El diputado del Frente Amplio y experto en derecho constitucional, Jaime Bassa, confirmó que presentará una reserva de constitucionalidad contra el proyecto del Gobierno que crea el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario señaló que la iniciativa “tiene varios problemas”, en particular por los efectos que el Ejecutivo plantea que estén asociados al registro.

Bassa explicó que no se trata de nuevas figuras infraccionales, sino de conductas ya contempladas en el ordenamiento jurídico. El problema, a su juicio, surge cuando esas conductas se conectan con consecuencias adicionales. “La pena que se asocia viene vinculada con recibir beneficios sociales”, afirmó, en referencia a la gratuidad en educación superior y la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Bassa sostuvo que ese diseño introduce un efecto desigual en la práctica: “Hay un sesgo de clase que tiene relación con el tipo de sanciones que van asociadas a ciertas conductas”.

En esa línea, explicó que el impacto de la medida depende del nivel de dependencia de políticas públicas, lo que genera diferencias materiales relevantes. “El 80% más vulnerable depende de la política pública de la que se trate (…) Un niñito, como el que vimos hace algunos meses atrás rompiendo un grifo en Vitacura, no se va a ver afectado por este tipo de sanciones”, puntualizó Bassa.

Además, el parlamentario advirtió que el proyecto abre interrogantes sobre el debido proceso y la autoridad competente para aplicar sanciones administrativas complementarias, como eventuales restricciones de documentos o licencias.

Bassa insistió en que el debate remite a la concepción misma de los derechos fundamentales en el sistema constitucional: “El sistema universal de derechos humanos asume que los derechos corresponden a las personas por el solo hecho de ser personas”.

El diputado también cuestionó la idea de que las sanciones puedan producir efectos diferidos en el tiempo, especialmente en materia previsional: “¿Por qué un estudiante de 20 años que tira una piedra en una manifestación va a ver suspendida su PGU cuando cumpla 65?”.

El experto constitucional apuntó a la ausencia de discusión sobre otros delitos en este tipo de propuestas. “Los delitos económicos son muchísimo más nocivos para la convivencia social que un vandalismo (…) Vulneran la fe pública, distorsionan los procesos democráticos de asignación de recursos”, añadió.

De esa manera, el parlamentario subrayó que el enfoque del proyecto refleja una orientación más punitiva que preventiva en materia de seguridad, por lo que considera “fundamental llevar la discusión a un escenario donde haya más prevención y menos castigo”.