Tras la votación en particular, el Senado despachó a ley el proyecto que reajusta el Ingreso Mínimo Mensual (IMM), así como la asignación familiar, la asignación maternal y el subsidio familiar.
A contar del 1 de mayo de 2026, se eleva a $553.553 el ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años y hasta 65 años de edad.
Asimismo, a partir del 1 de enero de 2027, el sueldo mínimo para los trabajadores mayores de 18 y menores de 65 años se reajustará conforme a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC), determinada e informada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2026.
En tanto, desde el 1 de mayo de 2026, el ingreso mínimo mensual para los trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años se elevará a $412.938.
Durante el debate legislativo, la senadora Claudia Pascual y el senador Daniel Núñez enfatizaron que el reajuste propuesto, basado en la variación del IPC, resulta insuficiente para enfrentar el aumento del costo de la vida.
“El trabajador o trabajadora que gane el mínimo va a tener, en términos reales, menos plata que la que tenía el 2025”, reclamaron.
Por su parte, la senadora Alejandra Sepúlveda y los senadores Gastón Saavedra y Ricardo Celis también cuestionaron la propuesta y dejaron constancia de que no se consideró adecuadamente el trabajo de la Comisión Técnica Laboral, instancia que analiza los ingresos y el costo de vida en el marco del Consejo Superior Laboral.
En la discusión se señaló que el reajuste del salario mínimo “es incapaz de ganarle a la inflación acumulada y al valor de los servicios más básicos”, además de no cubrir adecuadamente las necesidades de las familias. “Aprobar no puede ser una señal de aprobación con el monto”, advirtieron.
Asimismo, varios parlamentarios plantearon la necesidad de revisar la situación de los trabajadores mayores de 65 años, considerando la próxima aplicación de la Ley de Envejecimiento Positivo. Esta preocupación también fue compartida por el senador Javier Macaya.
A su turno, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, aludió a una “emergencia laboral” que, según indicó, obliga a actuar con urgencia y con “dosis de realidad”, defendiendo así la propuesta impulsada por el Ejecutivo.
