Un enérgico llamado a la prudencia y a poner a los niños y niñas en el centro del debate público realizó el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille Vera. Sus declaraciones surgen en el marco del revuelo institucional provocado por presuntas irregularidades en el control e ingreso de menores de nacionalidad haitiana al país. La autoridad desmarcó tajantemente la situación de las alarmas iniciales que apuntaban a redes de trata de personas, solicitando cautela a las instituciones y advirtiendo con firmeza la necesidad de que “no se haga un uso político de la situación”. El defensor recalcó que el deber del Estado es proteger el derecho humano a la reunificación familiar, sugiriendo que los problemas detectados hasta ahora corresponden a un enredo administrativo.

El representante del organismo autónomo manifestó que frente a este complejo escenario no se puede criminalizar ni estigmatizar a la comunidad haitiana. Advirtió que, debido al desconocimiento propio de los procesos por parte de las comunidades migrantes, una reacción desmedida de la institucionalidad podría infundir una falsa pero nociva sensación de persecución colectiva.

Citas de alto nivel y paños fríos ante el descuadre de cifras

Frente a la disparidad y el descuadre de las cifras que han trascendido entre los reportes de los municipios y los datos que maneja el Ejecutivo, el Defensor de la Niñez optó por poner paños fríos. La autoridad aclaró que los antecedentes revelados hasta el momento por diversos medios de comunicación corresponden únicamente a un preinforme, por lo que resulta indispensable esperar el documento definitivo. El defensor explicó que se debe aguardar por el número oficial que entregará la Contraloría General de la República, esperando que durante la próxima semana se libere el reporte final con el catastro exacto de los niños que están en esta condición.

Para coordinar de manera eficiente los cruces de información, la jefatura del servicio anunció una agenda de alto nivel para las próximas horas. Detalló que sostendrá reuniones clave de trabajo tanto con la Contralora General de la República como con el Presidente de la República, con el fin de poner a la Defensoría a total disposición de las autoridades para resolver la contingencia.

Uno de los puntos que el Defensor de la Niñez destacó con mayor fuerza fue la decisión de La Moneda de reenfocar las acciones del caso hacia el área de los derechos humanos y sociales. En esa línea, valoró positivamente que la fuerza de tarea gubernamental esté liderada de forma prioritaria por la ministra de Desarrollo Social y Familia. A juicio de la autoridad, esta es una excelente señal por parte del Gobierno, ya que explicita que el país enfrenta un problema de política de protección de la infancia y no un conflicto de seguridad pública o de comisión masiva de delitos.

Este enfoque, según argumentó, permite activar de forma correcta y oportuna la red de protección estatal en materias fundamentales como salud, educación, alimentación y vivienda. Esto se ejecutará canalizando los casos a través de las Oficinas Locales de la Niñez y, en los casos que corresponda, mediante la intervención de los Tribunales de Familia.

Brecha de interoperabilidad y el eventual flanco penal

Al ser consultado sobre las causas que originaron este nivel de confusión, el defensor apuntó directamente a una brecha histórica de interoperabilidad entre los organismos del Estado. Criticó la falta de mecanismos eficientes de articulación, comunicación y relacionamiento entre las instituciones que poseen un mandato legal en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. De paso, lamentó que su propia institución carezca de las facultades legales necesarias para acceder a estos flujos de datos en tiempo y forma. El personero insistió en que el caso se fundamenta, principalmente, en una falla de trazabilidad de datos y en un problema administrativo.

No obstante, el defensor no eludió las consultas periodísticas respecto a denuncias que acusan el ingreso de menores con documentos de identidad repetidos. Sobre este punto, la autoridad fue tajante en señalar que, de ser cierta dicha información, el país estaría efectivamente frente a un delito. En ese escenario, enfatizó que la institucionalidad penal debe funcionar de inmediato con todo el peso de la ley.

Finalmente, tras valorar la creación unánime de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, el Defensor de la Niñez cerró con un emplazamiento para cuando disminuya el revuelo en la opinión pública, recordando que detrás de cada uno de estos problemas administrativos existen historias de vida que el Estado chileno tiene la obligación ética de atender.