Los partidos de oposición sostuvieron este lunes una reunión de coordinación en la que acordaron explorar un canal de diálogo con el Ejecutivo para abordar la tramitación de la megarreforma en el Senado. Al mismo tiempo, analizaron acciones legales frente a los recortes presupuestarios impulsados por el Ministerio de Hacienda, especialmente en el área de salud.

Uno de los acuerdos fue elaborar una propuesta alternativa que permita enfrentar la discusión legislativa con una postura común. El presidente del PPD, Raúl Soto, afirmó que la oposición buscará “presentar propuestas al Ejecutivo de manera concreta y propositiva, para abrir un canal de diálogo que permita no solamente negarnos al actual proyecto tal cual viene de la Cámara y ahora empieza su tramitación al Senado, sino decirle al país que también somos capaces de mostrar un proyecto alternativo que genere crecimiento, que genere empleo, que genere inversión, pero también que lo haga en condiciones de justicia social, de equidad y tomando ciertos resguardos que el actual proyecto no tiene”.

En paralelo, los dirigentes analizaron la posibilidad de presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para impugnar los decretos de recorte presupuestario.

Soto explicó que “no hay aún una decisión política, pero hay algunos aspectos técnicos que ya empiezan a dar luz respecto de cuáles son posibles caminos que se podrían seguir“. Además, señaló que su sector evalúa “la posibilidad de impugnar y eventualmente frenar los decretos de recorte presupuestario, especialmente en materias sensibles para el país como son en salud”.

El timonel del PPD sostuvo que existe preocupación por el efecto de estas medidas sobre la red asistencial. “Estamos muy preocupados por las consecuencias que estos recortes en salud, especialmente en los hospitales, pueden provocar en la salud pública de nuestro país“, indicó.

Soto expuso que, a juicio de la oposición, reducir recursos mediante decretos “es desconocer la Ley de Presupuestos de la Nación que se aprobó en un debate democrático en el Congreso Nacional”, lo que “afecta al principio democrático, afecta el Estado de Derecho y nos pone en un escenario de un presidencialismo sin límite”.

Respecto de la iniciativa del Ejecutivo, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, reiteró el rechazo de su colectividad y aseguró que incluso exautoridades de administraciones de derecha han manifestado reparos sobre sus efectos. “Habían personeros o expersoneros de gobiernos de derecha que ni siquiera se están escuchando por el propio gobierno, planteando la dificultad que tiene este proyecto para cumplir lo que promete en materia de crecimiento y empleo“, sostuvo.

Martínez agregó que persisten dudas sobre el contenido de la propuesta y afirmó que “todavía tenemos interrogantes respecto a este mal proyecto de ley que retrocede en cerca de 40 años una discusión pública sobre desigualdad, y sobre la necesidad de que quienes ganan más puedan pagar más para sostener los derechos y avances que ha logrado el pueblo de Chile”.

La reunión también dejó críticas al rol del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. El diputado Soto sostuvo que su liderazgo “se ha debilitado de forma importante” y que “más que un ministro de Hacienda con estatura de Estado, se ha transformado en un verdadero soldado de la batalla ideológica y cultural“.

En ese contexto, señaló que la oposición evalúa que los futuros interlocutores para el diálogo con el Ejecutivo sean los ministros Alvarado y García Ruminot, argumentando que Quiroz “genera bastante desconfianza por las declaraciones que ha realizado“.