Desbaratan banda criminal por contrabando de pesca: carabineros, funcionarios de Sernapesca y muni de Valdivia entre los detenidos

Los funcionarios públicos involucrados alertaban sobre los controles y facilitaban el paso de cada cargamento. La investigación contabilizó un total de $8.261 millones que no se declararon al fisco en las operaciones de la organización.

Los funcionarios públicos involucrados alertaban sobre los controles y facilitaban el paso de cada cargamento. La investigación contabilizó un total de $8.261 millones que no se declararon al fisco en las operaciones de la organización.

Un total de 54 personas, entre ellas funcionarios públicos, integraban una banda criminal dedicada a la comercialización ilícita de recursos marinos en la Región de Los Ríos. La organización fue desbaratada por la Policía de Investigaciones (PDI) en conjunto con el Ministerio Público.

La audiencia de formalización de los más de 50 detenidos se llevó a cabo durante esta jornada. Según consignó Radio Bío Bío, en dicha instancia se dio a conocer que cinco de los imputados pertenecen a instituciones del Estado.

Entre los detenidos figuran tres funcionarios de Carabineros, un trabajador de Sernapesca y un empleado de la Municipalidad de Valdivia. Frente a este último caso, el municipio aseguró que instruyó el sumario correspondiente para “esclarecer las eventuales responsabilidades administrativas”.

Detective de la PDI de espaldas con linterna inspecciona un gran galpón o bodega lleno de cajas de plumavit apiladas durante un operativo policial.
PDI desbarata banda criminal dedicada a la comercialización ilícita de recursos marinos en la Región de Los Ríos. Foto: PDI Los Ríos.

En el documento agregaron que: “Junto con ello, estaremos pendientes de las resoluciones dictadas por los tribunales de justicia. Los vecinos y vecinas pueden estar seguros de que esta municipalidad, como ha sido su proceder habitual, no aceptará conductas impropias, exigiendo siempre los más altos estándares de transparencia y probidad”.

Los antecedentes presentados en la audiencia indican que los funcionarios públicos involucrados alertaban sobre los controles y facilitaban el paso de cada cargamento. La investigación contabilizó un total de $8.261 millones que no se declararon al fisco en las operaciones de la organización.

La banda operaba desde 2024 y comercializaba recursos sobreexplotados. El jefe de la Región Policial de la PDI de Los Ríos y prefecto inspector, José Miguel Cea, explicó que la organización “ocupaba distintos modus operandi; trasladaban los productos de madrugada, tomaban todas las precauciones en realidad para poder llevar los productos obtenidos de manera ilícita hasta el último eslabón de la cadena que justamente corresponde al usuario, trayendo consigo lógicamente problemas o riesgos de índole sanitario y otros problemas que también involucran al Estado respecto a un eventual fraude al fisco”.

El jefe de la Región Policial de la PDI de Los Ríos y prefecto inspector, José Miguel Cea, en un punto de prensa rodeado por micrófonos de distintos medios de comunicación.
El jefe de la Región Policial de la PDI de Los Ríos y prefecto inspector, José Miguel Cea. Foto: PDI Los Ríos.

Cea detalló que los delitos imputados a los detenidos son los siguientes: lavado de activos, fraude al fisco, cohecho, falsificación de instrumento público, asociación criminal y otras infracciones contra las normativas de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, reveló que “la investigación permitió determinar que el principal objeto de esta venta ilegal era la merluza austral y otros como el congrio dorado, pejerreyes y locos, que son recursos que en nuestra zona austral del país son de alto valor y, además, algunos de ellos están sobreexplotados”.

Añadió que “se pudieron identificar proveedores, transportistas, comercializadores, personas encargadas de administrar las ganancias y también personas que facilitaban la evasión de los controles”.

La mayoría de los productos provenía de la Región de Los Lagos y se comercializaba en la comuna de Valdivia. La investigación contra esta banda criminal se extendía desde abril de 2024 y fue un trabajo cooperativo entre la PDI, el Ministerio Público y Sernapesca.





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