La seguridad pública se ha transformado en uno de los principales ejes de la discusión política en Chile y América Latina. Para el politólogo y académico de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Juan Pablo Luna, este fenómeno responde tanto a una preocupación ciudadana legítima como a una dinámica política que puede generar efectos complejos sobre la democracia y la capacidad de los estados para responder a los problemas de fondo.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el investigador sostuvo que la creciente relevancia del tema no es exclusiva de Chile, sino que forma parte de una tendencia regional que se ha profundizado tras la pandemia. “Lo que hemos visto en los últimos años ha sido un reforzamiento de esta lógica y una mayor preocupación ciudadana por razones atendibles. El tema de la seguridad se ha vuelto el tema central de la disputa política. Esto es algo que vemos a nivel de toda la región, con la excepción quizás de Argentina, donde la inflación ha dominado el debate, pero en el resto de América Latina existe una creciente presión sobre los sistemas políticos para resolver los problemas de seguridad que afectan a la ciudadanía”, explicó.

Sin embargo, Luna advirtió que cuando la seguridad monopoliza la agenda pública, otras áreas relevantes para el desarrollo social comienzan a quedar subordinadas a esa discusión. “Distintas políticas sectoriales y distintos beneficios sociales empiezan a condicionarse en función de criterios asociados a la seguridad. Ese es un buen ejemplo de cómo estos temas terminan condicionando otros ámbitos de política pública que son centrales para la ciudadanía”, señaló.

El académico afirmó que este fenómeno puede derivar en dilemas complejos para las democracias contemporáneas. A su juicio, el caso más extremo en la región es el de El Salvador, donde la respuesta al problema de las pandillas ha significado restringir libertades fundamentales. “Cuando la seguridad se toma la agenda empezamos a tener dilemas normativos muy complicados. La solución que se ha planteado en algunos países termina canjeando libertades civiles que son consustanciales a la democracia por una mayor sensación de seguridad”, indicó.

Para Luna, la disposición de parte de la ciudadanía a respaldar medidas más autoritarias no puede entenderse únicamente desde la preocupación por la delincuencia, sino también desde el desgaste acumulado de los sistemas democráticos de la región. “Tenemos democracias que funcionan en contextos de alta desigualdad, con fenómenos persistentes de corrupción y niveles significativos de violencia. Al mismo tiempo, la ciudadanía observa élites políticas cada vez más desconectadas de sus problemas cotidianos”, sostuvo.

En ese contexto, afirmó que el deterioro de la confianza en las instituciones no resulta sorprendente. “La ciudadanía percibe que las élites políticas no han sido capaces de resolver problemas relevantes. Eso abre espacio a liderazgos populistas, pero también genera sistemas políticos cada vez más ineficaces para sostener su legitimidad”, dijo.

Según el académico, esta situación explica por qué los gobiernos enfrentan períodos de respaldo cada vez más breves. “Lo que vemos son lunas de miel cada vez más cortas. Alguien gana una elección con más del 50% de los votos y rápidamente se encuentra con su incapacidad para gobernar y para cumplir las expectativas que ayudó a construir durante la campaña”, afirmó.

Luna también cuestionó la lógica electoral que se ha instalado en torno a la seguridad, donde los distintos sectores políticos compiten por mostrarse más duros frente a la delincuencia. “Se genera una competencia política para ver quién promete más mano dura, quién logra aparecer como más efectivo frente al crimen. Muchas veces se hacen promesas imposibles de cumplir y se construyen expectativas que luego terminan frustrando aún más a la ciudadanía”, señaló.

A su juicio, esa dinámica termina debilitando las capacidades institucionales necesarias para enfrentar fenómenos cada vez más complejos. “El problema de seguridad que enfrenta Chile requiere menos estridencia y más gestión pública. Requiere coordinación entre distintas instituciones del Estado y políticas de largo plazo”, sostuvo.

El investigador agregó que esta lógica también contribuye a erosionar la confianza en organismos clave para el combate de la delincuencia. “Cuando todo se transforma en conflicto político, cuando se explotan permanentemente los escándalos y se judicializa la política o se politiza la justicia, se termina minando la confianza institucional. Y eso ocurre justamente cuando más necesitamos instituciones sólidas para enfrentar fenómenos criminales cada vez más sofisticados”, indicó.

Finalmente, Luna planteó que uno de los efectos más preocupantes de esta situación es el alejamiento progresivo de sectores importantes de la población respecto de las instituciones formales. “Mientras el sistema político permanece atrapado en una pelea permanente, una proporción creciente de la población, especialmente de los jóvenes, empieza a salir con los pies del sistema. Se desentiende de la política, de la legalidad y de las promesas de movilidad social asociadas a la educación o al trabajo formal”, advirtió.

El académico sostuvo que el crecimiento de los mercados ilegales e informales está generando nuevas formas de integración económica y social para personas que no encuentran oportunidades dentro de los canales tradicionales. “Tenemos dificultades para incorporar a sectores relevantes de la población a través de la economía formal y, al mismo tiempo, aparecen mercados ilegales que ofrecen retornos económicos atractivos. Eso es parte de lo que estamos viendo en Chile y en buena parte de América Latina”, concluyó.