La controversia por la sobreestimación de cerca de 27 mil toneladas de cobre reportadas por Codelco al cierre de 2025 volvió este jueves al centro del debate político. La Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados revisó los antecedentes del caso en una sesión marcada por cuestionamientos a la exadministración, dudas sobre la cadena de responsabilidades y nuevas exigencias de fiscalización. En paralelo, los diputados Jaime Mulet y Marcela Hernando ingresaron una querella criminal para que la justicia investigue eventuales delitos asociados a la alteración de las cifras de producción de la estatal.

La investigación se originó tras una auditoría interna que detectó diferencias cercanas a las 27 mil toneladas de cobre en los reportes de cierre de 2025. El caso derivó en sanciones a ejecutivos, la salida del entonces presidente ejecutivo Rubén Alvarado y una creciente discusión sobre los controles internos de la principal empresa minera del país.

La sesión de la Comisión de Minería y Energía, realizada de este jueves en Calama, estuvo enfocada en las conclusiones de la auditoría y en las consecuencias que tuvo la sobreestimación, entre ellas el pago de bonos por cumplimiento de metas a cerca de 6 mil trabajadores.

El presidente del Sindicato Minero de Chuquicamata, Misael Vega, aseguró que los trabajadores han seguido el caso prácticamente por la prensa. “Nosotros de parte de la administración no hemos tenido ninguna información oficial”, señaló ante la comisión.

El dirigente insistió en que las toneladas cuestionadas existen: “No es que alguien haya venido y haya dicho; oye, ‘subamos los números’. Es un tonelaje que realmente existe. Ahora, cuál fue el criterio para traerlo o no traerlo a este año, ese es un punto que tienen que investigarlo”.

Vega recalcó que Chuquicamata había superado sus metas productivas y rechazó que exista alguna responsabilidad de los trabajadores en el pago de incentivos. “Nosotros somos trabajadores muy responsables. Cuando se cumple, se paga; cuando no se cumple, no se paga”, afirmó el dirigente.

Además, sostuvo que aún existen preguntas sin respuesta respecto de las responsabilidades dentro de la empresa: “¿No había ningún vicepresidente que supiera esto? Aquí hay muchas cosas que despejar”.

Las dudas sobre la estructura de mando también estuvieron presentes entre los parlamentarios. El diputado Daniel Valenzuela, integrante de la bancada Renovación Nacional, Evópoli e Independientes, anunció nuevas acciones de fiscalización y pidió profundizar las indagatorias. 

El legislador solicitó que la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) revise posibles sobrecostos en contrataciones y compras realizadas por la estatal durante la última década. 

Desde la presidencia de la comisión, el diputado Cristián Tapia, integrante de la bancada PPD-Independientes, defendió el carácter estatal de la minera y sostuvo que la discusión debe ir más allá de la controversia por la producción. A su juicio, la empresa arrastra problemas asociados a decisiones adoptadas durante años. El parlamentario agregó que la sobreestimación representa solo una parte de las dificultades que enfrenta la compañía. 

Querella busca ampliar la investigación

Mientras la comisión sesionaba en Calama, los diputados Jaime Mulet (FRVS) y Marcela Hernando (PR) ingresaron una querella criminal por presuntos delitos de fraude al fisco, administración desleal, falsificación de instrumentos y otras figuras penales que puedan surgir durante la investigación.

Tras ingresar la querella, el diputado Mulet explicó que esta se encuentra dirigida “en contra de quienes resulten responsables por los delitos de administración desleal, fraude al Fisco, falsificación de instrumento y otros tipos penales que se pudieron haber cometido en esta situación defraudatoria”.

“Presentamos una denuncia apenas supimos de los antecedentes del informe preliminar de la auditoría que se hizo, la que se está tramitando. Y ahora nos queremos hacer parte como querellantes. Aquí pedimos más de 20 diligencias, desde incautaciones, revisiones, oficios a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), a los ejecutivos de Codelco, etc. Siendo parte, no vamos a soltar este tema”, agregó.

Además, indicó que “hemos pedido que se radique en la Región Metropolitana, en Santiago, producto que aquí está el edificio corporativo. Las 27 mil toneladas que se atribuyeron es una situación defraudatoria y grave, que no corresponde. Creemos que hay delitos que se cometieron y por eso vamos a investigar hasta las últimas consecuencias”.

“Codelco es una empresa muy importante, no queremos que se termine privatizando, pero tampoco queremos que se siga diluyendo y precarizando si no se hacen las cosas bien. Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias”, sostuvo el parlamentario regionalista.

Por su parte, la diputada Hernando manifestó que: “Estamos muy preocupados por los temas de fiscalización y control. Esta es una empresa que nos pertenece a todos los chilenos. Por lo tanto, habiéndonos enterado de este último escándalo, que no es el primero pero que esperamos que sea el último, nos hemos querellado para identificar a quiénes resulten responsables de este fraude al Fisco o falta a la probidad, una serie de delitos que nos interesa perseguir”.