La propuesta de presentar una acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau ha comenzado a instalar más dudas que certezas dentro de las propias filas del oficialismo. Aunque la iniciativa fue anunciada originalmente como una fuerte ofensiva fiscalizadora por parte de las bancadas de derecha, el paso de los días, la falta de un texto definitivo y la presión de los plazos legales perentorios han enfriado el entusiasmo inicial, abriendo un complejo debate sobre la viabilidad política de la acción.
Esta falta de alineación unánime se suma al complejo escenario que el Gobierno enfrenta en el Congreso Nacional, donde las tensiones se agudizaron tras el emplazamiento realizado hace un par de días por el diputado Gonzalo Winter, quien criticó duramente las prioridades legislativas de los sectores oficialistas. En este clima enrarecido, la búsqueda de consensos para levantar la acusación ha dejado en evidencia que el bloque gubernamental no actúa como un monolito frente a esta herramienta fiscalizadora y que los tiempos legislativos juegan en contra.
Desde Renovación Nacional (RN), el tono respecto al proceso ha mutado hacia la cautela estricta. El diputado y primer vicepresidente del partido, Diego Schalper, manifestó desde La Moneda que la colectividad tomará distancia hasta tener el documento en mano, desmarcándose además de los dichos del presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, quien había comprometido los votos de la UDI para evitar divisiones.
“Desconozco si eso es una decisión institucional de la UDI, a mí por lo menos ni el presidente de la UDI ni la jefa de bancada me han planteado eso”, aclaró Schalper. En esa línea, el parlamentario sinceró las divisiones internas del bloque: “Nosotros desde Renovación Nacional queremos ser extremadamente responsables, vamos a esperar el escrito que se presente la próxima semana. Una vez que tengamos ese escrito, lo vamos a revisar jurídicamente y a partir de ahí vamos a convocar una reunión de bancada donde ya sabemos que hay miradas distintas y en ese cuadro vamos a tomar una decisión”.
Asimismo, Schalper recalcó la seriedad de este proceso institucional: “A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el impeachment es un juicio 100% político, en Chile tenemos un juicio político-jurídico y, por lo tanto, vamos a analizar si se cumple el agravio constitucional y a partir de ahí tomaremos una decisión”.
En una postura similar de mesura se instaló el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella. Si bien el legislador reconoció el avance de las tratativas en la Cámara Baja, evitó ser tajante respecto al éxito del libelo. “Lo que hemos visto por la prensa es que se han ido sumando las distintas bancadas (…) y me da la impresión de que prácticamente todo el oficialismo está respaldando la acusación que se presentaría dentro de los próximos días”, señaló.
Sin embargo, advirtió sobre el rol de su corporación como eventual jurado: “Distinto es el pronunciamiento que podemos hacer desde el Senado, porque superada la valla de la Cámara de Diputados nos va a tocar a nosotros pronunciarnos y, en razón de eso, prefiero ser prudente a la hora de referirme a los contenidos, los hechos y el empalme que tienen con las causales constitucionales“.
La contraofensiva de la oposición: “Una cortina de humo”
Las vacilaciones de la derecha han dado espacio para que la oposición articule una dura contraofensiva. Para los bloques de izquierda, la sola idea de buscar la destitución del titular de Economía carece de fundamentos técnicos sólidos y responde únicamente a una estrategia de distracción política en medio de las negociaciones por las reformas estructurales, conocida como la mega reforma.
El diputado de la bancada PPD e Independientes, Héctor Ulloa, lanzó duros dardos contra la maniobra en el Parlamento. “Resulta incomprensible que mientras el gobierno habla de unidad y de diálogo para sacar adelante su mega reforma, los partidos republicanos y nacional libertarios anuncian una acusación constitucional”, criticó el legislador.
Para Ulloa, la verdadera intención detrás de la ofensiva es clara: “Esto saca una cortina de humo para desviar la atención de una mega reforma que busca beneficiar a los más ricos, una cortina de humo para endeudar a nuestro país debido a todos los recursos que vamos a dejar de percibir”.
El parlamentario concluyó cerrando la puerta a cualquier tipo de respaldo por parte de su sector a la ofensiva contra Grau: “Como bancada PPD independientes, no estamos por apoyar una acusación constitucional que nos genera muchas dudas y que ni siquiera convence al mismo oficialismo“.
