El gobierno cubano, encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel, anunció el jueves 18 de junio la aprobación del mayor paquete de reformas económicas en la historia de la isla, marcando el giro más profundo hacia mecanismos de mercado desde el triunfo de la Revolución en 1959. Se trata de un punto de inflexión que busca responder a una crisis económica prolongada, caracterizada por inflación, escasez de divisas, colapso energético, deterioro del poder adquisitivo, pero por sobre todo el bloqueo y embargo estadounidense.

Durante más de seis décadas, el Estado cubano mantuvo un control casi total sobre la economía. Sin embargo, 67 años después, el nuevo “Programa Económico 2026” —oficialmente denominado Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía— introduce 176 medidas que apuntan a descentralizar el sistema productivo, captar divisas con urgencia y redefinir el rol del mercado dentro del modelo socialista.

Los principales ejes de la reforma

El paquete fue aprobado de forma acelerada, anunciado por Díaz-Canel el 12 de junio, respaldado por el Comité Central del Partido Comunista el 17 y ratificado por la Asamblea Nacional el 18. Esta velocidad política evidencia la urgencia del momento. En palabras del primer ministro Manuel Marrero, las medidas tienen un “impacto estratégico” y asumen explícitamente que el mercado puede ser “un instrumento para asignar recursos con eficiencia”, aunque, según aclaró, sin abandonar el proyecto socialista.

En términos estructurales, el plan se articula en cinco grandes ejes:

El primero, el financiero y bancario, introduce un cambio histórico, por primera vez se autoriza la creación de bancos privados bajo supervisión estatal, rompiendo el monopolio financiero del Estado. A esto se suma la legalización de canales privados para remesas, el uso regulado de criptoactivos y la ampliación de la dolarización parcial en operaciones comerciales clave. El objetivo es captar capital que hoy circula en la informalidad y sobre todo recuperar divisas extranjeras con urgencia.

El segundo eje apunta a una apertura más agresiva al sector privado y a la inversión extranjera. Se eliminan restricciones ideológicas que limitaban el crecimiento de las MIPYMES, permitiendo ampliar su escala y contratación. Pero el cambio más significativo es la apertura a la diáspora. Cubanos en el exterior podrán invertir directamente en la isla, incluso accediendo a derechos de usufructo de tierras y propiedades por hasta 99 años. Se trata de una señal directa para atraer capital externo en un contexto de extrema escasez de divisas.

A la par del anterior, el tercer eje aborda una reforma profunda del sistema salarial y de subsidios. El gobierno busca contener el malestar social elevando salarios en el sector estatal, medida que beneficiaría al 51% de los trabajadores, pero compensa este gasto con el desmantelamiento progresivo de subsidios universales, incluida la histórica libreta de abastecimiento. El nuevo enfoque sustituye subsidios generalizados por ayudas focalizadas. Es, en la práctica, un cambio estructural en el contrato social cubano.

El cuarto eje se concentra en energía, transporte y comercio exterior, en respuesta a una crisis crítica. Cuba enfrenta apagones recurrentes y escasez de combustible profundizada desde el recrudecimiento del bloqueo estadounidense y la caída de Nicolás Maduro. Para aliviar la presión, el gobierno eliminó aranceles a la importación privada de tecnologías energéticas como paneles solares y baterías, y autorizó la importación comercial de vehículos eléctricos por parte de actores no estatales. La estrategia apunta a transferir parte del costo de la infraestructura al sector privado y reducir la carga sobre el sistema público.

El turismo, como quinto eje estratégico, también experimenta una transformación significativa. Se abre la gestión y comercialización a actores privados, incluyendo franquicias internacionales y pymes locales. Además, se introduce un impuesto específico destinado a financiar proyectos de sostenibilidad ambiental, en un intento por equilibrar crecimiento económico y protección de la infraestructura costera, clave para el sector.

“No lo estamos haciendo por las presiones de los yanquis”

Más allá del diseño técnico, el paquete está profundamente condicionado por el contexto político y externo. Díaz-Canel fue enfático al señalar que “no lo estamos haciendo por las presiones de los yanquis, lo estamos haciendo de manera soberana”. Sin embargo, esta afirmación convive con una realidad geopolítica compleja.

Desde Washington, el vicepresidente estadounidense JD Vance recientemente señalo que “si toman decisiones inteligentes, tendremos una relación mucho mejor con esa isla”, mientras que el presidente Donald Trump ha reiterado su intención de forzar cambios en el modelo cubano.

A esto se suma el endurecimiento de las sanciones, incluyendo medidas contra Díaz-Canel y Raúl Castro, y un bloqueo “de facto” sobre el suministro energético. El propio gobierno cubano califica estas acciones como un “castigo colectivo”. En este contexto, el embargo no solo limita el comercio bilateral, sino que configura una arquitectura de aislamiento financiero global que restringe el acceso a crédito, inversión y mercados.

Sin embargo, reducir la crisis únicamente al factor externo sería simplificar en exceso el problema. La propia dirigencia cubana ha reconocido fallas internas estructurales. Cuba importa cerca del 80% de los alimentos que consume, a pesar de contar con tierras subutilizadas. La rigidez burocrática y los controles de precios han desincentivado la producción local durante años.

A esto se suma el fracaso de la llamada “Tarea Ordenamiento de 2021”, una reforma monetaria diseñada internamente que terminó generando una inflación de tres dígitos y una fuerte devaluación del peso. El actual paquete de reformas, en muchos aspectos, intenta corregir esos errores.

Otro punto crítico es la asignación de recursos. Durante años, el Estado priorizó la inversión en infraestructura hotelera —hoy con baja ocupación— en lugar de fortalecer la red energética, lo que contribuyó directamente a la crisis de apagones que afecta a la industria y a la vida cotidiana.

Por un lado, el embargo estadounidense actúa como un techo estructural que limita el crecimiento económico. Por otro, el modelo interno genera distorsiones profundas que se amplifican con el golpe externo. Como resultado, Cuba enfrenta una situación donde el margen de error es prácticamente nulo.

El propio Raúl Castro, a través de una carta presentada por el general José Amado Ricardo Guerra, respaldó las reformas señalando que son “lo que más conviene hoy a la Revolución”, aunque llamó a implementarlas “con los pies y los oídos pegados a la tierra”. En la misma línea, el dirigente Roberto M. Ojeda afirmó que las transformaciones “son para preservar la Revolución y las conquistas del socialismo”.

En definitiva, Cuba inicia una transición compleja y gradual, sin una fecha única de implementación, pero con señales claras de urgencia. El objetivo inmediato es captar divisas y estabilizar la economía. El desafío de fondo, sin embargo, es redefinir el equilibrio entre Estado y mercado sin desarticular el modelo político que ha sostenido al régimen durante más de seis décadas.