En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el exsubsecretario del Interior y abogado constitucionalista, Jorge Correa Sutil, se refirió a las últimas medidas anunciadas por el Gobierno en materia de migración. Además, abordó la propuesta del Registro de Vándalos e Incivilidades y la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.
En primer lugar, analizó la reforma constitucional que busca impulsar el Ejecutivo para ampliar de cinco a 60 días el plazo de retención de migrantes irregulares con órdenes de expulsión pendientes. Destacó que tiene posibilidad de prórroga hasta 180 días y que es necesario considerar las condiciones de privación de libertad en que se mantendrían esas personas.
“Para tener 180 días o 60 días a personas migrantes, a mujeres con niños, a hombres, etc., usted tiene que, al menos, garantizar lugares que puedan segregar a hombres y mujeres; si no, van a haber abusos sexuales gravísimos. Tiene que asegurar lugares adecuados para niños, agua, alimentación, camas, porque supongo que no los van a tratar en completa indignidad. Eso implica construir cárceles, en otras palabras”, profundizó.
En línea con lo anterior, cuestionó: “¿Hay plata o no hay plata? ¿Se van a construir cárceles en el norte, en medio del desierto, con gendarmes, con los cuidados, con la producción de agua, de baños, etc., etc., para que las personas estén ahí?”.
Correa señaló que, a su juicio, lo que busca el Ejecutivo es “juntar gente para poder enviar (vuelos) charter, eso es todo. O sea, usted no necesita tenerlos 60 días para expulsarlos, necesita dos días para expulsarlos. Lo que no quieren es mandarlos en un avión comercial fuera de Chile, porque les puede salir un poco más caro. Y la pregunta es si no les va a salir más caro la construcción de las cárceles”.
Calificó la medida como “un despropósito, una cosa tirada de las mechas, destinada a producir más popularidad, pero que no tiene ninguna viabilidad real”.
El abogado constitucionalista indicó que detrás de esta medida “lo que hay es una pérdida de libertad, y eso sin un ilícito que lo merezca, que haya sido investigado y sancionado por un juez”.
“Es bien loco. Eso se llama campos de concentración y de prisioneros. Póngale el nombre que usted quiera, lo van a llamar campos de concentración, y los otros lo van a llamar lugares de retención”, expuso.
“El hecho concreto es que es privación de libertad. Y la pregunta es, ¿con qué condiciones compatibles con la dignidad humana? Porque una cosa es que sean extranjeros, y otra cosa es que no sean personas, ¿no?”, planteó.
La exautoridad enfatizó que: “Más que una crítica moral, me parece a mí que hay que preguntarles, ¿oiga, señor, usted va a construir cárceles? ¿O vamos a transformarnos en animales que tratan indignamente a estas personas? ¿Los vamos a tratar con dignidad? Ok, entonces hay que construir una cárcel, pues”.
“Siempre está el riesgo de transformar a un grupo en enemigo de la patria. Eso ocurrió muchas veces en la historia; ocurrió en la historia de Chile, y yo creo que estamos al borde de construirlo nuevamente en Chile, sobre la base de imaginarnos que los migrantes son todos miembros de bandas criminales peligrosísimas, cuando la vasta mayoría son personas que han huido de lugares en los que su vida estaba en peligro, o no veían ningún horizonte de desarrollo personal, y han migrado. Por lo tanto, tenemos que ser estrictos, pero también tener una cierta compasión humana, porque si no, nos transformamos nosotros en indignos”, aseveró el abogado.
Registro de Vándalos
Respecto a la propuesta de crear un Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades que busca impulsar el Gobierno, el exsubsecretario del Interior aseguró: “Me parecen muy torpes las sanciones”.
Asimismo, afirmó que no tiene sentido sancionar personas jóvenes con el retiro de la PGU y que quitar la gratuidad “impulsa carreras delictuales”.
“Estos anuncios no van a pasar, son anuncios para la galería, pero que no tienen posibilidad porque el Gobierno no tiene la mayoría para hacer reformas constitucionales”, advirtió el abogado.
AC contra Grau
En cuanto a la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, Correa Sutil cuestionó que “estimar mal los ingresos fiscales para un ministro de Hacienda es un error que merece crítica y puede merecer repudio, pero no veo la infracción de ley”.
“Por ejemplo, se dice que esto infringe los principios, la acusación dice, ‘esto infringe la probidad e infringe la transparencia’. Bueno, la transparencia no la puede infringir porque los informes eran públicos. O sea, los informes fueron conocidos por el ministro, pero también por el Congreso Nacional. Y el Congreso sabía que había una discordancia entre la estimación del ministro y la estimación del FMI. Entonces, la infracción también la habría cometido el Congreso Nacional”, sostuvo el abogado.
En la misma línea, aseguró que tampoco diagnostica un problema con la probidad, porque “el ministro no mintió, no dijo, ‘mire, el FMI dijo que la estimación tenía que ser 15 y yo la escondí y dije 10’. No, el ministro hizo una estimación distinta al FMI y se equivocó. Por lo tanto, es criticable, pero no es un ilícito”.
