La Contraloría rechazó el reglamento corregido del Ministerio de Transportes para la Ley Uber al considerar que carece de fundamentos técnicos y no se sometió a consulta pública. El organismo objetó la flexibilización de los requisitos de entrada para los puestos de trabajo en aplicaciones de transporte.

El Gobierno buscaba reducir las barreras de entrada, flexibilizar la operación y evitar efectos negativos en el empleo con el nuevo reglamento para la Ley Uber. Entre las medidas, se establecían menos obstáculos para los nuevos conductores, como el aumento de los años de antigüedad permitido para los vehículos, la eliminación de requisitos sobre cilindrada y potencia del motor, además de facilitar el reemplazo de conductores registrados.

Sin embargo, la Contraloría emitió un pronunciamiento sobre el reglamento corregido que ingresó el Ministerio de Transportes. Mediante un oficio dirigido al ministro Louis de Grange, la contralora Dorothy Pérez respondió que no dieron “curso al documento del epígrafe, que modifica el decreto supremo N° 212”. La razón, según explica el organismo, es que “el acto administrativo en estudio elimina, modifica y disminuye exigencias técnicas aplicables a los vehículos destinados a prestar a la ciudadanía los servicios de taxi (…) sin que consten los fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos que justifiquen tales medidas, ni las razones por las cuales no se sometieron a consulta pública”.

El documento de la Contraloría añade que “resulta menester que tal decisión se encuentre debidamente fundada en razones fácticas, técnicas y jurídicas debidamente acreditadas, que justifiquen plenamente su adopción, máxime si ello redunda directamente en el estándar mínimo exigible a otros servicios de transportes”. De este modo, el organismo fiscalizador objetó la falta de justificación técnica y la ausencia de consulta pública en el proceso.