo. “No vaya a ser inconstitucional que tú tengas ciertos derechos sociales que son para todas las personas de 65 años, como la PGU, y tú vayas a privar a una persona de ese derecho porque en su juventud cometió una, dos, tres incivilidades”, afirmó.
De todos modos, Alessandri defendió que hechos graves puedan tener consecuencias en el acceso a beneficios financiados por el Estado. “A mí me parece de toda sensatez que si un alumno ha hecho algo grave en su establecimiento, como lanzado una bomba Molotov o ha rociado con bencina a un director, que esa persona no reciba el beneficio de que todos los chilenos le paguemos la educación superior”, señaló.
No obstante, agregó que deberían existir mecanismos para recuperar eventualmente esos beneficios, por ejemplo, tras años de buena conducta o el cumplimiento de sanciones.
El parlamentario recordó que actualmente existen otros registros que generan restricciones para determinadas personas, como el de deudores de pensiones de alimentos o el de delitos sexuales. Según Alessandri, esos mecanismos pueden impedir trámites o actividades específicas, como obtener pasaporte, renovar la licencia de conducir o trabajar en transporte escolar.
