El director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, manifestó una serie de reparos a las iniciativas impulsadas por el gobierno del Presidente José Antonio Kast en materia migratoria. En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, aseguró que la actual administración ha reforzado una narrativa criminalizadora.
Según planteó Bustos, el aumento de la población extranjera en Chile durante la última década responde a una tendencia regional y global vinculada a diversas crisis políticas, económicas y sociales que han impulsado movimientos migratorios en distintos países.
En ese contexto, sostuvo que el debate público se ha enfocado crecientemente en una visión negativa de la migración. “Lo que ha ocurrido en Chile, al igual que en otros países de la región y del mundo, es que se tiende a criminalizar la inmigración“, afirmó Bustos.
El representante de Amnistía Internacional también cuestionó las promesas realizadas por el actual Gobierno durante la campaña presidencial respecto de la reducción de la migración irregular. A su juicio, dichas expectativas no se han cumplido y, paralelamente, se han impulsado medidas que profundizan una aproximación punitiva al fenómeno migratorio.
“Todo hace pensar que esta narrativa de criminalización de la inmigración no solo se va a mantener, sino que se va a intensificar“, señaló.
Entre las iniciativas que generan preocupación en la organización mencionó el proyecto que busca tipificar el ingreso clandestino al país, una propuesta para restringir beneficios sociales a personas migrantes en situación irregular —incluyendo niños y niñas— y modificaciones vinculadas a los procesos de expulsión.
Para Bustos, estas medidas reflejan una concepción errónea del fenómeno migratorio: “Esa no es una forma correcta de enfrentarse al tema de la inmigración. Es básicamente ver la inmigración como un crimen, lo cual no es“.
Asimismo, afirmó que el debate suele olvidar que las personas migrantes, independientemente de su situación administrativa, son sujetos de derechos. En esa línea, cuestionó las referencias del Presidente José Antonio Kast a la necesidad de “ordenar la casa” como una medida humanitaria.
“La verdad es que no hemos visto humanidad en este Gobierno y en gran parte del Congreso cuando abordan la situación de las personas migrantes“, indicó y agregó que muchas de ellas abandonan sus países debido a crisis políticas y de derechos humanos y que actualmente contribuyen al desarrollo de Chile.
Incidentes en la marcha de la Confech
El representante de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, también abordó los incidentes registrados durante la reciente movilización convocada por la Confech. Según el balance de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, la manifestación del miércoles pasado reunió alrededor de 4 mil 500 personas y dejó 35 detenidos, tres de ellos por porte y manipulación de bombas Molotov. Además, se reportaron tres carabineros lesionados y tres civiles con heridas de distinta naturaleza.
Por su parte, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) informó que su Brigada de Salud atendió a más de una decena de estudiantes. De ellos, cinco fueron derivados a centros asistenciales de urgencia por heridas de gravedad.
“Manifestarse, ejercer el derecho de reunirse, de protestar incluso, es un derecho humano”, recalcó Bustos. Sin embargo, advirtió que actualmente existen “diversas restricciones, tanto normativas como de prácticas de las autoridades políticas” que dificultan su ejercicio.
En esa línea, aseguró que “en 2026 estamos en peores condiciones que en 2019 para ejercer el derecho a manifestarse”, atribuyendo esta situación a factores normativos como la vigencia del Decreto 1086 y a la Ley Naín-Retamal, que a juicio de la organización favorece un uso desproporcionado de la fuerza policial.
Bustos advirtió que durante los últimos años “se ha instalado y reforzado una narrativa que criminaliza la manifestación”, situación que, según afirmó, afecta el pleno ejercicio de un derecho fundamental en una sociedad democrática.
