Con 77 votos a favor, 68 en contra y 1 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau.
En la votación del libelo, impulsado por parlamentarios de los partidos Republicano y Nacional Libertario, fueron claves los votos de la bancada del Partido de la Gente (PDG), que tal como anunció en las horas previas, apoyó en bloque la acusación.
De esa manera, se contrarrestó el efecto de diputados y diputadas de Renovación Nacional (RN) —entre ellos el jefe de bancada, Diego Schalper y la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón— que no respaldaron la acusación, pese a las tensiones que se desataron en el oficialismo.
La mañana de este martes la discusión en Sala comenzó con la invocación, por parte del abogado de Grau, Patricio Zapata, de la “cuestión previa”: un mecanismo anterior a la votación del fondo, en el que los parlamentarios deben pronunciarse sobre la admisibilidad de la acusación. La idea de la defensa de Grau era impedir el avance de la acusación, lo que finalmente, no consiguió.
Durante su exposición, Zapata utilizó como uno de sus principales argumentos el reciente informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), en el cual se sostiene que en la proyección de deuda realizada durante la gestión de Grau, no hubo “inconsistencias”. A juicio del defensor, esto atenta contra el “corazón” de la acusación constitucional.
“La conclusión del propio Consejo Fiscal Autónomo creo que le quita piso a la acusación. Estoy seguro que no fue la intención del Consejo, conociendo a sus integrantes, pero es como que en un juicio de homicidio se estuviera acusando a alguien por haber matado y llegara al tribunal el supuesto muerto a tomarse un café. Obviamente el juicio no puede seguir, no hay muerto”, dijo.
En defensa de la acusación, intervinó más tarde el diputado del Partido Republicano, Benjamín Moreno, quien aseguró que “lo más grave” de lo que se acusa a Grau, “no es por sí sola la proyección de la deuda, ni los informes de finanzas públicas”.
“Estos antecedentes son relevantes, por supuesto, pero no agotan el problema. Lo más grave es lo relativo a los deberes de probidad y transparencia establecidos en el artículo 8 de la Constitución Política de la República y los deberes de universalidad presupuestaria consagrados en el artículo 4 del decreto Ley 1.263, de administración financiera del Estado. Esos deberes no son meras formalidades, son reglas esenciales para que el Congreso, el Gobierno, los órganos públicos y la ciudadanía sepan cuál es la verdadera situación fiscal del país”, sostuvo.
La acusación constitucional contra el exministro Grau ahora será revisada por el Senado, instancia donde los impulsores del texto podrían enfrentar un escenario más adverso.
