La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región del Biobío aprobó por unanimidad el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de tierras raras de Aclara y Grupo CAP en Penco. Mientras la empresa destacó el avance de una inversión de US$130 millones, organizaciones sociales, comunidades indígenas y el municipio anunciaron reclamaciones ante el Comité de Ministros y eventuales acciones judiciales.
La aprobación pone fin a un proceso de evaluación que comenzó con una etapa de participación ciudadana temprana y continuó en junio de 2024 con el ingreso del estudio al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Durante la tramitación participaron 30 organismos con competencia ambiental. De ellos, 22 formularon cerca de 2 mil 100 observaciones técnicas y ciudadanas, canalizadas a través de tres Icsara (Informes Consolidados de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones), el máximo de rondas contempladas por la institucionalidad ambiental. Además, se realizó un proceso de consulta indígena.
Según la empresa, la aprobación permitirá avanzar en el desarrollo del primer proyecto de tierras raras del país y abrir una nueva cadena de valor vinculada a minerales estratégicos para la electromovilidad, las energías renovables y otras tecnologías asociadas a la transición energética.

El gerente general de Aclara Resources Chile, Enrique Donoso, valoró la resolución ambiental y afirmó que: “La aprobación de la Coeva representa un paso muy significativo para nuestro proyecto y es el resultado de años de trabajo técnico riguroso, participación ciudadana y diálogo permanente con el territorio”.
Donoso añadió que “con mucha confianza, pensamos que esta es una muy buena noticia para Penco, Concepción, la Región del Biobío y para Chile”.
Por su parte, el gerente general de Grupo CAP, Nicolás Burr, sostuvo que “la aprobación ambiental obtenida constituye un hito muy relevante para esta iniciativa y refleja la solidez técnica, ambiental y social del trabajo realizado durante todo el proceso de evaluación”.
La iniciativa contempla una inversión aproximada de US$130 millones y estima generar cerca de 2 mil 200 empleos directos e indirectos. También incorpora un compromiso de contratación de mano de obra local, monitoreo participativo, medidas de protección de biodiversidad y programas de desarrollo comunitario.
El proyecto utilizará una tecnología patentada por Aclara denominada “Cosecha Circular de Minerales” que, según la compañía, permite recuperar tierras raras desde arcillas sin uso de explosivos, chancado ni molienda, sin generar relaves y con agua reciclada.
Entre los compromisos ambientales comprometidos se incluyen la plantación de más de 100 hectáreas de especies nativas durante la etapa de cierre, zonas de protección de biodiversidad, resguardo de bosque nativo y monitoreos participativos con la comunidad.
Rechazo ciudadano y del municipio
La aprobación ambiental, sin embargo, fue cuestionada por organizaciones sociales, comunidades indígenas y autoridades comunales de Penco.

Durante la sesión de la Coeva, el alcalde Rodrigo Vera reiteró la oposición del municipio a la iniciativa: “No estamos de acuerdo con este proyecto, pero en este proceso la decisión no pasa ni por el alcalde ni por el concejo. No teníamos injerencia en la votación, pero fuimos consecuentes, presentamos todas las observaciones”.
En la misma línea, la vocera de la campaña Penco Libre de Minería, Camila Arriagada, anunció que las organizaciones impulsarán acciones legales para revertir la decisión.
“Vamos a llegar como ciudadanía organizada hasta la última instancia. Vamos a hacer recursos legales en conjunto con la ONG Defensa Ambiental para que nuestras observaciones lleguen a las reclamaciones del Comité de Ministros y también a tribunales ambientales”, indicó.
Tras la resolución de la Coeva se abrirá un período de reclamación ciudadana de 30 días, etapa previa a la revisión del proyecto por parte del Comité de Ministros.






