Este martes se constituyó la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, instancia que quedó conformada mayoritariamente por diputados de oposición. En paralelo, Renovación Nacional (RN) definió una postura de cara al libelo y la oposición reiteró sus críticas a la acción impulsada por republicanos y libertarios.
El sorteo en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados dio como resultado una comisión de tres diputados de oposición y dos de oficialismo. Se trata de los legisladores Carlos Bianchi de la bancada del PPD, Marcela Hernando del Partido Radical, Alejandro Bernales del Partido Liberal, Joanna Pérez del comité de Renovación Nacional-Evópoli y Luis Fernando Sánchez del Partido Republicano.
La encargada de presidir la comisión será la diputada Hernando, quien durante los primeros meses del gobierno de Gabriel Boric fue compañera de gabinete de Nicolás Grau. Mientras que la representante del distrito 3 (Región de Antofagasta) estaba a cargo de Minería, Grau lideraba la cartera de Economía.
Requerida sobre los pasos a seguir, Hernando detalló que la comisión se reunirá el lunes por la tarde y que ya se está pensando en posibles expositores. “La semana previa a la comparecencia nosotros no podemos entrar al fondo de la acusación. Por lo tanto, los invitados que queremos hacer venir, tienen que venir con el tema técnico propiamente tal, con el tema financiero”, dijo.
“Se ha mencionado dentro de la Comisión a ojalá todos los exministros de Hacienda de los anteriores gobiernos, para que nos puedan ilustrar del tema técnico”, recalcó.
La mañana de este martes parte de las miradas se posaron sobre el diputado independiente e integrante de la bancada del PPD, Carlos Bianchi, pues se rumorea que sería una de las voces de centro izquierda que podría apoyar la acusación constitucional.
Consultado al respecto, Bianchi remarcó que actuará con independencia, sin dejarse presionar por los partidos y que estudiará con detención el libelo para determinar cuánto hay de político y cuánto hay de mérito jurídico en la acusación. No obstante, el diputado deslizó la posibilidad de que la situación económica actual no es una responsabilidad del exministro Grau, sino que una consecuencia de la acción de varios ministros de Hacienda.
“¿El señor Grau fue un buen ministro de Hacienda? No, no fue un buen ministro de Hacienda. Al señor Grau se le presentó una oportunidad que le duró siete meses. ¿Es el señor Grau en siete meses, el verdadero responsable de la situación económica o quien antecedió al señor Grau, por haberse ido en un tiempo anterior, evitó una acusación como esta?”, cuestionó.
“Pongamos las cosas con la seriedad y en el contexto que corresponde. No se trata de que esto me guste o no, no se trata de que esto me sirva o no políticamente, se trata de que tenemos que entender que hoy día Chile nos mandata a priorizar un aspecto que es el más relevante, la situación económica en crisis en la que estamos”, enfatizó.
Por su parte, el diputado Luis Fernando Sánchez —el único integrante de la comisión revisora que es militante de los partidos que impulsaron la acusación— insistió en los argumentos de sus compañeros de colectividad, respecto a que el exministro Grau habría actuado con dolo al calcular erróneamente la proyección de deuda.
“Tenemos un exministro de Hacienda que nosotros sostenemos, es responsable por hacer mal los cálculos a un nivel que lo convierte en una negligencia grave o incluso dolo. No haber calculado bien la deuda, no haber anotado toda la deuda, haber proyectado ingresos que no se cumplieron nunca, haber proyectado un déficit que terminó siendo mucho mayor. Consideramos que las cifras que se ven ahí, el nivel de descalce es tan grande, que es imposible que alguien diga que esto fue simplemente un error de cálculo”, estimó.
La definición de RN
La presentación de la acusación constitucional por parte de republicanos y libertarios generó diferencias al interior del oficialismo. Los primeros en ceder fueron los parlamentarios de la UDI, que si bien no firmaron el libelo, sí votarán a favor cuando se revise en la Sala.
Renovación Nacional, en tanto, estaba ante una disyuntiva. Dos diputados de la colectividad estuvieron entre los firmantes de la acusación, mientras que otros tenían dudas, debido al ambiente de tensión que se podía generar con la oposición.
En ese escenario, el subjefe de la bancada de RN, Eduardo Durán, anunció durante esta jornada que, finalmente, se dará libertad de acción a los parlamentarios y parlamentarias.
“En el espíritu y la forma de trabajar que tiene nuestro partido, hemos privilegiado considerar la diversidad de opiniones que hay en la bancada. Hay algunos diputados a favor, otros en reflexión y otros esperando, en un proceso reflexivo, de tomar una decisión definitiva”, explicó.
La integrante de la comisión revisora, líder de Demócratas e integrante del comité parlamentario que agrupa a RN y Evópoli, Joana Pérez, es una de las diputadas con dudas. “A mi me habría gustado que esto hubiese sido fruto de un escalamiento. Yo presenté el 22 de marzo una solicitud a la Cámara para una comisión investigadora por estas mismas materias y lamento que no haya tenido firmas transversales”, expresó.
“Creo que estos temas se deben abordar con diálogo, escuchando a las distintas partes, para esclarecer responsabilidades en algo complejo pero que no es fruto de un solo gobierno”, indicó.
Respaldo de economistas a Grau
Desde la oposición rechazaron rotundamente la acusación constitucional y los diputados de los partidos progresistas advirtieron que puede sentar un precedente negativo para la institucionalidad fiscal.
Una opinión similar tuvieron más de 50 economistas de distintas sensibilidades políticas, quienes tras la presentación de la acusación publicaron una carta de apoyo a Nicolás Grau.
La misiva, firmada por figuras como Harald Beyer, David Bravo, Roberto Zahler, Guillermo Larraín, Eduardo Engel, Andrea Repetto y Stephany Griffith-Jones, señala que “las proyecciones fiscales y de deuda pública constituyen ejercicios técnicos, que dependen de supuestos acerca de la evolución futura de variables económicas, financieras y fiscales”,
En ese entendido, afirmaron que las diferencias entre proyecciones “son habituales en todos los países y forman parte del debate legítimo propio de la disciplina económica”. Por eso, concluyen que el que los resultados observados se desvíen de lo proyectado “no constituye, por sí mismo, una infracción constitucional”.
