La defensa del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, ingresó al Congreso Nacional su respuesta a la acusación constitucional, tras la cual la comisión revisora adelantará las exposiciones con el fin de votar el libelo el próximo lunes o martes.
Tras conocer la respuesta del defensor Patricio Zapata, la diputada Marcela Hernando (Partido Radical), presidenta de la comisión, explicó que “todos los invitados para atender los temas técnicos también podrán ser consultados sobre el fondo de la acusación”.
Este martes el abogado Patricio Zapata será el primero en exponer desde las 10:30 horas. Mañana miércoles lo hará el exministro Mario Marcel.
Hernando añadió que “tenemos un listado de personas que está encabezado por el actual encargado de la Dirección de Presupuestos (Dipres), quien vendrá si es que acepta la citación porque es funcionario público y tiene una condición diferente. No lo invitamos, lo convocamos”.
Además, adelantó que “vamos a sesionar el jueves en la mañana y en la tarde en Valparaíso, y el viernes en la mañana tendremos una sesión extendida hasta las 13:00 o 14:00 horas”.
“Luego de eso, vamos a juntarnos el día lunes si es necesario para atender a algún invitado más, y si no, para resolver, debatir y votar”, cerró.
Contenido de la acusación
La acusación constitucional contra Nicolás Grau fue presentada por los diputados Álvaro Jofré, Ignacio Urcullú, Javier Olivares, Patricio Briones, Daniel Valenzuela, Cristóbal Urruticoechea, Francisco Orrego, Roberto Arroyo y Benjamín Moreno, junto a las diputadas Valentina Becerra, Gloria Naveillan y Paulina Muñoz.
En términos generales, los cuatro capítulos del libelo sostienen que Nicolás Grau habría infringido las normas que regulan la administración financiera del Estado, la programación financiera, el control financiero y los deberes de dirección superior que el ordenamiento jurídico asigna a quien conduce las finanzas públicas.
Asimismo, en materia de responsabilidad constitucional, se plantea que el exministro conocía o debía conocer las advertencias técnicas formuladas por el Consejo Fiscal Autónomo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Dirección de Presupuestos, pero que igualmente habría mantenido las proyecciones cuestionadas.
El primer capítulo lo acusa de infringir el artículo 8° de la Constitución Política, por la entrega de información fiscal inconsistente, vulnerando los principios de probidad, transparencia e integridad en la gestión financiera del Estado.
El segundo capítulo apunta a una infracción del artículo 3° del Decreto Ley 1.263, correspondiente a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, por una supuesta vulneración de los principios de unidad y coordinación que rigen dicha administración.
El tercer capítulo acusa al exministro de infringir el artículo 4° del mismo decreto ley, por la presunta omisión de obligaciones y compromisos financieros relevantes, en contravención al principio de universalidad presupuestaria.
Finalmente, el cuarto capítulo se refiere a una eventual infracción al artículo 5° del Decreto Ley 1.263, por vulnerar el deber de consistencia y coherencia de la programación financiera del Estado.
