Perú define a su próximo presidente voto a voto, en una elección que ya se instala como una de las más estrechas de su historia reciente, incluso más que la del 2021. Tras más de una década marcada por la inestabilidad —con el infame dato de nueve presidentes en 10 años— el país busca una fórmula que le devuelva gobernabilidad. Sin embargo, la fractura social, polarización política y desconexión territorial se expresa con crudeza en las urnas definiendo la contienda electoral.

El “sorpasso”: el detalle del sistema peruano

Con el 96% de las mesas escrutadas, el candidato de izquierda, Roberto Sánchez, lidera con una ventaja de apenas 0,056%, es decir, menos de 20 mil votos sobre Keiko Fujimori. Un margen mínimo, que refleja no solo lo ajustado de la contienda, sino también la incertidumbre total sobre el resultado final. De hecho, hasta el 91% del conteo, era Fujimori quien encabezaba la elección, cerca de lograr el “sillón de Pizarro” en su cuarto intento.

En las primeras horas, la tendencia parecía consolidarse a favor de la hija del exdictador y presidente Alberto Fujimori. Sin embargo, en los últimos conteos ese objetivo nuevamente comenzó a alejarse progresivamente hasta que se produjo el llamado “sorpasso”, el momento en que Sánchez supera a Fujimori. Un fenómeno que no es casual, sino que responde a la propia estructura del sistema electoral peruano y a la geografía política del país.

La explicación está en el orden en que se procesan los votos. Las primeras actas que ingresan corresponden a zonas urbanas, especialmente Lima y grandes ciudades, donde el sistema electrónico permite una transmisión rápida de resultados. Estas zonas concentran una parte significativa del electorado, casi un tercio del padrón y tienden a favorecer a Fujimori. Por eso, su ventaja inicial fue consistente, con cifras que en la capital superaban el 60% de las preferencias.

Pero a medida que avanza el conteo comienzan a ingresar las actas físicas provenientes de zonas rurales, del sur andino y de territorios de difícil acceso. Estas actas tardan más en llegar, muchas veces transportadas por vías complejas como rutas fluviales, caminos precarios o incluso vuelos especiales. Y es justamente ahí donde el panorama en estas regiones cambia. Históricamente votan por opciones de izquierda.

Casos como Puno, Apurímac o Ayacucho son ilustrativos,pues Sánchez arrasa con porcentajes abrumadores, sobre el 70 e incluso el 80% en algunos departamentos. Incluso hacia el norte, en regiones como Amazonas, el candidato de izquierda logra ventajas importantes. Esto no solo explica el cambio en el resultado, sino que revela una profunda desconexión entre el Perú urbano y el Perú rural.

Ahora bien, también cabe destacar que de los más de 27,3 millones de peruanos convocados a las urnas, el 24,28% no asistió a votar. Si bien el voto es obligatorio, la multa es bastante baja en relación, por ejemplo, al caso chileno. Este nivel de abstención introduce un elemento adicional de análisis sobre la legitimidad social del proceso y el desapego de una parte importante de la ciudadanía frente a la política.

Por otro lado, a medida de que el conteo se acerca al final, el proceso se vuelve aún más lento y complejo, principalmente por las actas observadas, todos esos documentos con errores, inconsistencias o impugnaciones que no pueden ser incorporados inmediatamente al cómputo. Estas actas deben ser revisadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE), lo que introduce una dimensión jurídica al conteo. En un escenario de empate técnico, cada acta se convierte en un elemento decisivo.

En paralelo, el voto en el extranjero se posiciona como un factor que podría mover las balanzas. Representa cerca del 4% del padrón electoral y son cerca de 1 millón de votos que históricamente favorecen a Fujimori. Estos votos llegan a través de valijas diplomáticas y se incorporan en las etapas finales del conteo. Las últimas deberían de llegar mañana 10 junio, lo que podría permitirle recortar la diferencia. Se estima que aún quedan entre 700 mil y 850 mil votos por contabilizar, lo que mantiene completamente abierto el desenlace.

Del llamado al respeto del proceso a la verdadera gobernabilidad

Mientras tanto, las declaraciones de los candidatos apuntan a la cautela. Fujimori ha llamado a la serenidad y a respetar los resultados, señalando que serán sus equipos legales los encargados de revisar cada acta. Sánchez, por su parte, se ha mostrado optimista, pero ha insistido en la necesidad de esperar el conteo total antes de sacar conclusiones. En ambos casos, el mensaje es que la elección aún no está definida.

Observadores internacionales también han intervenido en el debate. Marcela Ríos de Idea Internacional aseguró que existieron errores en el proceso, pero negó la existencia de fraude. El llamado es a respetar la institucionalidad en un contexto especialmente sensible. Las propias autoridades electorales ya anticiparon que el resultado definitivo podría tardar semanas, precisamente para garantizar una legitimidad incuestionable.

Pero más allá del resultado, el problema de fondo sigue intacto. Esta elección no resuelve la crisis estructural del sistema político peruano. La polarización, la debilidad de los partidos, la corrupción sistémica y la fragmentación del Congreso continúan siendo factores determinantes. La elección no cierra un ciclo, más bien expone con mayor claridad las tensiones acumuladas.

De cara a la gobernabilidad, el escenario es particularmente desafiante para ambos candidatos y abre múltiples interrogantes sobre la estabilidad futura del país.

De ganar, Fujimori contaría con una base parlamentaria más sólida, lo que le permitiría articular alianzas y bloquear intentos de destitución, una herramienta que el Congreso ha utilizado con frecuencia en los últimos años. Sin embargo, esa misma fortaleza podría tensionar aún más la relación con sectores que desconfían de una eventual concentración de poder, especialmente considerando los antecedentes del fujimorismo en la política peruana. Su desafío no sería solo gobernar, sino también construir legitimidad en un país profundamente dividido.

Sánchez, en cambio, enfrentaría un escenario aún más complejo. Con un Congreso fragmentado y mayoritariamente adverso, su margen de acción sería limitado desde el primer día. La posibilidad de impulsar reformas estructurales, como cambios constitucionales o políticas económicas de mayor intervención estatal que ha prometido, dependería de su capacidad para negociar con fuerzas políticas que no necesariamente comparten su programa. En ese contexto, el riesgo de bloqueo legislativo, parálisis institucional o eventualmente una “moción de censura” es alto. 

A esto se suma a la fragilidad del sistema de partidos en Perú. Las agrupaciones políticas carecen de cohesión interna y disciplina, lo que dificulta la construcción de mayorías estables. Esto obliga al Ejecutivo a negociar constantemente, muchas veces en condiciones de alta volatilidad, donde los acuerdos pueden romperse con facilidad. La gobernabilidad, por tanto, no dependerá únicamente del resultado electoral, sino de la capacidad del próximo presidente para tejer alianzas, contener conflictos sociales y responder a demandas urgentes en un contexto económico y sanitario aún complejo.

Perú vuelve a enfrentarse a su propia paradoja institucional, un sistema donde el Congreso concentra el poder político, pero no asume la responsabilidad de gobernar, y donde el Ejecutivo permanece constantemente bajo amenaza. Una elección que, lejos de resolver la inestabilidad, podría marcar el inicio de una nueva etapa de tensión e incertidumbre.