Tras el operativo policial que permitió desbaratar la denominada “Operación Tokyo”, una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua y que habría movilizado cerca de $78 mil millones en Chile, el fiscal nacional, Angel Valencia, abordó la discusión sobre el levantamiento del secreto bancario y advirtió que se trata de un debate que debe resolver el Congreso.
De acuerdo con la investigación del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, un empleado del Banco Santander —José Carlos Pérez Asencio—, quien a su vez mantenía un cargo en el Banco de Venezuela desde 2012, habría usado sus posiciones para abrir cuentas en Banco Falabella y Scotiabank para introducir al sistema financiero formal dinero de origen ilícito, obtenido a través de extorsiones entre 2022 y 2025.
Ante la diligencia, voces de la academia y la esfera política han apuntado al levantamiento secreto bancario como una herramienta fundamental para el combate al crimen organizado y la persecución de la ruta del dinero.
Al respecto, el fiscal nacional, Angel Valencia, planteó: “Desde el sentido común pareciera que sería más sencillo investigar estos delitos si la Fiscalía pudiera, sin autorización judicial, revisar las cuentas de cualquier persona”.
El fiscal nacional, Ángel Valencia. Foto: Aton.
“Del mismo modo como se solicita un certificado de nacimiento o de matrimonio, también revisar qué es lo que hace cualquier persona con su dinero”, agregó en conversación con radio ADN.
En esa línea, sostuvo que “en el Congreso Nacional es donde tiene que darse la discusión respecto de si queremos vivir en un país como ese y hasta dónde estamos dispuestos a llegar en ese punto”.
Aseguró que las principales trabas para las investigaciones financieras no están necesariamente en las autorizaciones judiciales, sino en la forma en que la información es entregada por las instituciones.
“Podríamos avanzar mucho más fácil si pudiéramos revisar muchas cuentas, pero permítanme decirles que nuestra principal dificultad, más que estar relacionada con negativas de los tribunales, tiene que ver con la manera en que se nos entrega la información, los formatos en que se nos entrega y la rapidez con que se nos entrega”.
Lo anterior, según en el jefe del Ministerio Público, dificulta más las investigaciones de la Fiscalía que las propias restricciones judiciales, por lo que podría justificarse “modificar el régimen que hoy día tenemos”.
