A propósito de la denominada “Operación Tokio”, a través de la cual se desbarató una gran red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua, la discusión sobre el levantamiento del secreto bancario volvió al debate público. A juicio de la socióloga y académica de la Universidad de Santiago, Lucía Dammert, se trata de una herramienta de trabajo importante para la investigación criminal y por ende, debería ser considerada en el marco de la agenda de seguridad del Gobierno.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la experta en temas de seguridad adhirió a la postura del fiscal nacional, Ángel Valencia, quien este miércoles, consultado por el operativo, señaló que el levantar el secreto facilitaría la persecusión del crimen organizado.
A juicio de Dammert, “si la Fiscalía reconoce que la apertura del secreto bancario sería una herramienta de investigación que los ayudaría, deberíamos darle toda la importancia a ese requerimiento”.
“Deberíamos reconocer que Chile tal vez no es el país el primer país productor de droga, tal vez no tiene el tamaño para consolidarse como un mercado para la trata de personas, pero sin duda pareciera ser un lugar donde podría haber mecanismos de lavado de dinero. Se torna, entonces, una prioridad la lucha contra los mercados ilegales”, observó.
El director de la PDI, Eduardo Cerna y el fiscal nacional, Ángel Valencia, en un punto de prensa sobre la “Operación Tokio”. Foto: Aton.
La socióloga explicó que lo conveniente de levantar el secreto es que permite a fiscales y policías “ver movimientos extraños de ciertas cuentas, les permite, vía la persecución penal inteligente, identificar redes criminales, buscar vínculos entre diversos procesos de traslado de dinero, y también, permite ver si hay depósitos extraños de dinero en en determinados momentos”.
“Eso, luego se concatena con situaciones mucho más complejas, como por ejemplo, gente que abre y cierra empresas para temas específicos, como exportación de pertrechos para sacar cobre robado u otro tipo de industrias. En definitiva, lo que permite el abrir el secreto bancario es agilizar estas investigaciones y no esperar que hayan salido millones de dólares para tener una identificación, sino tener una cosa mucho más rápida y probablemente, perseguir el flujo del dinero”, agregó.
La académica además recalcó que el levantar el secreto bancario “no es una discusión de izquierda o de derecha” y que si se toman los resguardos necesarios para que “la información de las personas no termine en el dominio público o filtrado, permitiría tener una respuesta mucho más sólida a un problema que todo indica, es un problema importante en el país”.
Dammert afirmó que en el sector político que apoya al Gobierno “ha habido una resistencia a la propuesta de la apertura del secreto bancario”. “Creo que también había muchas críticas a la sensación de que esto dejaba un poco indefenso frente a las filtraciones, frente al uso más bien malicioso de la información, pero en una agenda donde la seguridad es la prioridad, cuando es claro que se están moviendo una cantidad importante de dineros, incluso utilizando el sistema financiero formal, (…) tanto el Gobierno, como los representantes de la derecha en el Congreso van a tener que darle paso a una discusión seria en este tema”, sostuvo.
Bienes incautados en la Operación Tokio. Foto: Aton.
La Operación Tokio como una señal de alerta
Para Lucía Dammert, el traslado de 78 mil millones de pesos provenientes de actividades ilegales, que fue revelado por la “Operación Tokio”, es una señal de que los sistemas de control “están más débiles de lo esperado”.
La experta en seguridad aseguró que en este caso en particular -en el que se vio involucrado un ejecutivo del Banco Santander- hubo más negligencia que corrupción, pero que de todas maneras, se trata de una “señal de alerta muy importante” respecto a la infiltración del crimen organizado en instituciones públicas y privadas.
“No sabemos si es una situación crítica o no, porque realmente no sabemos si ésta es la punta de un iceberg en términos de otras organizaciones que mueven dinero por Chile y lo sacan, o que ni siquiera tienen capacidad de sacarlo, sino que tienen capacidad de ingresarlo a la economía formal”, aseveró.
En ese contexto, la socióloga recomendó, además de levantar el secreto bancario, una mayor inteligencia financiera y fortalecer la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda.
“Fortalecer también las capacidades de las policías y los fiscales para las investigaciones vinculadas a lavado de activos que son muy específicas y especializadas y también, hacer un reconocimiento. Muchas veces, en la discusión de política pública contingente, nos quedamos centrados en la importancia del portonazo, del lanzazo, de la venta de drogas, pero nos olvidamos que todos esos delitos de una forma o de otra están vinculados con estructuras que hacen mucho dinero. Por ende, cortarles el chorro del dinero es una de las tareas fundamentales de la política criminal”, recalcó.
