La Comisión de Hacienda del Senado continuó este martes con las audiencias sobre la megarreforma impulsada por el Gobierno. En la sesión expusieron el exministro de Hacienda Felipe Larraín; el académico de la Universidad de Chile, Guillermo Larraín; el investigador de Horizontal, Juan José Obach, y el investigador del CEP, Jorge Rodríguez, quienes coincidieron en la necesidad de recuperar el crecimiento económico, pero discreparon sobre los mecanismos propuestos y los riesgos fiscales asociados.
Felipe Larraín sostuvo que el país enfrenta un deterioro económico y fiscal que obliga a adoptar medidas proinversión. “Chile tiene el décimo impuesto corporativo más alto de la OCDE“, recordó el exministro, quien planteó que reducir gradualmente la tasa desde 27% a 23% permitiría mejorar la competitividad y estimular la inversión.
El exsecretario de Estado también defendió el retorno a un sistema plenamente integrado y la invariabilidad tributaria para proyectos de inversión. A su juicio, “para que la invariabilidad tenga algún efecto, tiene que tener sobre 20 años“.
Una mirada distinta presentó Guillermo Larraín. El académico valoró que el crecimiento económico vuelva al centro de la discusión, pero advirtió que el proyecto “reposa excesivamente en el impacto expansivo de la rebaja tributaria“.
El académico también cuestionó que la desaceleración económica pueda explicarse principalmente por la reforma tributaria de 2014. “El problema es más grande que sólo el problema tributario“, afirmó.
Respecto de la invariabilidad tributaria, señaló que los plazos propuestos son excesivos y sostuvo que entregar garantías por 25 años equivale a otorgar “un seguro gratis“.
Desde Horizontal, Juan José Obach identificó la sostenibilidad fiscal como el principal riesgo de la iniciativa. “Este es el gran riesgo del proyecto por una razón muy simple, porque descansa en ingresos esperados futuros que por su naturaleza son inciertos“, afirmó.
Además, Obach planteó reparos al diseño de la invariabilidad tributaria. “Esta invariabilidad carece de una prima por riesgo”, señaló y agregó que la extensión del beneficio a las interpretaciones administrativas del Servicio de Impuestos Internos también merece revisión.
El investigador también puso el foco en el crédito tributario al empleo formal, cuyo costo estimó en US$1.400 millones anuales en régimen. “Nos obliga a contar con un análisis serio de costo-efectividad“, indicó.
Por su parte, Jorge Rodríguez, investigador del CEP y expresidente del Consejo Fiscal Autónomo, destacó —al igual que Guillermo Larraín— que el proyecto vuelva a poner el crecimiento económico en el debate público, aunque advirtió que incluso si se cumplen todos los supuestos del informe financiero, los resultados seguirían siendo insuficientes para alcanzar las metas planteadas por el Ejecutivo.
“Queda la sensación de que el país quiere crecer un punto más aún de lo que logra este proyecto“, puntualizó.
Rodríguez valoró especialmente las medidas orientadas a reducir la llamada permisología y señaló que se trata de herramientas que podrían elevar la inversión sin generar costos fiscales directos. Sin embargo, planteó que todavía existe espacio para profundizar esos cambios y reducir la judicialización de los proyectos.
Durante la sesión, varios de los expositores coincidieron además en que la rebaja del impuesto corporativo podría tener efectos positivos sobre la inversión, pero insistieron en que la efectividad de la medida dependerá de la capacidad del Gobierno para mantener la sostenibilidad fiscal y entregar certezas de largo plazo.
