Dos proyectos ingresados con suma urgencia por el Gobierno abrieron una nueva controversia en materia migratoria. Mientras el Ejecutivo busca ampliar los plazos de retención de extranjeros con orden de expulsión y sancionar el transporte de personas en situación irregular, organizaciones migrantes acusan un endurecimiento de la política migratoria y advierten riesgos para los derechos humanos.

La discusión se instaló esta semana luego de que el Ejecutivo ingresara al Congreso una reforma constitucional que amplía de cinco a sesenta días el plazo de retención de personas migrantes con orden de expulsión, período que podría extenderse hasta por 180 días mediante prórrogas. A ello se suma un segundo proyecto que crea sanciones penales para quienes trasladen o transporten personas en situación migratoria irregular dentro del territorio nacional.

La respuesta de las organizaciones migrantes no tardó. A través de una declaración pública, la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Pro Migrantes sostuvo que ambas iniciativas profundizan una mirada centrada en la sanción y el control.

“El gobierno chileno ha decidido que la respuesta a la migración irregular pasa por la Constitución y el Código Penal”, señala el documento.

La organización cuestionó especialmente el aumento de los plazos de retención, argumentando que la medida transforma una herramienta excepcional en una práctica permanente. “Los organismos de derechos humanos son claros: la migración irregular es una falta administrativa, no un delito. Por tanto, la privación de libertad por esta causa debe ser el último recurso”, plantea la declaración.

A juicio de la red, el proyecto no solo aleja a Chile de los estándares internacionales en la materia, sino que instala una lógica donde la protección de derechos queda subordinada a los objetivos de control migratorio.

Otro de los puntos que concentra las críticas es la iniciativa que sanciona el traslado de personas migrantes en situación irregular. Según las organizaciones, la redacción del proyecto es lo suficientemente amplia como para afectar acciones de apoyo comunitario o asistencia humanitaria.

“El derecho internacional distingue claramente entre el tráfico ilícito de migrantes —que debe ser perseguido penalmente— y las acciones de naturaleza humanitaria o solidaria. Este proyecto, con su redacción amplia, borra esa distinción”, sostiene el documento.

El vocero del Movimiento Acción Migrante (MAM) Eduardo Cardoza, afirmó que el problema de fondo no se resolverá con nuevas sanciones. “Consideramos que esto no contribuye justamente a la verdadera solución del tema de la irregularidad migratoria que tanto el Gobierno llama a solucionar”, señaló.

Cardoza sostuvo además que muchas personas permanecen en condición irregular pese a tener la voluntad de regularizar su situación y desarrollar su vida en el país. “Si el Estado no favorece la regularidad, lo que está haciendo es generando irregularidad”, puntualizó Cardoza.

En esa línea, cuestionó el concepto con que habitualmente se aborda el fenómeno migratorio: “Cuando hablamos de personas irregulares tendríamos que hablar de personas irregularizadas”.

La declaración también advierte que este tipo de medidas pueden tener consecuencias más amplias que las estrictamente jurídicas. Entre ellas menciona el fortalecimiento de discursos xenófobos y la asociación de la migración con fenómenos de inseguridad.

Para las organizaciones, el desafío migratorio requiere respuestas distintas a las planteadas por el Ejecutivo. En lugar de ampliar facultades de detención o crear nuevas figuras penales, llaman a fortalecer mecanismos de regularización, cooperación regional y políticas de integración.

“Blindar constitucionalmente la detención prolongada y criminalizar la solidaridad no nos hará más seguros. Solo nos hará menos humanos”, concluye la declaración.