Una compleja crisis política atraviesa hoy el gobierno español encabezado por Pedro Sánchez. Una seguidilla de escándalos de corrupción que ya no solo afectan a figuras del oficialismo, sino que alcanzan incluso a su entorno más cercano, tienen al ejecutivo bajo una presión judicial, parlamentaria y mediática.
El “caso mascarillas”
El golpe más reciente es la histórica condena contra quien fuera una de las figuras más influyentes del “sanchismo”. El antiguo brazo derecho de Sánchez, el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), José Luis Ábalos, fue condenado por el Tribunal Supremo a 24 años de cárcel por su rol en el denominado “caso mascarillas”, una trama de corrupción ligada a la compra de insumos sanitarios durante la pandemia.
Ábalos no era un cualquiera, fue una pieza clave en la llegada de Pedro Sánchez al poder en 2018, articulando la moción de censura que derribó al Partido Popular y consolidando posteriormente el triunfo electoral socialista. Su caída, no es solo judicial, es también profundamente política.
En el mismo caso, Koldo García, exasesor y hombre de confianza de Ábalos, fue condenado a 19 años de prisión. Ambos fueron declarados culpables de delitos como organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Según la sentencia, habrían recibido millonarias coimas en el marco de contratos públicos para la adquisición de mascarillas.
El fallo, de más de 200 páginas, establece que se adjudicó un contrato por 13 millones de mascarillas a una empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama, considerado el “corruptor” de la trama. A cambio, Ábalos y García habrían recibido cerca de 2,5 millones de euros cada uno, además de pagos mensuales de 10 mil euros durante casi tres años.
Sin embargo, uno de los puntos más controvertidos fue precisamente el trato judicial hacia Aldama. Aunque fue condenado, no ingresará a prisión, debido a su colaboración con la justicia. Una decisión que ha generado fuertes críticas dentro del propio gobierno.
Desde el Ejecutivo reaccionaron con una mezcla de contención y molestia. Por un lado, el PSOE ha intentado marcar distancia, recordando que Ábalos fue apartado del partido en cuanto surgieron las primeras sospechas. Por otro, varios ministros cuestionaron abiertamente el beneficio otorgado al empresario.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, señaló que la corrupción le “asquea” y “repugna”, especialmente cuando involucra a personas que formaron parte del propio gobierno.
Las otras investigaciones aún en curso
Pero el caso de Ábalos no es el único que afecta al mandatario español, es solo parte de una cadena de escándalos que, desde 2024, han ido cercando progresivamente al presidente Sánchez.
Todo comenzó en febrero de ese año, cuando la Guardia Civil detuvo a Koldo García, destapando la trama de las mascarillas. Poco después, el caso escaló rápidamente, salpicando a Ábalos y golpeando directamente al núcleo duro del oficialismo.
Meses más tarde, en abril, se abrió una nueva arista aún más delicada, la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente. Un juez admitió a trámite una denuncia por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, vinculada a recomendaciones a empresas que posteriormente recibieron contratos públicos.
El caso escaló al punto de que la justicia ordenó medidas cautelares contra Gómez, incluyendo la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer periódicamente ante el tribunal. Desde el gobierno denuncian una persecución judicial con motivaciones políticas, apuntando a un posible caso de “lawfare”.
A esto se suma una tercera investigación que involucra al hermano del presidente, David Sánchez, acusado de presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias en la creación de un cargo público en la Diputación de Badajoz. Según informes de la Guardia Civil, su puesto habría respondido más a decisiones políticas que a necesidades reales de gestión.
Así, en apenas dos años, el gobierno ha pasado de enfrentar un escándalo puntual a lidiar con múltiples frentes judiciales simultáneos, todos con algún grado de cercanía al presidente.
Mientras las denuncias fueron en 2024, las investigaciones se avanzaron durante 2025 y ahora en 2026 se comienzan a conocer las sentencias, en medio de un escenario político ya tensionado y con una oposición fortalecida.
La oposición mueve fichas
Pese a este escenario, Pedro Sánchez optó por evitar dar comentarios y se limitó a defender la continuidad de su gobierno. “Este gobierno, quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino”, afirmó el mandatario.
Sin embargo, la oposición no da tregua. El Partido Popular (Pp), liderado por Alberto Núñez Feijóo, endureció su discurso, instalando la idea de que la condena a Ábalos representa una “condena al corazón del sanchismo”.
La estrategia del Pp combina presión parlamentaria y desgaste político. A través de alianzas puntuales con otros partidos, incluyendo Vox y sectores nacionalistas, han logrado infligir derrotas al gobierno en el congreso, buscando proyectar una imagen de debilidad estructural.
Aun así, Feijóo descartó, por ahora, presentar una moción de censura formal. Considera que podría ser un error si no cuenta con los apoyos suficientes, y apuesta en cambio por forzar un adelanto electoral a través de la presión sostenida.
En paralelo, Vox ha adoptado una postura mucho más agresiva. Su líder, Santiago Abascal, sostiene que el caso Ábalos es solo “la punta del iceberg” y acusa directamente al gobierno de operar como una “organización criminal”. Desde ese sector exigen bloquear toda iniciativa del Ejecutivo y presionan al Partido Popular para avanzar hacia una confrontación directa.
Pero quizás lo más complejo para Sánchez no viene desde la derecha, sino desde sus antiguos aliados. Figuras de la izquierda como Ione Belarra, de Podemos, han calificado la situación como “inasumible” y han cuestionado abiertamente la continuidad del gobierno. “Una sentencia de este tipo es absolutamente definitiva. No puede ser que el ex número dos del presidente sea condenado a 24 años de cárcel por corrupción y no pase nada. Es inaceptable”, señaló Belarra.
La derecha española busca arrinconar al gobierno, mientras los socios del oficialismo comienzan a marcar distancia, conscientes de su rol clave en la supervivencia del Ejecutivo. Porque, en términos numéricos, la derecha no tiene los votos suficientes para derribar por sí sola al gobierno mediante una moción de censura. Pero tampoco Sánchez puede gobernar con holgura sin el respaldo de sus aliados.
Así, la estabilidad del gobierno depende hoy de un delicado equilibrio parlamentario, donde partidos nacionalistas e independentistas —como Junts o el PNV— son hoy árbitros del escenario político.
En paralelo, las encuestas muestran un escenario abierto. El Partido Popular lidera la intención de voto, seguido de cerca por el PSOE, mientras Vox capitaliza el descontento en la derecha. En la izquierda, en tanto, las fuerzas aparecen más fragmentadas.
Todo esto ocurre en un contexto de desgaste del histórico bipartidismo español, marcado por décadas de alternancia entre el PSOE y el PP, ambos también golpeados por distintos casos de corrupción a lo largo del tiempo.
Sin embargo, queda más de un año todavía para las elecciones generales y cuesta prever un escenario donde Sánchez termine su mandato antes de tiempo.
