La crisis política y social que sacude a Bolivia alcanzó un nuevo e importante hito institucional durante las últimas horas del fin de semana. En una sesión que se extendió por casi 14 horas, la Cámara de Diputados de ese país aprobó en la madrugada de este domingo la Ley de Regulación de los Estados de Excepción. La iniciativa legal modifica el equilibrio de poderes al ampliar de forma directa las competencias del presidente Rodrigo Paz para decretar dicha medida de emergencia.
Con este respaldo del Poder Legislativo, el mandatario boliviano contará con el piso jurídico necesario para facilitar el empleo de las Fuerzas Armadas en tareas de control y despeje de las rutas viales. Las manifestaciones, que se extienden desde hace más de un mes, mantienen completamente bloqueada la región de la capital, La Paz, bajo la consigna explícita de exigir la dimisión inmediata del jefe de Estado.
El proyecto de ley ya contaba con el visto bueno previo del Senado y recibió la ratificación definitiva de la Cámara Baja a las 5:52 horas de este domingo, alcanzando el respaldo de dos tercios de los diputados. Tras el extenso debate parlamentario, el texto fue remitido de inmediato al palacio de gobierno para su correspondiente promulgación por parte del Ejecutivo.
La nueva estructura legal para la aplicación de la fuerza de seguridad contempla los siguientes parámetros normativos:
En primer lugar, la declaración del estado de excepción deberá realizarse obligatoriamente a través de un decreto supremo debidamente fundamentado. Asimismo, dicho documento tendrá que especificar con total claridad el alcance territorial de la medida, su duración exacta, las acciones extraordinarias que quedan autorizadas y las instituciones públicas que serán responsables de ejecutar los operativos de orden. Por otra parte, la legislación determina una vigencia máxima de hasta 90 días para la aplicación de este régimen excepcional. Finalmente, cualquier posibilidad de ampliación del plazo quedará sujeta de manera exclusiva a una autorización previa de la Asamblea Legislativa.
Desabastecimiento, balances de víctimas y paralelismos históricos
A pesar del adverso escenario de seguridad, el presidente Rodrigo Paz utilizó sus canales oficiales en redes sociales para asegurar que la situación de desabastecimiento en La Paz y El Alto comienza a registrar avances concretos gracias al diálogo con sectores dialogantes, destacando el ingreso controlado de un millón de litros de gasolina y 40 mil bombonas de gas a la zona afectada. De forma paralela, el mandatario generó debate político al publicar una fotografía histórica de la Unidad Democrática y Popular (UDP), la coalición de izquierda que gobernó en 1982 en medio de una severa crisis económica y protestas sindicales, un proceso que concluyó con elecciones anticipadas donde se impuso el expresidente Víctor Paz Estenssoro, tío abuelo del actual gobernante.
Sin embargo, el costo humano de las movilizaciones sigue en aumento en este 2026. El último informe emitido por la Defensoría del Pueblo reveló datos alarmantes sobre el impacto de las cinco semanas de paralización regional:
En primer lugar, los enfrentamientos y desórdenes en las rutas se han cobrado hasta el momento la vida de diez personas. Asimismo, los registros oficiales de los centros asistenciales dan cuenta de un total de 37 heridos. Por otra parte, los estamentos judiciales mantienen abiertos procesos legales contra más de un centenar de personas procesadas. Finalmente, el organismo humanitario aclaró de forma dramática que siete de los fallecimientos corresponden a pacientes que no pudieron recibir atención médica oportuna debido a la intransigencia de los bloqueos o que sufrieron retrasos críticos durante sus traslados de urgencia hacia los hospitales.
