Una contundente respuesta legislativa busca desarticular las vías de financiamiento de las bandas transnacionales que operan en el territorio chileno. La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) ingresó un proyecto de ley que tiene por objetivo sancionar penalmente la explotación sexual, la facilitación de medios tecnológicos o publicitarios para su promoción, y la utilización de bienes inmuebles destinados de forma específica a estas actividades ilícitas.

La propuesta del partido de oposición surge en un escenario de profunda alerta pública por la penetración de la delincuencia organizada. El detonante de la medida fue la reciente revelación de la Operación Tokio, un golpe policial dirigido contra la estructura del Tren de Aragua que dejó al descubierto cómo las redes criminales recurren a diversos mercados clandestinos para capitalizar sus operaciones en Chile. Según el texto, las bandas aprovechan la informalidad y la nula trazabilidad de estas transacciones para generar un millonario flujo de recursos económicos.

El diagnóstico de la Fiscalía ECOH: Cerrar el mercado ilícito

La base técnica de la moción parlamentaria se apoya en los informes entregados por el Ministerio Público. A propósito de las diligencias de la Operación Tokio, el fiscal jefe del equipo de Emergencias y Crimen Organizado (ECOH), Héctor Barros, encendió las alarmas institucionales al advertir sobre la urgencia de regular y castigar penalmente las conductas ligadas al comercio sexual.

El persecutor judicial fue tajante al señalar que este rubro constituye una de las principales cajas pagadoras del Tren de Aragua en el país. En sus argumentaciones, Barros sostuvo que si el Estado chileno logra cerrar de manera efectiva dicho mercado a las bandas criminales, se anulará de inmediato el interés de estas organizaciones transnacionales por trasladar a personas al país con el fin de ejercer la prostitución.

La reestructuración punitiva diseñada por Renovación Nacional plantea un abordaje integral mediante las siguientes medidas aplicadas a la legislación penal:

En primer lugar, se propone castigar como delito a todo aquel que explote económicamente las prestaciones o servicios sexuales de otra persona. Asimismo, se tipificará penalmente la conducta de quienes administren o faciliten plataformas digitales, avisos publicitarios o cualquier medio de difusión destinado a ofrecer el comercio sexual ajeno. Por otra parte, se sancionará con cárcel a los sujetos que proporcionen, arrienden o faciliten bienes inmuebles para el desarrollo operativo de estas actividades de explotación. Finalmente, el diseño legal innova al establecer una falta penal sujeta a multas económicas para los clientes, es decir, para quienes paguen u ofrezcan dinero a cambio de servicios sexuales de personas adultas.

Persecución financiera y lavado de activos

Un aspecto estratégico del proyecto radica en que la iniciativa incorpora formalmente el delito de explotación económica del comercio sexual ajeno al catálogo de delitos base de lavado de activos. Con esta modificación, las fiscalías especializadas no solo podrán perseguir la flagrancia del acto, sino que contarán con el piso jurídico para rastrear, congelar e incautar el dinero y las ganancias patrimoniales obtenidas por las cúpulas delictivas de forma posterior.

La ofensiva legislativa cuenta con el respaldo y patrocinio transversal de los diputados de la bancada Juan Carlos Beltrán, Andrés Celis y Eduardo Durán. Los parlamentarios enfatizaron que el Congreso debe tramitar con máxima celeridad medidas concretas que apunten a asfixiar los recursos de las mafias extranjeras y locales, como único camino real para devolver la seguridad a los barrios del país en este 2026.