El debate sobre Becas Chile vuelve a instalarse con una lógica aparentemente simple: el Estado financió estudios en el extranjero, por lo tanto, los becarios deben regresar o devolver los recursos. Es una afirmación intuitiva, pero incompleta. La pregunta relevante no es si debe existir retribución —en eso hay acuerdo amplio— sino cómo se define y mide esa retribución en la práctica. Y ahí está el problema central: durante casi dos décadas, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID, ex CONICYT) ha asociado el cumplimiento exclusivamente a la presencia física en el territorio nacional. Vivir en Chile equivale a retribuir. No vivir en Chile equivale a incumplir. Esa ecuación ignora cómo funciona la ciencia contemporánea y cómo se genera valor para un país a partir del conocimiento avanzado.
Desde 2008, Becas Chile ha financiado a más de 10 mil personas en las mejores universidades del mundo. La propia ANID reconoce que Chile tiene apenas 1,3 investigadores por cada mil trabajadores, frente a un promedio OCDE de 9,2 (Ministerio de Ciencia, Programa en reformulación 2024, p. 2). La inversión en capital humano avanzado es una de las pocas palancas disponibles para cerrar esa brecha. Desperdiciarla con un mecanismo de retribución mal diseñado es un lujo que el país no puede darse.
El problema estructural es conocido desde hace tiempo. Ya en 2011, la OCDE advertía que, sin una estrategia de reinserción laboral, “el dinero invertido se podría perder”, criticaba las medidas coercitivas para obligar el retorno y recomendaba aprender del modelo coreano: aprovechar a los investigadores dispersos en el mundo como puentes de colaboración, no como deudores (OCDE, Programa Becas Chile, p. 15, p. 80). Quince años después, esas recomendaciones siguen sin implementarse.
La encuesta realizada en 2024 por la agrupación Investigadores Becas Chile (645 becarios) aporta evidencia concreta: el 95,3% ha realizado al menos una actividad de retribución verificable; el 65,7% ha desarrollado investigación directamente enfocada en Chile; el 60% colabora con instituciones académicas chilenas; el 20% ha obtenido financiamiento internacional para investigar sobre temáticas del país; y el 50% ha difundido a Chile en redes científicas internacionales (Reporte Encuesta Retribución 2024, p. 2). Ninguna de estas actividades aparece en los registros de ANID, porque la institución no las mide ni las reconoce.
Esto revela una paradoja concreta. Un investigador chileno en Harvard que codirige tesis en la Universidad de Chile, publica con coautores nacionales, y trae fondos internacionales a proyectos locales está, para efectos de ANID, en incumplimiento. Uno que regresó y se encuentra desempleado o trabaja en condiciones precarias o en un área ajena a su especialidad está, formalmente, cumpliendo. ANID solo reconoce la presencia geográfica, no el impacto. Lo único que cuenta es que viva en Chile, aun cuando el sistema no sea capaz de ofrecer condiciones laborales acordes con la formación que el propio Estado financió.
A esto se suma la dificultad de reinserción para quienes efectivamente retornan. Las universidades ofrecen pocas plazas permanentes, los centros de investigación tienen capacidades limitadas y la inversión nacional en I+D continúa entre las más bajas de la OCDE. Muchos becarios regresan para enfrentar desempleo prolongado, contratos precarios o empleos ajenos a su formación. Exigir el regreso sin garantizar oportunidades de inserción no fortalece el capital humano avanzado, simplemente desplaza el problema hacia los propios becarios. Si el objetivo era aumentar la capacidad científica, tecnológica y académica de Chile, la pregunta correcta es cuánto conocimiento, formación, innovación y redes internacionales se generaron gracias a esa inversión. Una política orientada a retribución efectiva protege mejor los intereses del contribuyente que una orientada exclusivamente al lugar de residencia.
Los intentos de reforma tampoco son nuevos. Una propuesta de 2018, liderada por Christian Nicolai (ex director ejecutivo del entonces CONICYT) y Alejandra Mizala (actual rectora de la Universidad de Chile), planteaba explícitamente un “contrato de retribución” individualizado, medible y orientado al impacto, que podrá realizarse en Chile, el extranjero o en ambos (Política Nacional de Formación de Capital Humano Avanzado, p. 12). En esa misma línea, el propio Ministerio de Ciencias impulsó una solución en 2021 solicitando declarar extinguidas todas las obligaciones de los becarios cuyas becas hubieran sido adjudicadas antes de 2014, reconociendo así el desorden institucional de ANID y el hecho de que el cobro de dichas obligaciones no era considerado recuperable ni beneficioso para el fisco (Oficio Ordinario N° 241 del Ministerio de Ciencias). Sin embargo, el decreto nunca fue dictado, frustrando expectativas legítimas de miles de becarios.
Lo que corresponde hoy no es perseguir a investigadores con deudas millonarias ni calificar como “fraude social” lo que en rigor es una falla de diseño de política pública. Como señala la Sociedad Internacional de Investigadores de Chile, “confundir un problema de diseño de la retribución con un ilícito es injusto con miles de investigadores que contribuyen al país” (Declaración Pública SICH, junio 2026, p. 1). Lo que corresponde es modernizar el sistema: crear mecanismos de seguimiento basados en actividades verificables, reconocer la retribución desde el extranjero cuando sea efectiva, y construir puentes reales entre los becarios y las instituciones chilenas que los necesitan.
La inversión pública en conocimiento avanzado debe medirse por el conocimiento producido, las personas formadas y las redes construidas. No por el sello de entrada en el aeropuerto.
