La primera medición del Centro de Estudios Públicos (CEP) durante el gobierno del Presidente José Antonio Kast arrojó que un 34% de los encuestados aprueba la forma en que el Mandatario conduce su administración, mientras que un 52% la desaprueba, un 9% no aprueba ni desaprueba y un 5% no sabe o no responde.
La coordinadora de Opinión Pública del CEP, Sandra Quijada, destacó que en comparación con la última medición del gobierno anterior, “hay una disminución en la desaprobación, que cae 10 puntos porcentuales, y un aumento en la aprobación de 28% a 34%, siempre considerando que este es un gobierno nuevo y parte la medición del gobierno del Presidente Kast con esta primera encuesta“.
En paralelo, el sondeo consultó por la evaluación retrospectiva de la administración de Gabriel Boric, cuya gestión obtuvo un 33% de aprobación y un 58% de desaprobación, mientras que un 7% no aprobó ni desaprobó y un 3% no respondió.
Esta primera encuesta fue realizada entre el 18 de abril y el 27 de mayo de este año. Un período que estuvo marcado por hitos que recalcaron en la presentación de los resultados tales como el envío del proyecto de ley para la reconstrucción, la polémica por el instructivo presupuestario de 2027, la caída del Imacec y del PIB, el cambio de gabinete, la aprobación de la idea de legislar la megareforma tributaria y la controversia generada por las declaraciones del Ejecutivo sobre una promesa migratoria de campaña.
Dudas sobre las promesas de campaña
En el plano político, la encuesta mostró que un 66% de los consultados prefiere líderes que privilegien los acuerdos, aunque deban ceder posiciones, frente a un 28% que opta por autoridades que defiendan sus posturas incluso si ello impide alcanzar consensos.
Sin embargo, al preguntar específicamente por el Presidente Kast, un 51% considera que no tiene disposición a escuchar y llegar a acuerdos con la oposición, mientras que un 44% estima que sí existe esa disposición.
Respecto del cumplimiento de los compromisos de campaña, el estudio reveló una percepción mayoritariamente escéptica. Un 39% declaró tener poca confianza en que el Mandatario cumpla sus promesas y un 28% afirmó no tener ninguna confianza, mientras que solo un 21% manifestó bastante confianza y un 10% mucha confianza.
La percepción sobre la situación política también mostró una moderación respecto de la medición anterior. El porcentaje de personas que califican el escenario político como malo o muy malo disminuyó de 61% a 52%, mientras que quienes lo consideran regular aumentaron de 28% a 34%.
Empeoran las expectativas económicas
En materia económica, la encuesta reflejó un deterioro en las percepciones sobre el presente y el futuro del país. Solo un 11% calificó la situación económica nacional como buena o muy buena, cifra inferior al 16% registrado en la medición previa, mientras que un 43% la evaluó como regular y un 45% como mala o muy mala.
Las expectativas para los próximos 12 meses también cambiaron. El porcentaje de personas que cree que la situación económica del país empeorará aumentó de 15% a 31%, mientras que quienes piensan que permanecerá igual descendieron de 51% a 33%.
El estudio abordó además la situación de las finanzas públicas y las prioridades ciudadanas para enfrentarla. Un 54% considera que el nivel de deuda pública de Chile es muy o bastante grave, mientras que un 26% lo estima poco o nada grave.
Consultados sobre la estrategia del Gobierno de reducir el gasto público para mejorar las cuentas fiscales, un 41% manifestó estar en desacuerdo, frente a un 34% que la respalda.
Al revisar las medidas prioritarias para fortalecer las finanzas públicas, la opción con mayor respaldo fue reducir el gasto en la administración del Estado, mencionada por un 83% de los encuestados entre sus dos principales preferencias. Muy por detrás aparecen aumentar impuestos (32%), reducir programas sociales (28%) y disminuir la inversión pública en infraestructura (27%).
Asimismo, un 49% sostuvo que el Gobierno debería realizar mayores esfuerzos para contener el alza de los combustibles aunque ello deteriore las finanzas públicas, mientras que un 17% cree que la situación fiscal impide adoptar ese tipo de medidas.
