Una dura crítica técnica y política formuló la exautoridad de Justicia frente a una de las medidas estrella de la agenda de seguridad del Ejecutivo. El exministro Luis Cordero manifestó sus profundos reparos ante la propuesta del Gobierno para crear un Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, herramienta de control que fue anunciada por el Presidente José Antonio Kast durante su reciente mensaje de Cuenta Pública al país.

En el marco de una entrevista concedida al programa Mesa Central de Canal 13, el abogado penalista sostuvo que, si bien es riguroso conocer el texto y contenido definitivo del proyecto de ley antes de emitir una evaluación concluyente, el diseño conceptual de la propuesta ya presenta elementos que generan inmediata preocupación en los círculos jurídicos.

“Es efectista en la manera como está planteada hasta ahora”, afirmó de forma tajante el exministro Luis Cordero, advirtiendo que la iniciativa arriesga derivar en situaciones de estigmatización y abrir complejas discusiones constitucionales.

Los riesgos del registro: Mezcla de faltas y pérdida de beneficios

A juicio del exsecretario de Estado, uno de los principales vicios técnicos de la propuesta radica en la falta de proporcionalidad penal, ya que el registro propuesto terminaría agrupando de manera indiscriminada conductas de muy distinta gravedad bajo una misma categoría general, mezclando en un mismo saco delitos complejos, faltas penales menores e infracciones meramente administrativas.

Asimismo, Cordero cuestionó con severidad las eventuales consecuencias punitivas que pretenden ligarse a la inscripción de los ciudadanos en esta base de datos, especialmente si se busca implementar restricciones de derechos o la pérdida automática de beneficios estatales:

En primer lugar, el abogado advirtió un problema severo si se pretendiera aplicar la pérdida de beneficios de forma retroactiva a quienes ya son titulares de ayudas sociales. Asimismo, el exministro reconoció que las incivilidades constituyen una preocupación legítima y muy relevante para la ciudadanía en su diario vivir. Por otra parte, el experto explicó que las personas experimentan las incivilidades desde su ventana, teniendo con ellas un contacto cotidiano mucho mayor que con el delito violento. Finalmente, Cordero planteó que la respuesta del Estado debería enfocarse en la eficacia de las sanciones aplicadas más que en seguir aumentando la severidad abstracta de las penas.

Bajo esa misma línea argumental, el especialista sugirió que el diseño de las políticas públicas debiera dotar a los municipios de un papel mucho más activo y preponderante en las tareas de prevención y sanción comunitaria, especialmente cuando se trata de infracciones de menor entidad en los barrios.

Operación Tokio y la urgencia de levantar el secreto bancario

Durante el espacio televisivo, el exministro de Justicia también abordó los alcances judiciales de la denominada Operación Tokio, la investigación penal de alta complejidad vinculada al presunto lavado de activos de la organización criminal transnacional Tren de Aragua. En ese marco, defendió la necesidad urgente de fortalecer de manera estructural las herramientas de inteligencia económica del Estado para detectar con mayor eficiencia las operaciones financieras sospechosas.

Al entrar de lleno en el debate legislativo sobre el levantamiento del secreto bancario, Cordero alineó sus argumentos con la necesidad de adecuar los estándares locales a los niveles internacionales en este 2026. En primer lugar, el abogado penalista sostuvo de forma categórica que Chile es una excepción en el mundo respecto de la fortaleza que tiene el secreto bancario. Asimismo, el especialista advirtió que lo que tradicionalmente puede ser visto como un activo de privacidad individual, constituye hoy un riesgo sistémico para la seguridad. Por otra parte, el exministro enfatizó que la discusión parlamentaria actual debe centrarse en dotar al Estado de mejores herramientas de persecución. Finalmente, Cordero concluyó que la prioridad país requiere fortalecer la capacidad de fiscalización financiera para enfrentar de forma inteligente los fenómenos asociados al crimen organizado.