Fiscalía de Valparaíso abre investigación contra embajador Zaliasnik por vínculos con Luis Hermosilla

La acción judicial fue impulsada por los parlamentarios socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini tras revelaciones periodísticas sobre presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y espionaje político.

La acción judicial fue impulsada por los parlamentarios socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini tras revelaciones periodísticas sobre presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y espionaje político.

La Fiscalía de Valparaíso acogió una denuncia presentada por el diputado Daniel Manouchehri (PS) y la senadora Daniella Cicardini (PS) contra el embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, tras la difusión de conversaciones que este último habría sostenido con Luis Hermosilla, figura central del denominado caso Audio. Los parlamentarios socialistas solicitaron investigar posibles delitos derivados de esos diálogos entre ambos abogados, los cuales fueron expuestos por Reportea.

Según los denunciantes, los antecedentes que respaldan la acción judicial provienen de lo publicado por dicho medio. Subrayan que Zaliasnik integraba el círculo de abogados que se coordinaba con Hermosilla en asuntos sensibles vinculados al segundo mandato de Sebastián Piñera. De esta forma, el Ministerio Público abrió una investigación contra la recientemente designada autoridad luego de acoger este miércoles la iniciativa de los legisladores.

Los antecedentes incluidos en la denuncia, ingresada el pasado lunes 8 de junio, apuntan a eventuales delitos como malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias e interceptación ilegal de comunicaciones. Entre los hechos denunciados, destaca una solicitud explícita para acceder a gastos reservados del Estado con el objetivo de financiar una defensa penal privada.

A lo anterior se suman gestiones de honorarios a través de la entonces presidenta del directorio de ENAP, en paralelo a un contrato con esa misma empresa estatal en 2020; intervención en nombramientos judiciales y peticiones de fallos favorables; además de solicitudes de interceptación de teléfonos y seguimientos ilegales contra dirigentes políticos de oposición, sin mediar orden judicial.

Al respecto, la senadora Cicardini señaló que “las revelaciones del caso Hermosilla que involucrarían al nuevo embajador en Israel apuntan a hechos gravísimos: eventual uso de gastos reservados para defensas penales, presiones sobre el Poder Judicial y espionaje político”.

“Eso sí daña la democracia y la confianza en las instituciones. Por eso presentamos esta denuncia, para que estos hechos se investiguen”, enfatizó.

En esa misma línea, el diputado Manouchehri afirmó que “las conversaciones entre Hermosilla y Zaliasnik no son un simple chat privado. Revelan presuntos usos de recursos públicos, influencias en jueces y espionaje político para proteger a los suyos y perseguir adversarios. Esto es demasiado grave para quedar reducido a una explicación comunicacional”.

Manouchehri agregó que “el Gobierno debe explicar por qué nombró embajador a una persona vinculada a antecedentes de esta gravedad. Eso no es un error de criterio, es un patrón”.

Ambos parlamentarios solicitaron formalmente la apertura de esta indagatoria penal, con el fin de que se realicen las diligencias necesarias para verificar si los chats entre Zaliasnik y Hermosilla son auténticos, y que se persiga legalmente a todos quienes resulten responsables de los eventuales delitos expuestos.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.





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