Una dura ofensiva fiscalizadora desplegó el bloque oficialista frente a los procedimientos de cobranza estatal. La bancada de diputados del Frente Amplio (FA) solicitó explicaciones formales a la Tesorería General de la República luego de recibir alarmantes denuncias de personas con deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), quienes aseguran haber sufrido la retención total de los fondos disponibles en sus cuentas bancarias durante procesos de ejecución judicial.

A través de un oficio presentado formalmente, los parlamentarios exigieron al organismo recaudador esclarecer de inmediato los criterios utilizados para determinar qué deudores específicos fueron objeto de estos embargos masivos. Asimismo, la bancada requirió información detallada sobre cuáles son los mecanismos destinados a proteger a aquellos profesionales y técnicos que actualmente cuentan con menores ingresos dentro del sistema.

“Es una inmoralidad”: La dura reacción parlamentaria

La jefa de la bancada de diputados del Frente Amplio, Emilia Schneider, cuestionó con dureza el actuar de la Tesorería y calificó la situación como una vulneración extrema a las condiciones de vida de los afectados. La parlamentaria fundamentó su preocupación entregando cifras sobre la realidad socioeconómica de quienes cargan con esta mochila financiera.

“Dejar a una persona sin su sueldo, sin un peso en su cuenta, es una inmoralidad tremenda. Y eso es lo que están denunciando las y los deudores del CAE en los últimos días”, afirmó la diputada Emilia Schneider.

Para visibilizar la gravedad de la medida de fuerza fiscal, la legisladora sostuvo que más de la mitad de las y los deudores del CAE gana menos de 750 mil pesos mensuales. En esa línea, Schneider advirtió de manera tajante que desde el Congreso no van a permitir que ocurran abusos ni arbitrariedades en contra de los profesionales vulnerables.

Acusaciones de clasismo y la arremetida de la directiva del FA

A las críticas institucionales se sumó la presidenta de la colectividad, Constanza Martínez, quien escaló el conflicto político al apuntar de manera directa contra la gestión del Ejecutivo en materias de equidad social.

En declaraciones emitidas al diario La Tercera, Martínez comparó la dureza del Gobierno frente a los profesionales endeudados con la postura legislativa de la derecha en la agenda de seguridad. En primer lugar, la dirigenta calificó como gravísimas las denuncias ciudadanas respecto a que la Tesorería está vaciando por completo las cuentas de los deudores del CAE.

Asimismo, Martínez fustigó que la misma semana en que se rechaza levantar el secreto bancario para perseguir las rutas de dinero del crimen organizado, el Estado deje sin un peso a los ciudadanos que menos recursos tienen. Por otra parte, la líder oficialista aseguró de forma categórica que el clasismo de este gobierno no solo es evidente, sino que es inmoral. Finalmente, la presidenta del FA confirmó que se encuentran monitoreando de cerca el escenario y evaluando nuevas acciones judiciales y legislativas de protección para los afectados.

Desde la tienda de izquierda recordaron que esta problemática ya había sido advertida formalmente por sus parlamentarias durante el presente año legislativo. En abril pasado, el Frente Amplio ingresó a trámite un proyecto de ley destinado a modificar estructuralmente los mecanismos de cobranza del CAE.

La propuesta legal busca incorporar de manera obligatoria criterios asociados a la capacidad real de pago de los profesionales y establece un umbral de protección absoluta para quienes perciban ingresos inferiores a 1,5 millones de pesos mensuales. Con esta medida, el bloque pretende asegurar por ley un piso mínimo de dignidad que impida el vaciado de cuentas bancarias y sueldos por concepto de deudas estudiantiles en este 2026.