La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados debatió el proyecto de Ley de Escuelas Protegidas, para revisar las modificaciones realizadas en el Senado en su segundo trámite. La iniciativa fue aprobada por 105 votos a favor y 46 en contra. 

La disposición establece medidas de seguridad, orden y respeto en las comunidades educativas, según indica su texto. Permite, por ejemplo, la revisión de mochilas, la prohibición del uso de capuchas y sanciones para estudiantes que participen en tomas de liceos o hechos de violencia. 

La ley cuenta con seis artículos, siendo uno de los más polémicos el que incorpora un nuevo requisito para acceder a la gratuidad y añade como condición el “no haber sido condenado por sentencia firme y ejecutoriada por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas, contra la propiedad o la infraestructura pública”.

Punto de prensa de la ministra de Educación, María Paz Arzola. Sebastian Cisternas/Aton Chile.

Los diputados Juan Santana (PS), Héctor Ulloa (IND-PPD) y Emilia Schneider (FA) realizaron reserva de constitucionalidad de varios artículos. Santana hizo esta advertencia porque “el (artículo) número uno, el nuevo inciso sexto del artículo 16-J propuesto” vulnera garantías constitucionales de los estudiantes, “en particular, la referida al respeto y protección de la vía privada y la honra de las personas y sus familias, en tanto, es desproporcionada”.

“También del artículo número 6, ya que el establecimiento de una doble sanción, es decir, la pena, la pérdida de gratuidad y que la regulación se derive a reglamento, contraviene la garantía del debido proceso y desproporcionalmente el derecho a la educación, contraviniendo lo dispuesto en los numerales tres, 10 y 26 de dicho artículo”, agregó el parlamentario. 

Asimismo, realizó reserva de constitucionalidad sobre el artículo 6 el diputado Ulloa, quien indicó: “El problema es que el estudiante que paga su carrera con recursos propios pueda seguir estudiando ante la misma condena, no pierde nada. Mismo delito, distintas consecuencias según el bolsillo. Esto infringe constitucionalmente el artículo 19, número dos, que establece la prohibición de distinciones arbitrarias. Y el artículo 19, número tres de la Constitución también, el principio no vis in idem, porque agrega una segunda sanción que el sistema penal no contempló y que recae exclusivamente sobre los más vulnerables”. 

Cámara de Diputadas y Diputados. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile.

Por su parte, la diputada Schneider hizo reserva de constitucionalidad de cuatro artículos e indicó que “las disposiciones señaladas vulneran, según correspondan, las garantías de igualdad para la ley, debido proceso, vida privada, libertad de conciencia, libertad de expresión, derecho a la educación, libertad de asociación, reserva legal y protección del contenido esencial de los derechos fundamentales”.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, agradeció al Congreso por la tramitación del proyecto y reconoció que “en el Senado se le hicieron algunos cambios que lo que buscaron fue atender algunas aprensiones muy legítimas que había”.

“Pero en definitiva, la esencia de esta iniciativa no ha cambiado, sigue cumpliendo su propósito. Por lo tanto, estamos conformes de poder sacar adelante este proyecto y poner a disposición de los colegios y de los educadores, los profesores, asistentes de la educación, nuevas herramientas para enfrentar este problema que es la violencia”, destacó.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, junto al ministro de la Segpres, José García Ruminot, en la sesión de la Cámara de Diputados. Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile.

Frente a las críticas al artículo respecto a la gratuidad, la secretaria de Estado sostuvo que: “Hay que cambiar el foco y que los beneficios se puedan repensar para aquellos que cometen delitos o incivilidades, y esta ley es un primer paso para avanzar hacia allá. La idea es que quienes cometen delitos en el contexto educativo, ya sea contra la vida o contra la propiedad, queden inhabilitados de poder acceder al beneficio de la gratuidad”.

“Eso no implica que no van a poder ingresar a la educación superior, lo único que implica es que no van a poder hacerlo en virtud de este beneficio por un plazo de cinco años. También, quienes cometan delitos posteriores a haber adquirido el beneficio quedan sujetos a la misma inhabilidad”, explicó. 

Acerca de las reservas de constitucionalidad, manifestó que “los parlamentarios están en su legítimo derecho de poder recurrir a este tipo de instancias”. No obstante, afirmó que el Ejecutivo está tranquilo, porque han estudiado a fondo las disposiciones de la ley y solo esperan “poner a disposición de los colegios estas herramientas necesarias”.