La publicación de un preinforme reservado de la Contraloría General de la República, que advertía sobre la falta de control en el ingreso de niños, niñas y adolescentes (NNA) desde Haití, ha desatado un intenso debate institucional  que obligó a las comunidades de la diáspora a alzar la voz para exigir prudencia. A través de un comunicado oficial, la Organización Comunidad Haitiana en Chile manifestó su profunda preocupación y demandó que el caso sea abordado con absoluta rigurosidad. La entidad enfatizó que los niños son titulares de derechos fundamentales, por lo que ningún menor debe ser utilizado como instrumento para “generar temor, incrementar audiencias o promover discursos que fomenten la discriminación”.

Asimismo, la agrupación advirtió sobre el tremendo daño psicosocial de difundir acusaciones sin evidencia y rechazó cualquier intento de atribuir responsabilidades colectivas a las familias por hechos que aún no han sido acreditados por la justicia. Esta postura fue respaldada por la activista y directora ejecutiva de la Fundación CIJYS, Michel-Ange Joseph, quien en conversación con nuestro medio ya había llamado a la mesura para “evitar conclusiones que puedan reforzar prejuicios raciales o criminalizar a comunidades enteras”.

El llamado a la prudencia de las organizaciones migrantes responde a diversas declaraciones desde las autoridades y del mundo político . En cuestión de días, el Ejecutivo pasó de conformar una fuerza de tarea liderada por la ministra María Jesús Wulf y reunir a los tres poderes del Estado ante la alarma de NNA desaparecidos, a un desmentido por parte del ministro de Defensa, Fernando Barros. El secretario de Estado afirmó responsablemente que no hay antecedentes serios de tráfico de niños, prostitución infantil ni tráfico de órganos, confirmando que  no están perdidos.

Para Carolina Rudnick, abogada académica y presidenta de la Fundación Libera, la confirmación de que los niños están seguros es una excelente noticia, pero fustigó con dureza el manejo comunicacional de La Moneda. En entrevista con el programa Política en Vivo de Radio Universidad de Chile, la especialista profundizó en las implicancias de este caso:

“Estos cambios tan bruscos de posición por parte del gobierno, por supuesto que dan cuenta de una potencial utilización política con respecto a este tipo de situaciones, que es algo que la comunidad haitiana ha dicho públicamente en los medios últimamente”, criticó Rudnik. La abogada lamentó que el pánico inicial terminara satanizando el programa de reunificación familiar.

La crisis en Haití y el millonario negocio de los vuelos chárter

Al profundizar en el trasfondo de estos polémicos aterrizajes, Rudnick explicó que la falta de protocolos óptimos de traslado no es una casualidad, sino el reflejo de la precariedad absoluta de un “estado fallido” como Haití. Ante la total ausencia de vuelos comerciales directos entre Puerto Príncipe y Santiago, los padres que residen en el país quedan atrapados en un embudo logístico, obligados a depender de rutas con múltiples escalas o a quedar a merced del arriendo de costosos vuelos chárter privados.

Esa barrera de conectividad se combina con una peligrosa trampa burocrática: los plazos legales asfixiantes. Según detalló la abogada, el margen de tiempo que transcurre entre la aprobación de la visa de reunificación familiar y la obligación de poner al menor en un avión es extremadamente corto. Empujados por la desesperación y el pánico a que los documentos de sus hijos caduquen, los apoderados caen en un estado de indefensión que termina siendo capitalizado por las agencias, viéndose presionados a desembolsar sumas millonarias por un solo asiento.

La usura en torno a este puente aéreo alcanzó niveles tan críticos que, a finales del año pasado, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) tuvo que intervenir, denunciando formalmente ante el Ministerio Público a diversas aerolíneas por perpetrar millonarias estafas contra estas familias. Un flanco de vulnerabilidad extrema que, a juicio de la presidenta de Fundación Libera, transforma un derecho humanitario en un nicho de mercado completamente desregulado.

Tres años de indolencia en el Ministerio Público

Más allá del flanco político del Gobierno, Carolina Rudnick situó la mayor gravedad en la negligencia de los entes persecutores. La exinvestigadora criminal del sector público reveló que los indicios sobre la repetición de nombres de tutores, agencias y “vuelos fantasma” no son nuevos.

“Lo que nos preocupa es que el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) tenía estos antecedentes hace 3 años, y está abriendo una causa de oficio el lunes de esta semana, luego de que públicamente se hace de conocimiento de la ciudadanía el informe de la Contraloría”, denunció.

Rudnick fustigó al sistema de justicia criminal por ignorar sistemáticamente las querellas penales que la sociedad civil viene impulsando desde 2023 por delitos contra la comunidad migrante. Asimismo, calificó el informe de la PDI de ese año como “muy pobre” y “débil”. Argumentó que la policía constató indicios  de irregularidades, pero presumió de forma insólita la falta de voluntad criminal en sujetos que crearon hasta 20 empresas en un solo día, omitiendo periciar la ruta del dinero.

Finalmente, la abogada alertó sobre el peligro de impulsar reformas legislativas que buscan criminalizar la migración o quitar derechos a la infancia migrante en el acceso a la salud y la educación. Tras recordar que los padres de estos NNA llegaron entre 2015 y 2018 a trabajar en los campos chilenos bajo condiciones de explotación que el Estado nunca investigó, Rudnick concluyó con un fuerte emplazamiento: “Tenemos que estar a la altura de nuestra Constitución (…) y asegurarnos de que no tengamos dos estatus de personas en nuestro país”.