La denuncia por el paradero aún sin conocer de menores de edad haitianos que ingresaron a Chile bajo la figura de reunificación familiar sigue escalando. Este miércoles, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, confirmó que el organismo puso a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes recopilados.

Además, Sauerbaum advirtió que la magnitud del fenómeno podría ser considerablemente mayor a la detectada por la Contraloría General de la República. “La Contraloría hace una investigación que se limita a un grupo muy pequeño, de 105 menores, pero evidentemente son muchas más personas involucradas”, aseguró y expuso que entre 2022 y 2025 se autorizaron más de 16 mil reunificaciones familiares, “la mayoría de ellos menores de edad”.

El director del organismo sostuvo que la preocupación apunta a la flexibilización de requisitos aplicada durante 2024 para facilitar el ingreso de niños provenientes de Haití, debido a la crisis que enfrentaba ese país. “Hoy tenemos situaciones que son muy complejas, situaciones en donde hay delitos múltiples”, añadió.

Sauerbaum explicó que los antecedentes recopilados apuntan a un patrón reiterado de traslado de menores de edad. “El procedimiento recurrente que ha demostrado esta investigación es que los tomaban en Haití, los pasaban a República Dominicana y de República Dominicana tomaban vuelos hacia Chile”, indicó.

El director informó además que existe coordinación con el Ministerio Público para centralizar las investigaciones. “Hay distintos fiscales que están investigando distintas causas, pero que van a tratar de reunificarlas en una sola para poder abordar el fenómeno completo, como tráfico de migrantes, como engaño a los padres“, sostuvo.

Por su parte, el fiscal director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, aseguró que el Ministerio Público comenzó una investigación de oficio. “Estamos frente a hechos graves que la Fiscalía Nacional ha dispuesto investigar de oficio”, informó sobre las diligencias que se concentran en los ingresos registrados entre enero y abril del 2025 bajo la modalidad de reunificación familiar.

Campos sostuvo que uno de los principales objetivos es determinar el destino de los menores y el eventual financiamiento detrás de estos traslados. “Vamos a indagar respecto de las fuentes de financiamiento y del objetivo del destino a la ciudad de Santiago, pero particularmente es relevante realizar todas las diligencias para saber el destino de los niños, niñas y adolescentes“, señaló.

Respecto de las líneas investigativas, explicó que la Fiscalía analiza eventuales delitos de tráfico de migrantes, trata de personas y posibles ilícitos cometidos por funcionarios públicos. “Todos y cada uno de los funcionarios públicos y particulares que puedan tener algún grado de involucramiento, el Ministerio Público no va a escatimar en establecer responsabilidades penales si las hay o descartarlas si corresponde”, sostuvo.

En cuanto a la eventual responsabilidad de funcionarios públicos, respondió que aún es prematuro individualizar personas, pero confirmó que esa hipótesis forma parte de las diligencias. “Podemos estar indagando figuras como el tráfico de inmigrantes, la trata de personas y también, si hay involucramiento de funcionarios públicos, eventuales delitos de soborno y cohecho. Eso será materia propia de la investigación”, afirmó.

En tanto, desde el Congreso Nacional, el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi, cuestionó la actuación de los organismos estatales y lamentó la ausencia del ministro de Seguridad, Martín Arrau, en las últimas sesiones de la instancia parlamentaria.

“Acá todos se pasaron la pelota entre cada una de las instituciones. Y lamento que dos sesiones seguidas el ministro de Seguridad no asista a la Comisión“, cuestionó.

El senador recordó que en abril del año pasado recorrió personalmente el proceso de ingreso al país y posteriormente ofició a distintas reparticiones para conocer los antecedentes. “El Ministerio del Interior me dijo que no tenía información, me remitió a Justicia; Migraciones me dijo que no contaba con la información; Seguridad tampoco sabía quién entraba al país“, señaló.

Añadió que la respuesta de la PDI también evidenció falencias. “La Policía de Investigaciones me dice que tiene su base de datos con falla y que no tenían información de quiénes entraban etariamente, o sea, si era un menor de edad o un mayor de edad. Entonces acá todo no funcionó y hoy día todos se echan la culpa entre todos“, criticó.

Por otro lado, la diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, valoró la aprobación unánime de una Comisión Especial Investigadora para revisar la actuación de los organismos públicos vinculados al ingreso y seguimiento de menores extranjeros bajo reunificación familiar. “Lo primero es que se trata de hechos gravísimos. Estamos hablando de más de un centenar de niños y niñas haitianos que ingresaron al país, al parecer, sin cumplir con los requisitos del principio de unificación familiar”, mencionó.

Fries añadió que la ausencia de información sobre el paradero de estos menores de edad genera una preocupación mayor. “No tenemos trazabilidad sobre esos niños, niñas y adolescentes, lo que pone una gran duda sobre el riesgo en el que están en materia, por ejemplo, de venta de niños o de trata de niños, por lo tanto, es algo que hay que asumir con celeridad“, subrayó.

Asimismo, indicó que la comisión deberá identificar eventuales vacíos institucionales y legislativos. “Lo importante es que se haga con seriedad, que podamos identificar vacíos, ya sea de fiscalización e incluso legislativos, y que esto no siga pasando en este país, donde además, una vez que ingresan los niños, es una obligación de protección que tenemos como Estado”, expuso la legisladora.

El diputado socialista César Valenzuela calificó el caso como “de una situación gravísima, que cada vez que obtenemos más información sobre el tema, la situación se vuelve más oscura”.

El parlamentario informó que tanto la Comisión de Gobierno Interior como la Comisión de Familia solicitaron citar a las instituciones involucradas. “Hemos pedido que se cite a la Defensoría de la Niñez, al Servicio Nacional de Migraciones y a la PDI con el objeto de esclarecer esta situación, pero lo más importante es conocer en detalle el informe completo de la Contraloría”, señaló.

Valenzuela sostuvo que todas las acciones deben orientarse a esclarecer completamente los hechos. “Se trata de una situación gravísima que afecta fundamentalmente a niños y niñas en situación de vulnerabilidad y todas las acciones deben dirigirse hasta esclarecer completamente los hechos, caiga quien caiga“, manifestó.

En tanto, la bancada de Renovación Nacional solicitó a la Contraloría instruir un sumario administrativo en la Policía de Investigaciones para esclarecer eventuales responsabilidades en los registros de ingreso de menores extranjeros.

El subjefe de bancada, Eduardo Durán, sostuvo que el caso refleja una falla del aparato estatal. “Cuando falla el Estado en algo tan importante como es la protección a nuestros niños, en que más de 200 niños haitianos ingresaron al país y hoy día no se sabe dónde están, por supuesto que el Estado ha fallado“, recalcó.

Así, enfatizó que el caso involucra a todas las organizaciones que tienen que ver con inmigración, control fronterizo, aduanas y la Policía de Investigaciones, pues ninguna está exenta de responsabilidades.