En el marco de la tramitación de la megarreforma del Gobierno, la exdirectora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, se refirió al debate sobre la modernización de la institucionalidad ambiental en medio de la búsqueda del Ejecutivo por agilizar permisos de inversión.

La también profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile indicó que en este momento hay dos proyectos que conversan sobre la materia en el Congreso: por un lado, la megarreforma y, por otro, el que busca modernizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), este último presentado por la administración anterior.

“Estamos con una dificultad, porque estos dos proyectos de ley avanzan paralelamente y en algunos casos modifican las mismas disposiciones pero en sentido distinto. Entonces, en primer lugar, hay que señalar que aquí hay un tema de técnica legislativa y sería deseable unir esas conversaciones”, indicó en conversación con Radioanálisis. 

 

Explicó que la iniciativa que presentó el gobierno anterior “buscaba modernizar en general la gestión ambiental, siempre bajo la idea de no retroceder en estándares ambientales, pero sí buscando mayor agilización”. “Se llegó a varios consensos, pero fue difícil avanzar. ¿Y por qué es difícil avanzar en estas reformas? Yo diría que porque no se quiere echar a perder lo que funciona bien”, indicó.

Durán explicó que el SEIA “es muy reconocido en el mundo” y lo calificó como “transparente”. “Entonces, cuando se habló en la administración pasada de la necesidad de agilizar los trámites, había consenso, pero también lo había en que no se podía retroceder en los estándares ambientales del país”, señaló. 

“Se logró avanzar en la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, porque una gran dificultad está en los permisos sectoriales que demoran mucho. Pero no se terminó de avanzar en la modernización del SEIA”, planteó. 

En esa línea, la exdirectora del SEA relevó la importancia de “generar certeza jurídica y técnica en todos los actores”. “Es importante que quienes invierten tengan certeza de cuáles son las reglas del juego, pero también lo es que esa certeza la tenga la ciudadanía, que pueda confiar en que las autoridades a cargo de los procedimientos van a asegurar que se cumpla con la normativa ambiental”, subrayó.

En cuanto a los cuestionamientos a la demora en la tramitación de los permisos ambientales, la exautoridad aseguró que efectivamente han aumentado los plazos de evaluación ambiental. “Eso es una tendencia que viene desde que empezó a funcionar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, porque se ha ido complejizando la normativa, las exigencias”, explicó.

“Desde luego estamos en una triple crisis, ambiental, en términos de contaminación, de biodiversidad, de cambio climático y ha aumentado también la normativa. Entonces, el país ha tomado la decisión de proteger determinadas especies, de proteger la salud de las personas, de evitar o mitigar las emisiones y la contaminación”, enfatizó. 

“El SEIA lo que hace es ejecutar la política pública que se decide en el Congreso, que se decide a través de la potestad reglamentaria del Ejecutivo”, añadió.

Durán indicó que dicho instrumento “puede mejorarse mucho”. Sin embargo, destacó “estas mejoras no son barriendo con todo, también hay que entender que el 95% de los proyectos que llegan a ser calificados son aprobados”. 

“Sí, hay dificultades a veces con los proyectos que se judicializan y que pueden perder, en algunos casos muy excepcionales, su autorización. Entonces, aquí hay un sistema que es necesario revisar y que incluye el aspecto judicial de los tribunales ambientales”, planteó la experta. 

Sobre la megarreforma del Gobierno, señaló que “hay algunos cambios que se están proponiendo, como, por ejemplo, reducir la posibilidad de que se solicite o que se disponga la invalidación de una resolución de calificación ambiental durante dos años, porque existe una regla que permite que la comunidad tenga sus decisiones durante ese periodo”.

Reconoció que dos años “es demasiado tiempo”, porque la inversión podría ya haberse realizado. “Pero esa restricción con la cual yo estaría de acuerdo no puede ir acompañada de una restricción que le cierre las puertas a las comunidades para, eventualmente, presentar sus objeciones técnicas y legales respecto de la autorización de un proyecto, porque estamos en un Estado de derecho, nos hemos comprometido a no restringir las vías de acceso a la justicia ambiental y somos parte, por ejemplo, del Acuerdo de Escazú”, enfatizó la académica.

La exautoridad subrayó que no se puede retroceder en los estándares de protección ambiental ni en el acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales, porque existen compromisos de Estado que trascienden a cada administración. En esa línea, recordó que Chile se ha comprometido a reducir la contaminación, proteger la biodiversidad y tener una acción climática robusta a través de acuerdos que también otorgan confianza a los socios internacionales y a quienes invierten en el país, en tanto garantizan instituciones sólidas y procedimientos que cumplen con las normas ambientales.

Durán planteó que, “más allá de las caricaturas y de algunos casos excepcionales que han dado qué hablar”, la discusión debe centrarse en no echar a perder lo que funciona bien, optimizar y buscar agilizaciones sin reducir los estándares ambientales.

Consultada sobre la visión del actual Gobierno respecto a la postura del Estado chileno en materia de protección ambiental, la académica aseguró que “uno observa tensiones” y ejemplificó con los dichos de la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, respecto a la acción humana en el cambio climático.

“Inmediatamente ella precisó que aquí hay compromisos de Estado, que hay una norma marco de cambio climático, que es una Ley de la República y que hay compromisos que se tienen que cumplir. Yo me quedo con eso, con que finalmente las autoridades reconocen que aquí hay compromisos de Estado que son los que nos han dado estabilidad, reconocimiento internacional y respecto de los cuales no he visto una intención explícita y seria de retroceder. Vamos a ver”, planteó.

Respecto a la idea del Ejecutivo de “compensar a un titular de un proyecto si es que judicialmente se vive la anulación de esa autorización”, Durán lo calificó como “muy polémico”. Sostuvo que hoy nadie está de acuerdo, porque todos reconocen que tiene vicios de inconstitucionalidad y que, además, no lograría el objeto deseado.

Explicó que esta medida haría que las autoridades fueran mucho más conservadoras a la hora de autorizar un proyecto, debido al alto riesgo de que el Estado pueda ser demandado posteriormente. Asimismo, señaló que, al analizar los mecanismos existentes y la información pública disponible, se advierte que el sistema requiere algunas correcciones, “pero no hay que barrer con todo, porque existe consenso en que se trata de un sistema serio con muchas oportunidades de mejora”.

En ese sentido, manifestó su confianza en que se puedan alcanzar consensos que no afecten gravemente lo construido durante más de 30 años y que ha dado prestigio internacional al país, y advirtió que sería un gran error económico, ambiental y social destruirlo.