La acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau sumó este viernes nuevas críticas desde el oficialismo y la academia. Mientras el Frente Amplio llamó a frenar el libelo en la Cámara de Diputadas y Diputados, especialistas advirtieron que los argumentos contenidos en el texto apuntan más a cuestionamientos políticos que a responsabilidades constitucionales.
La acción fue ingresada esta semana por diputados de los partidos Republicano y Nacional Libertario y cuenta con el respaldo de sectores de oposición. El documento acusa a Grau de haber incumplido deberes constitucionales y legales durante su gestión en Hacienda, apuntando a errores en las proyecciones fiscales y observaciones realizadas por el Consejo Fiscal Autónomo.
El escenario en la Cámara sigue abierto. Si el Partido de la Gente respalda la iniciativa, como han sugerido públicamente algunos de sus dirigentes, la acusación podría reunir los votos necesarios para avanzar al Senado.
Desde el Frente Amplio, la diputada Gael Yeomans llamó a rechazar el libelo y acusó que sus impulsores buscan abrir un precedente que podría terminar afectando a futuras autoridades. “Esta acusación constitucional contra el exministro Grau que presenta el Partido Nacional Libertario, que arrastró ya al Partido Republicano y pretende arrastrar al resto de la derecha, lógicamente tenemos que frenarla en la Cámara de Diputados porque va a traer un boomerang”, aseguró.
“El argumento que se usa hoy perfectamente lo podemos usar el día de mañana en contra del ministro Quiroz si es que hay un error en la proyección de las cifras de crecimiento económico, del manejo de la deuda fiscal y las que efectivamente se ven en la práctica el próximo año”, agregó.
La parlamentaria cuestionó las prioridades de quienes impulsan la acusación e hizo un llamado “al sentido común, a la sensatez, a no perder el tiempo y a poner el foco en lo que se supone que a ellos les importa, que es la seguridad”.
Desde la academia, en el marco del Panel de Conversación de la primera edición de Radioanálisis, el investigador asociado de Faro UDD, Rodrigo Pérez de Arce, sostuvo que el contenido del libelo contiene cuestionamientos legítimos sobre la gestión económica del gobierno anterior, pero no elementos suficientes para justificar una acusación constitucional.
“Si uno mira la acusación, son reproches políticos, reproches políticos que son muy válidos. Uno puede creer que la política económica y fiscal del gobierno anterior fue una mala política. Yo creo que fue un gobierno, en términos económicos, más bien mediocre. Pero eso no implica que uno tenga que hacer el reproche constitucional”, afirmó.
“Nuestra acusación constitucional no es un juicio político, no es un juicio de si nos gusta más o nos gusta menos lo que hizo esa persona, este ministro en este caso, sino que es un reproche bien particular, que yo creo que no cumple el estándar requerido”, detalló.
Para Pérez de Arce, la presentación responde más a una lógica de confrontación política que a una discusión constitucional. “Creo que la institución de las acusaciones constitucionales se transformó ya no en la herramienta útil que puede ser en ciertos casos, sino que se transformó en un terreno de disputa política con el cual se le hacen puntos al adversario”, puntualizó.
Una mirada similar expresó el académico de la Facultad de Gobierno de nuestra casa de estudios, Alejandro Olivares, quien puso el foco en las dificultades que enfrentaría la iniciativa en el Senado. “En general uno no debiese, cuando está en política, promover acciones sobre las cuales no tiene los votos”, señaló.
“Hoy, si bien los senadores no pueden pronunciarse porque son jueces al final, al parecer no hay consenso y no están por apoyarlo”, agregó. En esa línea, Olivares sostuvo que el riesgo es terminar debilitando una herramienta que fue concebida para circunstancias excepcionales.
