La esperanza que mantenía Carmen Rojas de revertir el cierre de la causa por la muerte de su hijo terminó esta semana en la Corte Suprema. El máximo tribunal rechazó el último recurso presentado por la familia de Aníbal Villarroel, joven fallecido durante el primer aniversario del estallido social. En medio de ese escenario, la madre del joven valoró el proyecto ingresado por parlamentarios de oposición para derogar aspectos de la Ley Naín-Retamal, normativa que fue aplicada de forma retroactiva en el caso.
“Con gran tristeza porque después de tanto tiempo había una pequeña esperanza de que esto fuera revocado y nos dan otra vez con la puerta en las narices. Entonces, triste, pena y desconsuelo”. Así recibió Carmen Rojas la noticia de que la Corte Suprema rechazó el recurso de queja presentado por la familia de Aníbal Villarroel, decisión que deja firme el cierre de la investigación por la muerte del joven.
La resolución ratifica lo resuelto anteriormente por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que aplicó de forma retroactiva la Ley Naín-Retamal en una causa que involucraba al teniente de Carabineros Joaquín Ignacio Muñoz Vásquez, identificado por un peritaje balístico de la PDI como autor del disparo que terminó con la vida de Villarroel.
Para la madre del joven, el fallo vuelve a instalar dudas sobre el acceso a la justicia. “La justicia aquí es solo para quien puede poner abogados particulares, para los ricos, y los pobres tenemos que simplemente aguantarnos con lo que diga la Corte”, enfatizó.
Según relató, la decisión de la Suprema también cerraría otras vías judiciales que la familia evaluaba: “Eso bloquea también la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional”.
El fallo coincidió con la presentación de un proyecto de ley impulsado por diputadas y diputados de oposición que busca derogar artículos de la Ley Naín-Retamal, entre ellos la legítima defensa privilegiada para funcionarios policiales y modificaciones vinculadas al delito de apremios ilegítimos.
La diputada Lorena Pizarro (PC) señaló que existen normas que “hoy dejan en la indefensión a la población civil”, mientras que Nathalie Castillo afirmó que “hoy tenemos una norma que raya en la impunidad”.
“Sería fantástico que se lograra eliminarla porque así como el caso de Aníbal, hay muchos casos de impunidad que están determinados por esta ley”, puntualizó Rojas. “Así como a Aníbal, hay muchos casos que están en la misma situación y que se están aferrando por esta ley para cerrarlos simplemente”, agregó.
La iniciativa generó una rápida respuesta desde Renovación Nacional. El jefe de bancada de los diputados RN, Diego Schalper, defendió la legislación y acusó que su derogación afectaría el combate contra el crimen organizado.
El parlamentario anunció además la presentación de una propuesta denominada “Ley Naín-Retamal 2.0” para fortalecer la protección legal a funcionarios policiales.
Con las vías judiciales prácticamente agotadas en Chile, la familia busca orientación sobre los pasos que aún podría seguir. “Ahora estoy viendo la posibilidad de comunicarme directamente con el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos para ver qué respuestas él me da”, señaló Carmen Rojas.
La madre de Aníbal asegura que todavía no toma una decisión sobre eventuales acciones en instancias internacionales. “Esa información me deja de brazos cruzados”, reconoció sobre la resolución de la Corte Suprema.
