El proyecto de ley que crea el Registro Único de Vándalos e Incivilidades fue ingresado por el Ejecutivo para su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados con suma urgencia. Una medida que instaló un intenso debate político y jurídico sobre el alcance de las sanciones, la proporcionalidad de las medidas y su eventual constitucionalidad.

La iniciativa forma parte de la agenda de seguridad del Gobierno y propone la creación de un registro administrado por el Registro Civil para personas condenadas o sancionadas por una serie de delitos e incivilidades que afecten el espacio público y la convivencia ciudadana.

En defensa del proyecto, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, explicó que no crea nuevas figuras penales, sino que incorpora consecuencias adicionales para conductas que ya están contempladas en la legislación.

“Lo que estamos haciendo es tomar delitos, incivilidades o cosas que están tipificadas en nuestra legislación y agregar una pena accesoria a eso. La pena es ingresar en este registro, que depende de la gravedad de la conducta y puede extenderse por cinco años, dos años, entre otros plazos”, señaló.

Respecto de las críticas por la eventual inclusión de actividades como bingos o loterías comunitarias, el secretario de Estado sostuvo que el objetivo es exigir el cumplimiento de la normativa vigente y que el Congreso podrá perfeccionar el texto durante su tramitación.

“Para hacer una colecta pública se necesita un permiso. Para hacer una manifestación pública se necesita un permiso de la autoridad. Para hacer loterías se necesita un permiso de la autoridad. Lo que estamos buscando es precisamente que se cumpla la ley. Habrá que discutir el mérito de cada una de esas cosas y si hay que modificar alguna otra ley, para eso existe esta institución“, defendió el ministro.

Desde el oficialismo y la oposición surgieron posiciones contrapuestas respecto de la iniciativa. El jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, defendió el objetivo del proyecto y sostuvo que busca establecer costos para quienes afectan la convivencia en las ciudades.

“Buscamos diferentes tipos de penalidades para que todos, independiente del lugar donde vivan o el lugar donde estén, vean costos asociados a actos de incivilidad y a actos de vandalismo, que creo que es un problema que tenemos al interior de nuestras ciudades”, expresó.

Respecto de las críticas por la eventual inclusión de bingos vecinales, Moreno llamó a no sobredimensionar el alcance de la propuesta. “Decir que este registro incorpora el organizar un bingo es pasarse un poco de rosca respecto al espíritu de la ley. Falta toda una tramitación donde el Congreso Nacional tiene mucho que decir y puede adecuar el proyecto. Nadie pretende criminalizar a alguien que está haciendo un bingo”, señaló.

Una visión similar expresó el diputado de la UDI e integrante de la Comisión de Seguridad, Eduardo Cretton, quien respaldó el principio que inspira la iniciativa. “Quien comete delitos contra lo que es de todos o contra la autoridad no puede recibir beneficios que pagan todos los chilenos. Ese principio nosotros lo compartimos”, aseguró.

“Es importante que en esta discusión se mantenga el principio de proporcionalidad, pero también que recuperemos el espacio público y normas básicas de convivencia entre todos los chilenos, porque de eso la ciudadanía está agotada”, complementó.

Sobre la polémica por los bingos de beneficencia, Cretton planteó que dichas actividades deberían quedar excluidas del registro. “Cuando se trata de beneficencia y de bingos de carácter vecinal debiesen quedar exentos. Este proyecto se tiene que mejorar y esperamos hacerlo en la Comisión de Seguridad para resguardar el principio de proporcionalidad”, remarcó.

Las críticas más duras provinieron desde la oposición. El diputado Jaime Bassa (Frente Amplio) calificó la iniciativa como un proyecto “populista” y cuestionó su eficacia: “Este es el tipo de consecuencias que tenemos cuando se presentan proyectos populistas, que no son eficaces y que no van a generar los efectos que realmente se esperan. Asignar sanciones adicionales solo complica el diseño normativo y dificulta la persecución de estos hechos”.

El diputado del Partido Comunista Luis Cuello, quien realizó una reserva de constitucionalidad, aseguró que el proyecto presenta múltiples vicios jurídicos. “Es un proyecto que tiene varios defectos que uno puede advertir a simple vista, toda vez que infringe normas de la Constitución y tratados internacionales”, advirtió.

Según explicó, la iniciativa sanciona nuevamente conductas que ya cuentan con castigos penales y agrupa en un mismo registro hechos de muy distinta gravedad. “Se trata de una forma idéntica al homicidio de un fiscal o de un carabinero que rayar una pared o montar una lotería. Son conductas completamente diferentes desde el punto de vista de la gravedad y del reproche”, cuestionó.

El parlamentario agregó que la suspensión de beneficios previsionales podría ser incompatible constitucionalmente. “La Constitución dispone expresamente que no se puede privar de la previsión social a una persona y, en consecuencia, eso requiere un cambio constitucional“, afirmó.

En paralelo, el diputado de la Democracia Cristiana, Patricio Pinilla, anunció la presentación de una iniciativa alternativa para crear un “Registro Nacional de Vándalos de Cuello y Corbata“. La propuesta busca incorporar a quienes hayan sido condenados por delitos económicos como lavado de activos, fraude al fisco, malversación de caudales públicos, estafas, cohecho o colusión.

Pinilla planteó que dichas personas enfrenten restricciones similares a las contempladas en el proyecto del Ejecutivo. “Que no puedan sacar licencia de conducir, que no puedan tener pasaporte, que no haya devolución del crédito fiscal, que no puedan integrar directorios de empresas públicas ni participar en licitaciones”, detalló.

Así, hizo un llamado al Gobierno a perseguir con igual intensidad este tipo de ilícitos: “Así como estamos de acuerdo en perseguir a quienes atentan contra la propiedad pública y privada, también debe perseguirse con la misma fuerza a aquellos delincuentes que, detrás de un escritorio y mediante mecanismos económicos y financieros, defraudan al Estado”.