El Comité Nacional e Internacional por la Libertad y la Justicia para Daniel Jadue manifestó su “profunda preocupación” ante la decisión judicial de no decretar el sobreseimiento definitivo del exalcalde de Recoleta en la causa conocida como Luminarias LED, y denunció que la investigación, que se extiende por más de cinco años, no ha logrado acreditar delito ni participación de Jadue en hecho punible alguno.

La organización sostuvo que, pese a las diligencias realizadas —que incluyen análisis de escuchas telefónicas, allanamientos, revisión de correos personales e institucionales, y el levantamiento voluntario del secreto bancario de cuatro cuentas corrientes de Jadue—, no existe “un solo elemento de prueba que acredite la existencia de un delito”.

Según el Comité, ninguna de esas diligencias acreditó un acuerdo ilícito, un acto funcionario comprometido, un beneficio personal, una transferencia de fondos o una intervención penalmente relevante de Daniel Jadue. Agregaron que incluso las escuchas que fueron consideradas perdidas y luego recuperadas no contienen antecedentes que vinculen a Recoleta, y menos aún a Jadue, con los hechos investigados.

“Al contrario, los antecedentes reunidos muestran la ausencia de instrucciones, gestiones, comunicaciones o coordinaciones atribuibles a Daniel Jadue”, enfatizaron y precisaron que el exedil no aparece en las escuchas con una orden suya, una conversación con ejecutivos de ITELECOM, una intervención ante funcionarios municipales ni una actuación destinada a favorecer a la empresa.

En estas condiciones, el Comité advirtió que mantener viva la causa “resulta jurídicamente preocupante y democráticamente grave”, y cuestionó que la extensión de una investigación no puede reemplazar la prueba, ni la acumulación de diligencias puede convertir una hipótesis no acreditada en fundamento suficiente para prolongar una persecución penal.

Especial crítica generó la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en vísperas de la audiencia de sobreseimiento. El Comité afirmó que su oportunidad procesal “deja en evidencia un engranaje de presión destinado a impedir el cierre de la causa”.

En esa línea, sostuvieron que, en una investigación de más de cinco años que no ha logrado acreditar delito ni participación, la intervención tardía de un órgano estatal llamado a actuar con objetividad confirma, a su juicio, la existencia de una maquinaria de persecución judicial y política que debilita la credibilidad misma del sistema de justicia.

La organización también vinculó la persistencia de la causa con los antecedentes públicos que revelaron conversaciones de abogados del círculo de Luis Hermosilla y Gabriel Zaliasnik sobre la posibilidad de impulsar una querella contra Jadue para evitar que el caso se cerrara. Ese antecedente exige especial escrutinio, señalaron, porque muestra que la persistencia de esta investigación no puede separarse de un cuadro más amplio de presión, influencia y uso político del sistema judicial.

El Comité relevó además el daño causado a Jadue, quien durante años ha sido expuesto públicamente como culpable, con imágenes del allanamiento a la Municipalidad de Recoleta exhibidas durante semanas en la televisión, seguidas de una cobertura mediática que mantuvo instalada una sospecha que la propia investigación no logró acreditar.

Ese daño, afirmaron, forma parte de una persecución judicial y mediática que afectó su honra, su vida pública, sus derechos políticos, su familia y su trayectoria, y advirtieron que prolongar una causa sin prueba suficiente agrava ese castigo anticipado y debilita la presunción de inocencia.

Comité hizo un llamado a las organizaciones democráticas, sociales, jurídicas y populares de Chile y del mundo a mantener la vigilancia sobre este proceso, y sentenció que donde no hay prueba no puede haber condena, y que Jadue debe ser juzgado sólo por hechos probados ante tribunales imparciales, no por sospechas, operaciones ni montajes.